España registró en 2022 el mayor número de solicitudes de asilo desde que se creó la oficina que las gestiona, en 1992. Fueron 118.842 peticiones, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, de quien depende la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Los datos suponen un incremento del 81,5% respecto a 2021, cuando 65.482 personas buscaron refugio en España tras abandonar sus países.

A pesar de lo histórico del dato, estas cifras simplemente recuperan la tendencia alcista anterior a la pandemia, cuyas restricciones al movimiento de personas en 2020 hicieron caer en picado el número de solicitudes. De hecho, el número de peticiones es prácticamente el mismo que en 2019, cuando hubo 118.264 personas que pidieron asilo en España.

El 2019 fue también un año récord en recepción de solicitantes de asilo, con el doble de peticiones que en 2018. Fue el octavo año consecutivo de crecimiento continuado, los tres últimos con cifras disparadas que hicieron saltar las costuras de un anticuado y reducido sistema de asilo, tanto en la recepción y resolución de solicitudes como en las plazas de acogida disponibles.

Esto generó una situación de colapso generalizado, con grandes colas solo para obtener una cita para iniciar los trámites y con familias sin recursos para tener donde alojarse, durmiendo en la calle en algunos casos.

Tuvo sus peores momentos en la Comunidad de Madrid, que sigue siendo con mucho la principal puerta de entrada de solicitantes de asilo, llagados sobre todo a través del aeropuerto de Barajas, procedentes de América Latina. Aunque también se dieron casos de falta de plazas de acogida en Barcelona, lo que dejó a cientos de personas al amparo de los servicios sociales, usando recursos pensados para las personas sin hogar, recuerda Blanca Garcés, investigadora del CIDOB y experta en asilo y refugio.

Según Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a estos números habría que sumar "las miles de personas que no han podido solicitar asilo por falta de citas". Se trata de un problema recurrente denunciado en numerosas ocasiones por las ONG y por el Defensor del Pueblo, que está impidiendo de facto la entrada de personas al sistema de acogida. La situación está generando esperas cercanas a un año solo para poder iniciar los trámites.

Venezolanos (con 45.748 solicitudes) y Colombianos (con 36.012) siguen siendo los que más piden refugio en España, seguidos muy de lejos por peruanos (8.937), marroquíes (3.905) y hondureños (3.017). Se trata de una característica muy particular del flujo de potenciales refugiados hacia España si se compara con las nacionalidades que llegan otros países europeos, destaca Garcés, que ve un "problema generalizado en Europa" el simple acceso al sistema de asilo.

Menos resoluciones que solicitudes

En paralelo, la OAR ha resuelto 91.369 solicitudes, un 27% más que en 2021, pero el número de resoluciones vuelve a ser inferior al de peticiones presentadas. De hecho, el año pasado se resolvieron unas 23.000 menos que en 2019, lo que implica otro atasco que satura los centros de acogida y las plazas disponibles con las que cuenta el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, tanto propias como concertadas con las ONG.

De todas las solicitudes analizadas en 2022, casi 52.000 fueron rechazadas (principalmente procedentes de Colombia), es decir, que casi seis de cada diez solicitantes no tuvieron derecho a ningún tipo de protección. Solo el 15,15% de las peticiones fueron favorables, fundamentalmente de ciudadanos de Mali (casi 5.000) y Afganistán (1.535); aunque a más de 20.000 venezolanos se les concedió la residencia temporal por razones humanitarias, que no implica entrar dentro del sistema de acogida ni recibir ayudas. Según el Ministerio de Inclusión, menos del 30% de los solicitantes de asilo necesita acceder al sistema de acogida, pero aun así ha habido momentos de desborde.

Fuera de estas cifras están los más de 161.000 ucranianos que ha sido acogidos en España gracias a la directiva europea de protección temporal aprobada tras la invasión rusa. Los trámites de este colectivo son mucho más ágiles, focalizados en cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación donde se obtiene la documentación de forma casi automática. Una gran parte ha sido recibida por familiares que ya residían en España, aunque otra sí necesita ocupar plazas del sistema estatal de acogida de refugiados, lo que supone una presión adicional.

Este itinerario se divide en dos fases que que se alargan desde 18 a 24 meses. La primera, llamada de acogida temporal, cubre las necesidades básicas (alojamiento, manutención, atención y orientación social, psicológica y legal), y se resume en centros de atención a refugiados o dispositivos gestionados por ONG con financiación pública. La segunda fase, centrada en la "preparación para la autonomía", ya cuenta con ayudas económicas para facilitar la independencia e integración de las personas refugiadas, con apoyo para la búsqueda de vivienda y empleo. También hay una fase cero, conocida como "de evaluación y derivación", con coberturas aún más básicas que la primera fase y que no debería superar los 30 días, pero cuyos plazos se incumplen sistemáticamente.

El paso de una a otra fase depende directamente del número de solicitudes y del de resoluciones, es decir, que las personas que entran cubren plazas libres de las que van saliendo, bien por ver su petición denegada o por haber logrado su independencia socioeconómica.

En este punto, coinciden Garcés y Galán, están afectando las modificaciones introducidas por la Secretaría de Estado de Migraciones en 2021, que solo permiten pasar a la segunda fase del itinerario a las personas con una resolución favorable de su petición de asilo. "Las personas tardan en salir de la fase de acogida temporal y eso está dificultando la fluidez para liberar plazas", sostiene Galán.

Para las dos expertas consultadas, estas cifras demuestran que el descenso de solicitudes en 2020 y 2021 "era solo coyuntural" y advierten de que se puede volver a una situación de colapso si el sistema no se prepara para ello.

La directora de CEAR apunta que las plazas de acogida en las diferentes fases del sistema se han ampliado bastante desde 2019, fundamentalmente con plazas de ONG financiadas con fondos públicos. Han pasado de unas 9.500 plazas de primera fase en 2019 a casi 19.000 en 2022, según datos de Inclusión. Aunque sigue habiendo "cuellos de botella", tanto para entrar como para salir del sistema. 

El ministerio de José Luis Escrivá es consciente del riesgo y ha puesto en marcha una ampliación de las plazas propias, pasando de las 400 actuales a unas 6.100 en 2024. Sin embargo, aún falta para que sean una realidad mientras las llegadas vuelven a repuntar con fuerza.

"Vemos cómo se eterniza la estancia de personas, muchas veces familias enteras, en centros para refugiados o en pisos compartidos", sentencia Garcés, que apunta que la situación dificulta la integración y la autonomía de numerosos refugiados. Si a esto se le añaden las dificultades para acceder a los primeros trámites del proceso, la "situación de incertidumbre y precariedad es habitual entre los solicitantes de asilo", apostilla.