@JoanCantarero

VALENCIA.- Carlos Serrano Baladrón, el propietario de una de las dos empresas radicadas digitalmente en el Puerto de Benidorm desde que Fraga era ministro de Información y Turismo, ha sido condenado por el delito de coacciones contra el empresario y presidente de la asociación Costa Blanca Marine, quien, junto a sus asociados, se había negado a someterse a las normas arbitrarias y contrarias a la ley impuestas por el condenado.

Según los hechos expuestos en la vista, desde que el empresario de actividades subacuáticas inició su actividad en 2014, ha estado presionado de modo constante por parte de Carlos Serrano, con la pretensión de que la actividad que desarrolla se sometiera a los caprichos y arbitrariedad del denunciado, es decir “a su manera”. Carlos Baladrón, según la denuncia, consideraba que los más de 40 años que lleva trabajando en el puerto le autorizaban para tener privilegios y cierto control sobre los nuevos empresarios que quisieran trabajar en este puerto administrado por la Generalitat valenciana.

La negativa del denunciante a aceptar las “normas” del adjudicatario franquista desembocaron, como cabía esperar, en actos de amenazas y coacciones cuyo fin, según señala el letrado de Costa Blanca Marine, Benito González -del bufete “Bru&Soler Abogados”-, no era otro que forzar el abandono de la actividad empresarial de las empresas asociadas, tal y como había advertido Serrano.

Amenaza con un fusil

Uno de los incidentes que más inquietaron al presidente de Costa Blanca, expresamente recogido en la denuncia ante la Policía, hace mención a la supuesta amenaza de Carlos Serrano de “hacer uso de su fusil con mira telescópica nocturna si persistía en no seguir sus instrucciones”.

"Tengo en mi casa más armas que la Guardia Civil"

En una entrevista realizada a Carlos Serrano por este periódico el pasado 10 de julio este negó la amenaza, si bien reconoció su afición a las armas. “Tengo más armas en mi casa, más que la Guardia Civil. Pero legales, todas legales, porque me gusta eso y yo nací en un coto de caza y me gusta eso. Yo por las noches de invierno, todas las noches, yo me voy a los jabalís. Yo mato 80 o 100 jabalíes todos los inviernos”.

Según ha podido saber Publico Carlos Serrano tiene a su nombre nada menos que once armas; dos carabinas del calibre 22, cinco escopetas y cuatro rifles.

En los relatos descritos, la práctica habitual del Serrano Baladrón consistía en boicotear la actividad comercial de aquellas empresas que no atendían sus caprichos. En este caso -según quedó acreditado en la vista- Carlos Serrano entraba a voz en grito en las oficinas de los denunciantes cuando se encontraban llenas de clientes aguardando para contratar sus servicios, diciendo cosas como que “la actividad que ofertaban no tenía permiso, que eran ilegales, que eran unos ladrones, que carecían de licencia para su buceo…”.

Incidentes grabados

Gran parte de estos incidentes protagonizados por Carlos Serrano y otros muchos posteriores ocurridos durante el verano fueron oportunamente grabados, fotografiados y documentados por detectives de la Agencia Distrito 46 de Valencia, que prestaron testimonio en la vista oral.

De hecho, de las testificales de los detectives se acreditó que tanto el propio Carlos Serrano, como los testigos que aportó al juicio -empleados suyos- habían mentido en su declaración, tal y como recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm.
Para el abogado Benito González “el hecho de que, por parte del condenado, se haya tenido que mentir en juicio, cómo queda claro en la sentencia, nos deja muy a las claras que es conocedor de la ilegalidad de sus conductas”.

Según señala el abogado de la asociación de todos estos hechos se dio cuenta por escrito y telefónicamente al Jefe de Servicio de Explotación de Puertos Julio Marín Sánchez; al funcionario Agustín Lloret y al celador del Puerto de Benidorm, Fernando Piris. A pesar de tener conocimiento de los incidentes optaron por no hacer nada. La información de esos hechos y otras posteriores fue entregada igualmente al Director General de Obras Púbicas y Puertos de la Generalitat Valenciana quien, hasta la fecha, no ha resuelto el expediente informativo reservado acerca de la actuación de los funcionarios.