La gestión de las fronteras en Europa tiene un grave impacto sobre las personas migrantes y ha provocado una "crisis de salud pública", según denuncia la Fundación Salud por Derecho en su informe La política migratoria en la UE como crisis de salud global. El principio de puertas cerradas que marca Bruselas afecta a millones de personas desplazadas.

Según el informe, en los primeros seis meses de 2024, más de 120 millones de personas en todo el mundo se vieron forzadas a abandonar sus hogares. Estas migraciones son consecuencia de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y los efectos de la emergencia climática. Sin embargo, a pesar de estas cifras alarmantes, la organización señala que la Unión Europea sigue endureciendo sus políticas migratorias y reforzando el control de fronteras.

Un dato preocupante es que desde 2014, más de la mitad de las muertes registradas en migraciones ocurrieron en Europa o en las rutas hacia el continente. En particular, el Mediterráneo ha sido escenario de tragedias, con más de 30.000 migrantes muertos o desaparecidos en la última década. En otras zonas, como el desierto del Sáhara, se estima que el número de víctimas podría ser incluso mayor.

El informe advierte que las políticas europeas de disuasión, detención y fortificación de fronteras están forzando a las personas migrantes a tomar rutas más peligrosas, lo que aumenta significativamente los riesgos para su salud. La fundación subraya que esta crisis no es una consecuencia inevitable del proceso migratorio, sino el resultado de decisiones políticas que ponen el control de fronteras por encima de la protección de las personas.

Una de las estrategias criticadas en el informe es el aumento del uso de muros fronterizos. La UE ya ha construido barreras en el 15% de sus fronteras y ha incrementado en un 94% la financiación destinada al control migratorio para el período 2021-2027. Este blindaje fronterizo, según el documento, está contribuyendo a los riesgos y las dificultades que enfrentan las personas desplazadas.

Los riesgos para la salud de los migrantes no se limitan a las rutas peligrosas. El informe también destaca las condiciones extremas a las que se enfrentan durante sus viajes, como el calor sofocante, frío intenso y deshidratación, así como la violencia física que padecen en las fronteras y durante las detenciones. Además, la falta de acceso a atención médica y la interrupción de tratamientos agravan su estado de salud.

Las consecuencias para la salud mental también son alarmantes. Según el informe, muchas personas migrantes sufren ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. En Europa, más de 100.000 desplazados son detenidos al año por cuestiones administrativas, y en España, el 70% de los migrantes en centros de internamiento desarrollan serios problemas de salud mental, con dos de cada diez intentando autolesionarse.

El impacto de las detenciones también es devastador para los niños y las niñas migrantes. El informe señala que un menor expuesto a niveles extremos de estrés, como los que viven en detención, tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y una reducción en la esperanza de vida de hasta 20 años.

El documento también denuncia las prácticas de devoluciones en caliente en las fronteras europeas. Estas devoluciones, realizadas sin un proceso legal adecuado, no solo violan los derechos humanos de los migrantes, sino que también causan heridas físicas y traumas psicológicos severos. Desde 2017, se han registrado más de 25.000 incidentes de violencia en las fronteras europeas durante estas devoluciones.

Otra crítica fuerte se dirige hacia la externalización del control migratorio, mediante la cual la UE ha financiado a países como Libia, Marruecos y Túnez para detener a migrantes antes de que lleguen a Europa. El caso de Libia es especialmente preocupante, ya que desde 2017, su guardia costera ha interceptado y devuelto a más de 120.000 personas, muchas de las cuales no reciben ninguna asistencia médica.

En respuesta a esta crisis, Salud por Derecho hace un llamamiento urgente a la Unión Europea para que reformule su política migratoria. Entre sus recomendaciones, destaca la necesidad de integrar los derechos humanos y la salud global en las políticas migratorias y poner fin a la detención de migrantes, una práctica que consideran incompatible con el derecho a la salud.

Asimismo, el informe insta a la UE a cesar los acuerdos con terceros países que fomentan la violencia estructural y propone la creación de un mecanismo europeo exclusivo para rescates marítimos, que garantice puertos seguros para las personas desplazadas. El documento también subraya la importancia de asegurar que cualquier política migratoria tenga como prioridad el bienestar y la protección de los derechos humanos.

A nivel estatal, el informe reclama que España aplique las leyes europeas con plenas garantías. Entre las propuestas, se incluye la eliminación de las detenciones de migrantes, el establecimiento de un sistema de monitoreo de salud en las fronteras y la priorización de la atención sanitaria en todas las políticas migratorias.