El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a situar a la inmigración como el principal problema que sufre España. No es ni de lejos, según el mismo estudio, el problema que más afecta personalmente a los encuestados. Pero el caldo de cultivo político que ha azuzado la ultraderecha ha hecho que exista esa percepción de considerar la migración como un problema. 

En este contexto, durante los últimos meses el Gobierno de Pedro Sánchez se ha enfrentado a la derecha por no querer reformar la ley de extranjería para cambiar el sistema de acogida de menores migrantes. La tímida apertura del PP para favorecer la acogida de un pequeño grupo había provocado la ruptura de Vox de sus gobiernos autonómicos.

Y para completar el cóctel, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presiona en la UE para endurecer las deportaciones y crear centros para ello fuera del territorio comunitario. La dirigente italiana ha desafiado incluso a la propia justicia de su país. 

En realidad, Meloni no está sola. A ella se le unieron diez países más y cierto aval de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. España se ha mostrado tajante al respecto desde el primero momento en que el trascendieron las iniciativas de Italia. "Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos", explicó Sánchez el pasado jueves desde Bruselas. 

"Optamos por una visión mucho más volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio. Es decir, cómo podemos anticipar la llegada de inmigrantes irregulares de las costas, en este caso de África, reforzando la colaboración y la cooperación también en todo lo que tiene que ver con la seguridad de las fronteras de estos terceros países", añadió el líder del Ejecutivo. 

Este lunes se conoció, a través de El País, el borrador que maneja el Gobierno con nuevo reglamento de extranjería. El objetivo principal es reducir plazos para facilitar la regularización de decenas de miles de migrantes. La intención es que llegue al Consejo de Ministros a mediados de noviembre.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz destacó ante los medios que  la iniciativa pretende "acabar con los cuellos de botella y aligerar los trámites" para regularizar. "Familia, formación y empleo" son las "palabras fundamentales" que definen la norma, según la ministra. Saiz añadió que la política migratoria del Gobierno "pone en el centro los Derechos Humanos" y se basa "en una migración ordenada y sobre todo segura". 

Sumar avisa

Los socios de Gobierno del PSOE han sido críticos con la política migratoria llevada a cabo por Sánchez. Sumar ha rechazado el Pacto de Migración y Asilo pactado en la UE entre las grandes familias políticas de socialdemócratas y liberales. El espacio de Yolanda Díaz ha presionado a los socialistas para desatascar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permite la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que ya se encuentran en nuestro país. 

La ILP se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Lo recordó este lunes Sumar a través de su secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval. "El borrador tenemos que examinarlo", señaló en referencia al texto que pretende llevar Saiz al Consejo de Ministros el próximo mes. Acto seguido advirtió al PSOE de la urgencia de sacar adelante la mencionada ILP.

La plataforma de colectivos sociales que presentó la reforma también ha avisado al Gobierno. "No refleja el trabajo del proceso participativo de nuestra organización. El Gobierno propone una reforma más por la vía ordinaria de la Ley de Extranjería en un acuerdo de Ministros", destacaron los colectivos agrupados bajo el lema "Regularización Ya". 

"El PSOE ha estado oscilante en materia migratoria. Recordamos las discusiones que tuvimos por migración circular. Nos parece importante que (el nuevo reglamento) se inspire en la ILP. Si va por ese camino adelante con ello. Presionaremos para que sea lo más inclusivo posible", añadió Duval, dejando clara la prioridad de Sumar en estos momentos. 

Feijóo y Meloni

Los socialistas también han aprovechado la situación y el debate europeo para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP se reunió con Meloni el pasado mes de septiembre en Roma y alabó su política migratoria "porque funciona". No obstante, la pasada semana evitó de forma consciente pronunciarse en público por su polémica propuesta concreta de los centros de deportación. El PP sí firmó un texto que apunta a "extraer lecciones" del acuerdo de Italia con Albania. 

El rechazo de la justicia italiana a los planes de Meloni provocó un nuevo mensaje del PSOE para desgastar a Feijóo. "En una elección que muestra su verdadero talante, se fue a visitar a Italia a la ultra Meloni. Allí, en Roma, se hizo la foto y elogió la política de inmigración italiana, a pesar de que en lo que va de año han recibido más migrantes en sus fronteras que los que ha llegado a España", señalan en el PSOE.

"Feijóo movía ficha. Venía de decir que el camino a seguir era el de Meloni", añaden en la dirección del PSOE. Los socialistas destacan que "el varapalo" judicial para Meloni ha sido importante pero que "el ridículo internacional de Feijóo adquirió dimensiones épicas".

Desde el Gobierno destacan que sus políticas migratorias son "antagonistas" a Meloni y destacan el "liderazgo" de Sánchez en la UE para ir en la "línea correcta", según afirmó la ministra Elma Saiz este lunes. Sánchez se ha separado de Meloni conforme ha pasado el tiempo. En abril de 2023 se reunió con ella y evitó confrontar, además de considerar también coincidencias en política migratoria. 

En Sumar tampoco han titubeado para denunciar los planes de Meloni. "Nos oponemos frontalmente a que la UE cree campos de concentración y expulsión de personas migrantes en terceros países. Es cruel, injusta y contraria a los derechos humanos. No podemos normalizar que una buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea asuman el marco racista e inhumano de la extrema derecha", alertan fuentes del espacio.