Emilio Cao estudia Filosofía. Tiene 22 años y es O Carballiño (Ourense). En verano suele ganar algo de dinero trabajando con su padre. Este verano, sin embargo, puede ser diferente. El lunes tiene un juicio en el que el fiscal le pide 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Los hechos sucedieron durante las Marchas de la Dignidad de 2014. Según la Policía este joven, entre otras cosas, les lanzó una piedra. Emilio, sin embargo, lo niega todo. Apunta las contradicciones e inconsistencias del relato policial y cree que le tocó a él como le podía haber pasado a cualquier otro que hubiese estado en la Calle Génova durante las Marchas de la Dignidad de 2014.

"No hice nada y estoy más o menos tranquilo porque la Fiscalía ha aceptado un vídeo como prueba en el que se ve claramente que no hay ningún tipo de agresión por mi parte. Eso me da cierta seguridad. Pero, claro, vivimos en un contexto de represión de los movimientos sociales y ya ha pasado que se han perseguido cosas sin pruebas o incluso con falsos testimonios con tal de reprimir a la disidencia. Siempre es posible un montaje policial", explica a Público Emilio Cao, que señala que no hizo nada y que "le podría haber pasado a cualquiera" que hubiese estado en aquella manifestación de la primavera de 2014. 

Él no ve la manera de acabar con una pesadilla que dura ya más de 4 años y que amenaza con cortar su futuro de raíz durante casi seis largos años a la sombra. El juicio a Emilio se tendría que haber celebrado el pasado mes de marzo. El día señalado, sin embargo, el agente de Policía que denunció una agresión por su parte no se presentó al juicio. Lo advirtió por fax el mismo día. Cao se desplazó a Madrid para nada. 

Cartel por la absolución de Emilio Cao

"Aquello me pareció una tomadura de pelo. Pero también fue un síntoma de que no tenían ningún tipo de argumento para poder seguir con este proceso judicial", expresa Emilio Cao, que señala que la situación da para "reflexionar" sobre la "actitud del policía". 

La no comparecencia de policías en juicios a activistas de movimientos sociales o detenidos en manifestaciones es más o menos habitual. En los últimos meses, por ejemplo, ha sucedido en dos ocasiones. El agente que denunció al periodista Boro LH -por atentado a la autoridad tras el jaque al rey- por el que la justicia le pide seis años de prisión no apareció en el juicio. El agente envió el mismo día un fax al juzgado anunciando que estaba enfermo.

Asimismo, seis de los ochos testigos policiales que denunciaron a Tohil Delgaldo, ex presidente del Sindicato de Estudiantes, y a otros cinco hombres ecuatorianos tampoco comparecieron en el juicio. Alegaron motivos laborales y personales. Sin embargo, no por habitual, molesta menos a los ciudadanos. Emilio, por ejemplo, vive desde hace cuatro años con la incertidumbre de si tendrá que pasar casi seis años en la cárcel.

"El hecho de que me pidan más de cinco años de cárcel supone vivir con un freno... Es difícil vivir así. No sabes qué puede pasar. Está el miedo a que esto pueda afectar a mi futuro como profesor", dice Emilio Cao, que muestra su deseo de que todo esto termine pronto: "Espero que termine bien, pero que termine ya".

No obstante, Emilio Cao,  a pesar de todo lo vivido, volvería a acudir a las Marchas de la Dignidad para volver a pedir "pan, techo, trabajo e igualdad". "Ahora la situación es incluso peor que antes. La represión está desatada... Con los raperos, con el tema Alsasua, con Catalunya.... Y el tema económico tampoco mejora. Hay gente que cree que el PSOE es la solución, pero la crisis empezó con ellos y tampoco parece que hayan cambiado tanto. Han participado en el 155 a Catalunya y han elegido a Grande Marlaska como ministro del Interior. Los propósitos y el espíritu de aquella movilización siguen vigentes", sentencia.