El Parlamento de Galicia acaba de aprobar la puesta en marcha de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), viculada a la entidad financiera Abanca y que será la primera universidad privada de la comunidad. La decisión, adoptada el pasado martes únicamente con los votos del Partido Popular y con el rechazo de la oposición y de las tres universidades públicas gallegas, se produce cuando no han pasado ni dos meses desde que el Consejo de Ministros iniciara el procedimiento para endurecer la normativa que regula la creación de nuevos centros universitarios en España.

La UIE, dependiente al 100% de Afundación, la obra social de Abanca, tendrá dos campus en A Coruña y Vigo y empezará su andadura el curso 2022-2023 bajo el lema en latín Cognitio, Innovatio, Ductus -Conocimiento, Innovación, Liderazgo- . Tendrá tres facultades -Administración de Enpresas y Derecho, Ingeniería e Investigación- que impartirán cuatro titulaciones de grado y cuatro másters que, según la oposición, ya se ofertan en el sistema público universitario de Galicia. Según el rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, será "una universidad para la innovación que permitirá una vigorosa capacidad de creación, investigación y cambio; y una universidad para el ser humano, orientada al progreso científico-tecnológico, cultural y socioeconómico y encauzada al servicio de la persona y su hábitat".

Miguel Ángel Escotet es un reputado experto en universidades, doctor en Psicología y Educación por la Universidad de Nebraska en Lincoln, y emérito y ex rector de la Universidad de Texas. Pero al margen de su reconocida trayectoria profesional, también es primo de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano con orígenes gallegos que hace diez años se hizo con las cajas gallegas, fallidamente fusionadas a iniciativa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Aquella fue una controvertida operación, ya que las cajas tuvieron que ser rescatadas con dinero público -9.000 millones de euros entre avales e inyecciones de capital- antes de que Escotet las comprara por 1.003 millones. No tuvo que poner ni un euro, ya que desde el primer ejercicio obtuvo beneficios con los que pudo sufragar la adquisición. Desde entonces, Escotet se ha convertido en el principal apoyo financiero de la Xunta y de Feijóo.

"Esta universidad no se crea por el interés general, se crea para favorecer los intereses privados de Abanca y del señor Escotet", aseguró ayer en la Cámara gallega Manuel Lourenzo, portavoz de Educación del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la primera fuerza de la oposición en Galicia. A su juicio, el PP ha puesto "una alfombra roja para una universidad privada que no precisa este país, mientras se siguen poniendo palos en las ruedas a la universidad pública". En el debate de ayer, el PP rechazó una enmienda del BNG que pretendía obligar a Abanca a destinar el 25% de los ingresos de la UIE a investigación, y el 35% a becas. Abanca asegura que uno de cada cuatro alumnos estudiarán con bolsas de ayuda.

Las tres universidades públicas de Galicia

En Galicia hay tres universidades con presencia en las siete grandes urbes de la comunidad: la de Santiago, con campus en la capital gallega y en Lugo; la de A Coruña, con campus en esa ciudad y en Ferrol, y la de Vigo, con campus también en Pontevedra. Entre las tres suman alrededor de noventa facultades, escuelas e institutos universitarios, que cubren la práctica totalidad de estudios y titulaciones de todas las ramas, incluidas las que ofrecerá la UIE.

Entre las universidades gallegas apenas superan los 61.000 alumnos, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). Es decir menos estudiantes de los que tiene, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid. Ese número, además, lleva cayendo sostenidamente desde hace lustros: a finales de los noventa del siglo pasado había alrededor de 100.000 universitarios en Galicia, lo que supone una caída de casi el 40% en apenas dos decenios, que se dispara además en las titulaciones que pretende cubrir Abanca: en Ciencias Sociales y Jurídicas, de 46.194 a 26.304 alumnos entre el 2001 y el 2019 (un 43% menos), según el IGE; y en Ingeniería y Arquitectura, de 24.045 a 12.560 (un 48% )

Hace dos años, los rectores y los gerentes de las tres universidades votaron en contra del dictamen positivo sobre el poyecto de la UIE que salió adelante en el Consello Galego de Universidades sólo con los síes de los altos cargos vinculados al PP presentes en él. Desde entonces, los tres rectores -Julio Abalde, de A Coruña; Antonio López, de Santiago, y Manuel Reigosa, de Vigo-, hicieron frente común contra su nueva competidora, alegando que ofrece titulaciones duplicadas -algo prohibido por la ley gallega de universidades- y que les birlará alumnado y capacidad de financiación, en un contexto de grave crisis económica y demográfica. Aunque lo cierto es que la campaña no ha sido muy contundente: los rectores tienen las manos atadas para criticar a la Xunta, de donde provienen la mayoría de sus recursos financieros, y a Abanca, con la que mantienen numerosos convenios de colaboración.

La oposición del PSOE: Una universidad clasista

La diputada Noa Díaz, portavoz de Educación del PSOE en el Parlamento de Galicia, recordó ayer las irregularidades del proceso de creación de la UIE en el debate sobre la ley que dio luz verde a la nueva universidad: "Hasta la propia Axencia para a Calidade do Sistema Universiario de Galicia [el consorcio que agrupa a la Xunta y a las tres universidades públicas] advierte de que no se cumple con lo dispuesto en la ley del sistema universitario, que dice textualmente que ‘el catálogo de titulaciones ofertadas deberá ser complementario y no reiterativo respeto de las titulaciones preexistentes y consolidadas’".

"Hacemos nuestros los los argumentos de las universidades públicas gallegas, que aseguran que con su oferta se cubre perfectamente la demanda de estudios de educación superior de nuestro país. No hay necesidad de más", sostuvo Díaz, quien denunció que la Xunta está alimentando una "búsqueda voraz de la competitividad desde una óptica mercantilista" en algo que afecta "a un derecho fundamental como la educación".

Lo cierto es que la oposición cree que lo que pretende en realidad Abanca es crear una universidad "clasista", que le permitirá formar mano de obra especializada en su rama de actividad atrayendo a jóvenes seducidos por la posibilidad de asegurarse un empleo en el banco o en sus empresas satélites y colaboradoras. Esos estudiantes estarían dispuestos a pagarse una costosa formación ad hoc -unos 50.000 euros el grado, según algunas fuentes- acudiendo si es preciso a los productos crediticios que oferta la propia entidad financiera, que haría así un negocio más que redondo. Siguiendo esa versión, la Xunta de Feijóo habría dado luz verde a la UIE sin pestañear y apurando los tiempos, para eludir la entrada en vigor de la nueva normativa estatal que endurecerá los reqiusitos para la creación de nuevas universidades.

La defensa del PP: "Una oportunidad"

Frente a esas críticas, el PP sostiene que la UIE supone una "oportunidad" para Galicia que "no le va a costar un sólo euro a la universidad pública", y que además permitirá "atraer talento del exterior, crear empleo de calidad en Galicia y evitar que el talento gallego busque otras comunidades", en palabras de Ovidio Rodeiro, portavoz de Educación del PP en la Cámara gallega. Rodeiro recordó que la UIE es un proyecto "tan solvente que ni siquiera el Estado pudo rechazarlo", pues se aprobó sin votos en contra en la Conferencia General de Política Universitaria, cuyo dictamen, pese a todo, no era vinculante. "Los prejuicios ideológicos de la oposición no les dejan ver la realidad, ya que formulan enmiendas que perjudican a la iniciativa gallega en favor de la universidad privada de Cataluña, del País Vasco y de otras comunidades", advirtió.

Es cierto que hay decenas de universidades privadas en España, especialmente en Cataluña y Euskadi -donde no gobierna el PP-, pero también en Madrid, donde sí gobierna y donde más centros uiversitarios privados hay de toda España. Pero también es verdad que esas comunidades disponen de un vigor demográfico del que carece Galicia, una de las más envejecidas del Estado, con más del doble de mayores de 64 años que de menores de dieciséis, y donde se pierden alrededor de 10.000 habitantes cada año. El equivalente, más o menos, a toda la población del municipio madrileño de Soto del Real.

En Galicia nacieron el año pasado 15.718 niños y niñas, mil menos que en el 2018. Si todas las proyecciones demográficas estuvieran erradas; si la tendencia a la baja de la natalidad se estancara y si en los próximos cuatro años -lo que dura un grado universitario- se repitiera esa cifra; y sumando a todo ello el improbable caso de que todos esos niños y niñas que hoy no superan los cuatro años llegaran a la edad universitaria, se matricularan en la Universidad y no abandonaran sus estudios, en el año 2039 habría en Galicia los mismos alumnos que ahora, y que ya tienen acceso a las titulaciones que ofertan las universidades públicas sin necesidad de la de Abanca.

Según fuentes del Ministerio de Universidades, que dirige Manuel Castells, el trámite parlamentario del Real Decreto con la que el Gobierno pretende endurecer los requisitos para crear nuevas universidades se iniciará este mismo otoño, y tendrá efectos retroactivos para exigir que las nuevas cumplan especialmente con criterios más rígidos especialmente en materia de investigación, calidad y formación de los docentes y transferencia de conocimiento. "Cuando el Real Decreto se apruebe por supuesto que lo cumpliremos, afianzándonos precisamente en primar la calidad frente a la cantidad", indicaron ayer fuentes de Abanca.