La Policía Municipal de Madrid, cuerpo bajo el mando del Gobierno de José Luis Martínez Almeida, irrumpió la tarde del pasado 8 de julio en una charla que la Asamblea Popular de Carabanchel organizó acerca de la crisis climática. Según los organizadores, los agentes amenazaron con sancionar y detener a los asistentes a la reunión si esta no se disolvía inmediatamente. 

Jorge Aranda, participante que intentó mediar con los agentes el pasado sábado, ha asegurado a Público que la Policía Nacional pasó varias veces por la plaza y que no hubo ningún problema. En cambio, ha afirmado que la Municipal paró el coche y se bajó. "Dijeron que la charla se tenía que acabar porque no habíamos pedido permiso para reunirnos", ha recordado.

Un derecho recogido en la Constitución

El artículo 21.1 de la Constitución Española reconoce la libertad de reunión y especifica que "el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa". La carta magna recoge además que solo se requerirá un aviso previo a las autoridades en caso de que la reunión se realice en lugares de tránsito público y manifestaciones, un permiso que no solicitaron.

A su vez, la ley también detalla que la autoridad solo podrá prohibirlas "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". En esa línea, Aranda afirma que la convocatoria del sábado solo se trataba de "una reunión pacífica de 30 vecinos en un parque hablando sobre la crisis climática".

Por estas razones, la asociación vecinal ha criticado la idea de libertad del Ayuntamiento de Madrid: "Esta es la democracia que tenemos. Solo saben reprimirnos". 

Público se ha puesto en contacto con la Policía Municipal de Madrid para conocer su versión de lo sucedido, pero no ha podido obtener información sobre su intervención.

Por su parte, los afectados han asegurado que el desalojo lo iniciaron dos policías que llevaban un parche en el hombro con la inscripción "Mateo 7;7: Pedid, y se os dará". Antes de llamar a otros agentes como refuerzo, la organización recordó su derecho a reunirse libremente, a lo que ambos respondieron que "la ley eran ellos".

Según la Asamblea, en el centro del trozo de tela que portaban cosido al uniforme, aparecía un antidisturbios pegando con una porra a alguien que no entraba dentro del encuadre. "Les preguntamos cómo podrían llevar en la ropa un símbolo que incitaba a la violencia. Respondieron metiéndose con nuestras camisetas", ha afirmado Aranda. La asociación se hizo así una idea de la preocupación de los agentes por "servir a las personas" y de su relación "con el uso de la violencia y el respeto a la sociedad".

Conflictos continuos

La convocatoria, celebrada en la plaza de Oporto del distrito de Carabanchel, se decidió a raíz de la evidente expansión de la crisis climática. En un contexto de avance de la ultraderecha y de un Partido Popular que compra las proclamas negacionistas de Vox a las puertas del 23J, la Asamblea se planteó dar una charla acerca de las posibles soluciones que podían desacelerar el problema.

"El cambio climático es más evidente que nunca, estamos lejos de revertirlo y aún hay negacionistas que lo niegan y quieren que nada cambie. Hay que modificar nuestra forma de vivir, consumir y producir para tratar de revertirlo", anunció la asociación en su llamada por redes sociales, un día antes de que tuviera lugar el encuentro.

No es el primer altercado que la Asamblea del 15M mantiene con los municipales. "En general, en los 12 años que llevamos reuniéndonos, no ha pasado prácticamente nada. Los problemas han llegado esta primavera", ha señalado Aranda. 

La Policía madrileña multó a dos personas por repartir hojas que llamaban a una manifestación en la calle. Después de que la noticia fuera publicada por distintos medios y de que la asociación lo denunciase, el cuerpo municipal tuvo que retractarse y afirmar que había sido "un error".

En mayo, la Policía volvió a multar a varios vecinos por desobediencia al agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. "Fue durante la consulta ciudadana por la sanidad pública. La Municipal nos amenazó con sancionarnos si no las retirábamos. Nos aplicaron la ley mordaza", denuncia Aranda. Según afirma la asociación, tenían el permiso de la junta municipal del distrito, por lo que se negaron a retirarse. 

"Tenemos tres multas pendientes desde hace dos meses. Hubo vecinas, señoras mayores, a las que asustaron mucho", ha insistido Jorge Aranda. La Asamblea Popular de Carabanchel siguió atendiendo sus mesas durante toda la semana. No hubo más problemas porque se "plantaron" ante las autoridades, con el permiso en la mano.