El 1 de octubre de 2017 se celebró en la Puerta del Sol de Madrid una concentración de apoyo al referéndum de Catalunya. Acudieron varios miles de personas con consignas como 'Votarem' o 'Catalunya no estás sola'. Eran las 19.00 horas. Durante los primeros minutos de la convocatoria, un grupo de ultras que portaban la bandera de España irrumpió en la plaza al grito de 'Catalunya es España'. Hubo momentos de tensión, cargas policiales y enfrentamientos verbales. También saludos fascistas. Pero no fue a mayores. La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó de que, finalmente, había sido detenido un hombre de 58 años por un "delito de resistencia y desobediencia a la autoridad", mientras que Emergencias Madrid trasladó que Samur Protección Civil tuvo que atender a tres personas sobre las 21.20 horas con contusiones leves. Las tres recibieron el alta en el lugar. 

Hasta ahí la información que la práctica totalidad de los medios de comunicación ofreció aquel 1 de octubre. Un mes y un día después, el 2 de noviembre de 2017, el diario La Razón adelantaba que "ocho red skins" habían sido detenidos durante la madrugada anterior en sus respectivos domicilios por dos delitos de lesiones con agravante de odio y otro más de desórdenes públicos. Los hechos que le imputan se habrían producido durante la concentración del 1-O en Madrid. El diario dirigido por Francisco Marhuenda señalaba que los detenidos se habían organizado en la confluencia de la Puerta del Sol con la calle Preciados y, tras permanecer en el lugar varios minutos, se taparon el rostro y provocaron una estampida que provocó dos heridos. Uno de ellos "tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido la fractura de una falange del dedo corazón".

Los jóvenes detenidos, sin embargo, rechazan ser autores de ninguna agresión. Uno de los acusados, que prefiere no ser identificado, señala a Público que tanto él como otros acusados se encontraban en los aledaños de la Puerta del Sol en el interior de un bar cuando llegó la Policía y les identificó. No supieron nada más hasta el 2 de noviembre, cuando fueron detenidos en sus domicilios. Dice desconocer qué pruebas o argumentos tienen los agentes para situarles como autores de la agresión.

La acusación, ejercida por uno de los heridos, solicita para ellos cinco años y seis meses de prisión, mientras que la Fiscalía solicita para cada uno de los jóvenes una pena de dos años de prisión y 13 meses de multa a 10 euros diarios —3.900 euros— más una responsabilidad civil individual de 7.000 euros, tal y como adelantó El Salto. El juzgado ya ha confirmado el inicio de la instrucción por vía penal y la imposición de una fianza de 17.000 euros a cada uno de ellos.

"Si de verdad somos los que agredieron a esas dos personas... ¿por qué no se nos detuvo en el momento? ¿Por qué se nos detiene un mes después?”, se pregunta el joven, que también denuncia la elevada cuantía de la fianza impuesta. "Somos jóvenes precarios. No sé cómo vamos a pagar esa cantidad", dice. 

¿Desórdenes públicos?

El abogado de la defensa, Erlantz Ibarrondo, denuncia a Público que es "extraño" que unas detenciones por una agresión se produzcan "un mes después" cuando la Policía les había identificado el mismo día de la agresión en los aledaños de Sol. "Si los agentes hubiesen visto alguna agresión, ¿no habrían detenido en el mismo instante"", se pregunta Ibarrondo. "Aún es más extraño que les imputen un delito de desórdenes públicos cuando estaban participando en una concentración legal, mientras que el otro grupo [el de las banderas de España] participaba en una concentración ilegal", prosigue.

"Es surrealista que aquel que participa en una manifestación no comunicada no se le impute desórdenes públicos y se persone como acusación particular, mientras que ese imputa ese mismo delito a los que participan en una concentración legal. Y un mes después de haber transcurrido los hechos. Es un caso raro", señala el abogado. 

"Un montaje policial"

Elena Martínez, portavoz de la Coordinadora 25-S, uno de los colectivos que convocó la concentración, denuncia que cree que se trata de un "montaje policial". "Nosotros convocamos la concentración para rechazar los golpes que se dieron en Catalunya contra la ciudadanía por poner urnas. Reprimieron en Catalunya y también a los que fuimos solidarios. Eso explica por qué nos manifestamos. Necesitamos más libertad de expresión", prosigue. 

Martínez denuncia, de hecho, que el grupo que intentó reventar la manifestación portaba "simbología fascista y de Falange". "Ese grupo estaba provocando y la Policía creo que pudo haber hecho más para mantener alejado a ese grupo ya que su objetivo era reventar una manifestación legalmente comunicada. Tenemos la sensación de que hay manifestaciones que molestan a las que quieren reprimir y esta era de ellas", sentencia. 

Desde la Coordinadora Antifascista, presente durante la concentración, destacan la sorpresa con la que han vivido las detenciones que se produjeron el 2 de noviembre. "Durante toda la manifestación no supimos nada de esos altercados ni nos dimos cuenta de nada. Vi que hubo incidentes porque un pequeño grupo con banderas de España intentó reventar la manifestación y también vimos que había agentes identificando a asistentes, como en otras ocasiones".

"De estas supuestas agresiones no supimos nada hasta que la prensa publicó el 2 de noviembre la detención de las seis personas. Hasta esa fecha ningún medio había informado de ninguna agresión ni nada por el estilo", explica una miembro de la Coordinadora a Público. "Es raro que si hay una persona herida no detengan al agresor en el momento, ¿no? Entendemos que se trata de un montaje policial, como en tantas otras ocasiones", sentencia esta portavoz, que formó parte de la  seguridad durante la manifestación.