El 28 de octubre, el ayuntamiento de Chantada (Lugo) anunció la privatización del Servicio de Axuda aos Fogares (SAF), hasta el momento público. La propuesta la llevó a cabo el Partido popular (PP) que cuenta con mayoría absoluta en el municipio. El personal, en su mayoría mujeres, se opuso y lleva manifestándose desde aquella, pero al ser tan pocas cuidadoras (entre 10 y 12), el gobierno local decreta unos servicios mínimos del 96%. “No hubo forma de luchar contra eso”, cuentan. La modificación afectará a partir 1 de julio. En otras zonas luguesas este sector también depende de manos privadas, como Monforte, Quiroga o Saviñao. En los últimos días el gobierno municipal de Sanxenxo (Pontevedra), donde gobierna el PP, propuso también la externalización del servicio.

El responsable de Monforte de la Conferencia Intersindical Galega (CIG), Xosé Manoel Silva, cuenta que la mayoría de los ayuntamientos en Galicia ya privatizaron este servicio, pero que en los más pequeños todavía se mantiene público porque no compensa al gobierno local. Las condiciones laborales pasan a regirse con el convenio de comunidad autónoma, explica, de esta manera“las cuidadoras perderán derechos laborales”, como días por asuntos propios o por bajas, “pasan a cobrar lo mínimo”.

Con el tiempo, “solo cobrarán las horas trabajadas. Pueden contratarlas por 6 meses y si muere un usuario, automáticamente pierden la jornada y recuperarlo es muy complicado”, agrega Silva, “aunque puedas cobrar más, a la larga cobras menos”. Por su parte, las trabajadoras de Chantada reconocen que “es una decisión política” pero consideran que “por lo menos, respeten las condiciones laborales de cada trabajadora.

Por el momento, al mantenerse como un servicio público, las cuidadoras tienen un contrato indefinido de lunes a viernes. Temen, que cuando ya estén en manos privadas, trabajen de 8 a 10 horas diarias de lunes a domingo. Además, si a la empresa no le interesa la oferta del ayuntamiento, bajará la oferta laboral, “ellos no están dispuestos a perder dinero”, añade la CIGA. Estas mujeres de desplazan entre 500 y 1000 kilómetros al mes, “puede que la empresa privada no te pague el desplazamiento”, sigue Silva.

En Galicia, los turnos comienzan a las 7 de la mañana y finalizan a las 10 de la noche. Cualquier usuario puede pedir el tiempo más adecuado para su familia o para él, y mayoritariamente, los turnos abarcan horas que provocan una “conciliación muy complicada”, cuentan. Además, las trabajadoras no solo atienden a personas mayores, sino también a personas con enfermedades mentales o con diversidad funcional. Agregan que las condiciones laborales son “muy duras” ya que exponen su cuerpo a “problemas muscoesqueléticos, psicosociales y biológicos.

Las consecuencias de la privatización

Las trabajadoras gallegas ven el ejemplo de las peores consecuencias de la privatización muy de cerca, concretamente en Gijón (Asturias). De hecho, sus cuidadoras fueron las pioneras en crear una plataforma unitaria a nivel estatal para luchar en contra de la privatización. En la ciudad asturiana, esta asistencia en los hogares nació en 1984, pero en 1989 el ayuntamiento ya decidió privatizar el servicio. En la última década, con la crisis de la empresa de construcción, todo empeoró para las cuidadoras del hogar. Una de ellas, Carmen Diego, explica que, en ese momento, “las empresas buitre pusieron los ojos en el trabajo a domicilio”.

Desde 2018, las trabajadoras de Gijón, cerca de 300 mujeres, están contratadas por la empresa Aralia. Su dueño, el empresario José Luis Uribarri, está imputado en la trama Gürtel, en la trama Enredadera y trama la Púnica. Cuando se estaba tramitando la subrogación y el servicio cayó en manos de Aralia, Uribarri estaba ingresando en la Cárcel Modelo de Barcelona. Carmen Diego explica que, desde entonces, no tienen “más que problemas”.

“No se cumplen ni los pliegos de condiciones ni el convenio”, cuenta a Público. En el 2016, el ayuntamiento aprobó la remunicipalización del servicio. Un año más tarde, unos “informes económicos abultados” retrataron que saldría más caro al ayuntamiento crear un servicio de ayudas al hogar en vez que la externalización. “Llevamos años de conflictos colectivos y demandas individuales. Al final lo barato sale caro”, dice Diego.

Continúa explicando que cuentan con dos anteproyectos para crear un decreto ley sobre la remunicipalización de la ayuda a domicilio y otro sobre la reducción de la edad de jubilación. “No puedo imaginarme tener 77 años y atender a una persona de 75” postula. También insta desde la Plataforma Unitaria de Servicios de Ayuda a Domicilio a realizar un estudio sobre las enfermedades profesionales específicas del sector.

No existe ninguna publicación que refleje la prevalencia de las enfermedades en este servicio, sí consta en otros ámbitos como el de limpieza o sanidad. Sin embargo, insisten en que su profesión es “sociosanitaria”, ya que también deben evaluar los problemas en los hogares y lidiar en ocasiones con los familiares de los usuarios que atienden. “Todo se queda entre cuatro paredes”, al ser un lugar privado, “no entra nunca un inspector de trabajo”.

El “99 % somos mujeres”, prosigue Diego. Es un sector que está atendiendo a más de 500.000 personas, donde las cuidadoras de fin de semana “no cobran los pluses adicionales” que se recogen en el pliego de condiciones, al igual que los festivos. “No nos pagaron diciembre ni la paga de navidad”, cuenta. Más tarde, el ayuntamiento reculó “gracias a la presencia en los medios” y al movimiento social. Deben unos “1800 euros” retrasados desde 2018, declara la cuidadora.

“Los medios técnicos son nuestro cuerpo”, señala, “no se evalúa con la ley de prevención”, ya que al ser una casa particular no puede entrar un delegado para valorar el puesto de trabajo. Todas estas quejas las han trasladado al Gobierno local de Gijón, donde gobierna el PSOE, tanto a alcaldía como a concejalía, pero “todo sigue igual”. “Se declaran feministas, pero no les importa que estemos en situación de precariedad absoluta”, apostilla Diego.

“Las rotaciones son contraproducentes en este trabajo”

En Lovios, un municipio de Ourense, el ayuntamiento intentó también privatizar el servicio de ayuda a los hogares, pero la empresa cobraba más y no les compensaba contratar un servicio externo, ya que son menos de 20 trabajadoras. El gobierno local del PP tomó la decisión de que cada 6 meses, las trabajadoras rotasen de horario y de usuarios a los que atienden. “Es totalmente contraproducente en este trabajo”, cuenta una cuidadora.

Ellas, que trabajan cerca de 40 horas de lunes a viernes, explicaron al ayuntamiento las consecuencias de este cambio, ya que hay determinados usuarios que salen perjudicados por las enfermedades que padecen. Por ejemplo, una trabajadora cuenta que trata a un usuario con alzhéimer agresivo, y que llegaron a cambiar su cuidadora hasta tres veces en el último año y medio. Para ella, la rotación no es necesaria.

La corporación municipal justificó esta medida con la “confianza” que pueden tomar tanto las cuidadoras como sus usuarios, ya que consideran que ellas no rinden tanto en estas circunstancias y los beneficiarios, al crear vínculos, se verían “limitados” a poner quejas sobre ellas. Ante esto, las trabajadoras preguntaron qué tipo de quejas había registrado el ayuntamiento por parte de los clientes, pero no había ni una. “La alcaldesa estaba contenta, se contradicen”, añade una cuidadora ourensana.

Un 8M reivindicador del trabajo de cuidados

El trabajo de cuidados es un trabajo estigmatizado y oculto, y por eso este año es el eje central de reivindicación del Día de la Mujer. La manifestación unitaria de Galicia tendrá lugar en Verín (Ourense), elegida tras el desmantelamiento del hospital comarcal y la violencia institucional ejercida contra las mujeres . “Sin cuidados no hay vida. Cambiando el sistema, derrumbando el patriarcado”, es el lema de la asamblea Galegas8M.

Retratan que “es imprescindible que los hombres entren en la esfera de los cuidados, que la reproducción de la vida deje de asociarse únicamente a las mujeres y que se abra un debate profundo sobre cómo asumirlos colectivamente. Exigimos el derecho a cuidar y a no hacerlo, y a que la sociedad construya la base sobre la que se pueda tomar libremente cualquiera de estas decisiones”.