En 2016, un grupo de pequeños empresarios y profesionales de las actividades náuticas y subacuáticas de la Costa Blanca decidió poner coto a los privilegios de un clan familiar que dominaba los negocios turísticos de Benidorm e impedía así a terceros ajenos a su entorno poder optar en igualdad de oportunidades a concursos y ofertas públicas.

Por esta razón crearon la asociación llamada Costa Blanca Marine: la intención era batallar legalmente para revertir esta anomalía impropia de un Estado de derecho y democrático. Durante 50 años la gestión de los negocios turísticos en espacios públicos como las casetas vinculadas a actividades náuticas de ocio en el Puerto de Benidorm habían permanecido siempre en manos de las mismas familias.

Entre estas destaca una en particular, la familia del patriarca José Cervera, que además convirtió en 1968 la Isla de Benidorm –propiedad del Estado– en su cortijo. Allí esta familia montó un embarcadero privado, un restaurante ilegal, destruyó la flora y fauna autóctona y vertieron aguas fecales y basura al mar durante décadas, como denunciaron organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Por esta razón, tanto la organización Costa Blanca Marine como la empresa de actividades subacuáticas Benidorm Marine llevaron a la jurisdicción contencioso-administrativa tanto a las concesiones –a su juicio ilegítimas– y las empresas del clan Cervera –Cerbuques SL y Excursiones Marítimas Benidorm SL– como a la propia Generalitat Valenciana, liderada entonces por el Partido Popular, al que consideraban en última instancia colaborador necesario de la familia.

Ambas sentencias, dictadas entre el 12 y el 19 de mayo de 2020 por la sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dan la razón a los recurrentes, aunque les han hecho esperar, ya que han transcurrido casi cuatro años desde que empezó todo el proceso judicial.

Hay que tener muy presente que las concesiones administrativas son muy precisas. Y los concesionarios están obligados a cumplir con el servicio específico para el que le fue cedido ese espacio público. De no hacerlo por un periodo prolongado pueden perder el derecho de uso y la Administración autonómica cederlo a otra empresa interesada. Siempre y cuando el funcionario responsable cumpla con sus obligaciones legales.

En la primera sentencia sobre la Caseta 1 del Puerto, que gestiona Excursiones Marítimas Benidorm, se pone de manifiesto que la empresa no cumple con lo estipulado. La caseta tiene como único destino la información y venta de billetes para las actividades náuticas de "golondrinas" que unen el Puerto de Benidorm con el islote.

Pero allí venden de todo, souvenirs, fotos del viaje, bebidas refrescantes, y bebidas alcohólicas, algo que está terminantemente prohibido. Se acredita que esa actividad ilegal se lleva desarrollando años y, por tanto, según la sentencia la concesión incumplía los pliegos del concurso público.

Por ello se dicta sentencia y se acuerda resolver la concesión, en otras palabras, expulsar a Excursiones Marítimas Benidorm de la caseta que venía ocupando en el Puerto –con distintas marcas– desde hace casi medio siglo y con ello cesando su actividad comercial.

Una caseta usada como oficina y almacén de bebidas

En la segunda sentencia, sobre la Caseta 2, la ocupada aparentemente por Cerbuques SL, que realiza rutas a otros puertos de la Costa Blanca, sucede lo mismo. Su destino exclusivo es también la información y venta de billetes para excursiones. El funcionario de puertos de la Generalitat asegura en varios escritos oficiales que "se está desarrollando la actividad para la que tiene autorización".

Esta Caseta 2 nunca ha salido a concurso público y se asegura que está operativa, pero realmente no es así, aunque el funcionario de puertos de la Generalitat insistió en sus escritos que funciona con normalidad para el uso para el que fue cedido. Pero no es verdad.

En uno de los diversos informes de investigación elaborados por la agencia de Detectives Distrito 46 de Valencia, se acredita que la Caseta 2 también incumple las condiciones establecidas para los fines del otorgamiento.

Para empezar, el usuario bloqueó la puerta exterior de la caseta y abrió por dentro una puerta para acceder a la Caseta 1 anexa, utilizando la Caseta 2 como habitación-despacho y almacén de bebidas que se venden precisamente en la Caseta 1. De hecho, los billetes de excursiones y la información acerca de las rutas de Cerbuques se dan en la Caseta 1. Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ CV expone que "decreta la caducidad de la autorización a Cerbuques de los derechos sobre la Caseta 2, de los que venía disfrutando sine die, con las consecuencias que ello acarrea para la actividad comercial que venía desarrollando".

No obstante, ninguna de las dos sentencias es firme y caben recursos de casación ante la sala 3 del Tribunal Supremo o en su caso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat de Valenciana.

"Estas adjudicaciones y concesiones personales –gestionadas inicialmente por el Estado y ya en democracia transmitidas a las comunidades autónomas– se han prolongado y reasignado a los mismos en la mayoría de casos, como en Benidorm, cumpliendo más de 50 años. Esto ha consolidado un estado de cosas que hace prácticamente imposible que otras iniciativas empresariales puedan optar a alternativas de negocio en igualdad de condiciones", explica Jorge Palacios, empresario de actividades subacuáticas y dirigente de la asociación empresarial Costa Blanca Marine.