Sibiki Koné no se despega de su teléfono. Cada día intenta pedir cita previa en Extranjería a través de la página web. Es la única vía que tiene para comenzar su proceso para pedir protección internacional en España, la primera pantalla de un largo e incierto proceso. Las razones por las que huyó de Costa de Marfil, donde nació hace 26 años, prefiere no revelarlas a la prensa. Es a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) a quien quiere explicárselo. Pero Koné no lo consigue nunca. "Pruebo dos veces al día, por la mañana, por la noche. A veces cuatro o cinco veces. Lo hago desde el teléfono y, cuando puedo, con un ordenador, desde las oficinas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Pero es imposible. Nunca consigo cita", explica desesperado.

Reside en Madrid desde hace nueve meses y todavía sigue siendo invisible para el sistema de Asilo y Refugio, simplemente porque no hay citas para iniciar los trámites. Llegó en patera a Gran Canaria el pasado el abril, pero allí tampoco consiguió la primera cita. "Me dijeron que en España [como se refiere a la Península] sería más fácil, pero no es así", lamenta. Su principal preocupación es que vive en situación irregular, "si me para la Policía pueden expulsarme, y tengo miedo de que me devuelvan a mi país", explica. El país del que ha escapado.

"Esto lleva pasando desde hace unos diez meses, aunque es una situación recurrente desde 2015", apunta Ane Ormaetxe, abogada de la Coordinadora de Barrios, una organización de apoyo a personas migrantes y refugiadas que lleva tiempo señalando que es "absolutamente imposible" a día de hoy conseguir fecha en una comisaría de Extranjería en prácticamente todo el país.

El pasado martes, más de una veintena de afectados acudieron a la sede del Defensor del Pueblo en Madrid para entregar quejas individuales por esto. También se concentraron ante las puertas del Ministerio del Interior, de quien dependen las oficinas de Extranjería. Fueron acompañados por la Red Solidaria de Acogida y otros colectivos de migrantes como Valiente Bangla. Entre los afectados en Madrid destacas las personas latinoamericanas que llegan fácilmente a Madrid en avión, pero también personas africanas que han llegado a Ceuta, Melilla, Canarias y otras zonas del litoral español. Todas tropiezan con esta barrera a un derecho fundamental.

Una vez que se consigue esta cita ya se tiene fecha para la primera entrevista policial, tras la cual, el interesado recibe un resguardo que le acredita como solicitante de asilo mientras la OAR estudia si aprueba o rechaza su solicitud. Es un proceso que dura varios meses, en el mejor de los casos. Y ese resguardo es una especie de pasaporte al programa integral de acogida para solicitantes de asilo, que incluye ayudas a la inserción y facilita alojamiento durante la espera. También permite al solicitante residir legalmente en España y, después de seis seis meses, también permite trabajar legalmente. Pero también otorga derechos básicos que actualmente les están siendo negados a miles de personas simplemente porque no hay citas suficientes.

La desesperación de los refugiados y la importancia de este trámite hace tiempo que generó un auténtico mercado negro de citas de Extranjería. En València, por ejemplo, la Fiscalía ha abierto una investigación por esta compraventa de un trámite que es gratuito y debería ser fácilmente accesible. Los anuncios en páginas de ofertas de segunda mano y plataformas en las que se ofrecen servicios para conseguir estas citas se suman a la opción de recurrir a un abogado extranjerista para agilizarlo el trámite. Pero no todo el mundo puede permitirse un gasto que, en algunos casos, supera los 200 euros.

Familias en la calle

"Sin este trámite básico, mucha gente se ve privada de derechos fundamentales. El primero es la atención sanitaria básica. Pueden ir a urgencias, pero sin permiso de residencia o tarjeta de solicitante de asilo, se les factura", explica Ormaetxe. También tienen dificultades para empadronarse o para acceder a educación, añade. "Y lo que es más grave, las personas que no tienen recursos económicos se ven abocadas a situación de calle", insiste. 

Las personas adultas solas pueden recurrir a los servicios sociales de Madrid para conseguir plaza en alguno de los albergues municipales para personas sin hogar. Pero las familias con niños lo tienen más complicado por la falta de plazas municipales adecuadas. La parroquia de San Carlos Borromeo, en Entrevías, cuyo párroco, Javier Baeza, también les acompaña en la denuncia, se ha  convertido en el hogar improvisado de varias familias con niños. Actualmente acoge cada día a tres familias con hijos y otras dos personas adultas, explica el párroco. Sin este refugio, serían personas desamparadas solo por que no hay citas disponibles para ejercer sus derechos.

Esta situación ha llevado en el pasado a lamentables escenas en la puerta del Samur Social de Madrid, donde el colapso en las citas, la falta de alojamientos del Ministerio de Inclusión para los solicitantes de asilo y la escasead de plazas en los albergues municipales han dejado a menores durmiendo al raso durante varias noches.

Koné, por suerte, tiene ayuda de Sercade, una organización religiosa con programas de inserción e inclusión. Vive en un piso compartido con otros dos compañeros y recibe asesoramiento y unas clases de castellano a las que saca mucho partido. "Llevo así demasiado tiempo. Lo agradezco mucho, pero no puedo depender eternamente de la ayuda de los demás. Lo que quiero es poder trabajar y empezar a tener una vida independiente", reclama.

"Esto sucede por falta de recursos por parte del ministerio del Interior", apunta Ormaetxe, que lamenta que no se quiera reforzar las platillas para un derecho internacional de esta importancia.