Los elevados precios del alquiler, junto con la incertidumbre generada por el arrendamiento de habitaciones y los contratos de alquiler temporal, se han convertido en el eje del debate sobre la crisis de acceso a la vivienda. Este martes, el Congreso someterá a votación la admisión a trámite de la Proposición de Ley para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una iniciativa promovida por los Sindicatos de Inquilinas el pasado 27 de junio y presentada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG.

El Sindicato de Inquilinas asegura que esta iniciativa responde a la "necesidad urgente de limitar la especulación y el fraude que se lleva a cabo con los alquileres temporales y por habitación y que afecta gravemente sobre las condiciones de los inquilinos para acceder a una vivienda".

Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, explica a Público la razón de la votación de este martes. "El objetivo principal de la tramitación de la ley de vivienda, que se prolongó más de dos años, era la limitación de los precios de los alquileres, y esto debía estar incluido en la LAU, que se aplica a las viviendas habituales". Sin embargo, Palomo señala que los contratos de alquiler temporales y por habitaciones quedaron fuera de la LAU "porque estaban pensados para casos concretos en los que las personas se trasladaran temporalmente a otra vivienda". "Bajo esta premisa, el propietario puede alquilar una vivienda sin que se le apliquen todos los derechos y obligaciones de los arrendamientos de vivienda habitual", aclara.

El abogado del sindicato explica que la propuesta de ley surge porque consideran que, si no se incluyen los contratos de alquiler temporales o por habitaciones en la regulación de precios, "se vería afectada negativamente la vivienda habitual, como ya está ocurriendo en Catalunya". "Hay propietarios que están transformando sus viviendas para alquilarlas por habitaciones —las llamadas casas colmena— porque en esos casos no se aplica la LAU", señala.

Según informa el Sindicato de Inquilinas, en el primer año de aplicación de la ley de vivienda, los contratos de alquiler por temporada en Barcelona han aumentado un 56%. Palomo recuerda que el PSOE se comprometió a crear un grupo de trabajo seis meses, −después de la aprobación de la ley de vivienda−, con el objetivo de abordar la regulación de este tipo de contratos. "No se ha cumplido como esperábamos", admite.

"Isabel Rodríguez miente"

En la disposición adicional número tres de la ley de vivienda, el PSOE estableció que, a los seis meses de su aprobación, debía crearse un grupo de trabajo para regular los contratos de temporada. "El grupo tardó más de seis meses en formarse", informa el abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Además, critica la forma en que se constituyó: "Su composición fue irregular. Por un lado, había nueve entidades vinculadas a la patronal inmobiliaria y, por otro, UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas. Faltaba una representación adecuada de los inquilinos frente a la abrumadora defensa de los intereses de los propietarios".

Después de ese primer contacto, el grupo tuvo una reunión en abril en la que se debatieron diversas propuestas, "pero ninguna estaba por escrito por parte del Gobierno; ni siquiera sabíamos cuáles eran las intenciones del Ministerio de Vivienda. Además, recibimos la documentación la noche anterior a última hora", informa Palomo. Ante la inacción por parte del Gobierno, los sindicatos decidieron presentar la Proposición de Ley junto a Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. "Al día siguiente, el 28 de junio, nos convocaron para una reunión el 3 de julio, donde por primera vez apareció la ministra Isabel Rodríguez", señala.

Según el sindicalista, durante esa reunión, Rodríguez anunció un reglamento que entraría en vigor a finales de este año. "No se nos proporcionó ningún documento ni detalles sobre cómo se implementaría esa medida", denuncian. El sindicato se fue del encuentro, considerando que la ministra estaba llevando a cabo "un paripé para boicotear nuestra propuesta". Finalmente, el 5 de septiembre, Rodríguez informó que estaban elaborando un decreto para regular los contratos de temporada, que entrará en vigor a finales de 2025. "La ministra no solo nos mintió sobre los plazos, sino que además no tenía ninguna propuesta concreta. No muestra voluntad ni establece un plazo realista para abordar la gravedad del problema", critican.

El abogado del Sindicato de Inquilinas señala el vacío legal en la ley de vivienda y ofrece una comparación para clarificar la situación: "Es similar a lo que ocurría con los contratos laborales basura. Se usaban contratos de seis meses cuando deberían haber sido indefinidos". "Los contratos de alquiler temporales y por habitaciones también son contratos basura que eluden la LAU, de la misma manera que en su momento se vulneró el Estatuto de los Trabajadores con los contratos laborales", explica.

"Tanto las declaraciones de Pedro Sánchez como las de la ministra siempre están dirigidas hacia la construcción de vivienda y la colaboración público-privada, lo cual coincide con el discurso de la patronal inmobiliaria, que afirma que el problema de vivienda se resuelve construyendo más. El consejero de Vivienda de Madrid del PP también decía lo mismo", expone Palomo. Añade que "lo que se está haciendo es lo que pide la patronal: intentar aprobar una ley del suelo que permita pelotazos urbanísticos. Aplicar la lógica del ladrillazo está muy lejos de defender el derecho a la vivienda y de regular los alquileres".

Proteger los derechos de los inquilinos y evitar el fraude 

Actualmente, el alquiler de una habitación en España tiene un coste medio de 488 euros al mes, lo que supone un aumento del 57,3% en comparación con hace cinco años (desde 2019) y del 89,4% respecto a hace nueve años (2015). Estos datos proceden del estudio sobre viviendas compartidas en España en 2024, basado en los precios de alquiler del mes de agosto de los últimos nueve años, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Entre las principales modificaciones propuestas por los sindicatos se encuentra la equiparación de derechos, de modo que los inquilinos con contratos temporales disfruten de las mismas garantías que aquellos con contratos de vivienda habitual. "Esto abarca la prohibición de cobrar honorarios, la limitación del importe de la fianza y la aplicación de topes a los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado", explican.

La propuesta también contempla la presunción de habitualidad, lo que implica que, si el propietario no puede demostrar que el inquilino tiene otra vivienda principal, se considerará que el contrato es de vivienda habitual. Esto extendería la duración del contrato a cinco o siete años, según el caso. Los sindicatos afirman que "de esta manera se protege la estabilidad de los inquilinos y se evita su expulsión o el aumento del alquiler cada pocos meses".

Otra de las modificaciones propuestas es la conversión automática de los contratos. "Cuando el propietario renueve un contrato de alquiler temporal con el mismo inquilino, este se transformará automáticamente en un contrato de arrendamiento habitual, con una duración de cinco o siete años", explican. 

Belarra acusa a Rodríguez de beneficiar al rentismo

La semana pasada, Ione Belarra, líder de Podemos y exministra, acusó a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, de implementar medidas que solo "benefician a los fondos buitre, a las grandes familias rentistas y a la banca". Belarra también reprochó a la ministra que las comunidades donde gobierna el PSOE no estén regulando el alquiler adecuadamente.

Desde Sumar han señalado que las medidas propuestas por la ministra de Vivienda les parecen "insuficientes", ya que, a su juicio, "dejan la responsabilidad en manos de las comunidades de vecinos, cuando en muchas grandes ciudades ni siquiera existen estas comunidades, porque hay bloques enteros que son propiedad de fondos de inversión".

En mayo, PSC y Junts rechazaron el decreto del Govern catalán destinado a regular el alquiler temporal y por habitaciones. Ambos partidos justificaron su votación apuntando a que el Govern no había trabajado el decreto con los actores afectados.

Reino Unido elimina los alquileres de temporada

En el Reino Unido, el Partido Laborista ha presentado una propuesta de reforma en el sector del alquiler con la introducción del Renters Rights Bill. Esta iniciativa busca equilibrar el mercado de alquiler, protegiendo a los inquilinos frente a desalojos arbitrarios, discriminación y abusos por parte de los propietarios. 

Uno de los pilares de esta propuesta es la eliminación de los contratos de alquiler temporal. El Renters Rights Bill propone que todos los contratos de alquiler sean indefinidos. Esto permitiría a los inquilinos permanecer en la vivienda siempre que cumplan con sus obligaciones. El propietario solo podría solicitar el desalojo por razones justificadas, como el impago del alquiler o la necesidad de usar la vivienda para su propio uso. 

A diferencia de la nueva normativa británica, en España los alquileres temporales son legales en situaciones especiales, como los contratos de temporada. Finalmente, en relación con el resultado de la votación para tramitar la ley que regule este tipo de contratos, desde los Sindicatos de Inquilinas afirman que "no se entendería que el debate que vemos en la calle no se reflejara en el Congreso". "Sería una negación a la democracia. Esperamos que todos voten a favor", expresan.