Carlos López, obispo de Salamanca, intentó acallar a una presunta víctima de abusos sexuales mediante chantaje. "Si quieres una compensación económica, pídela y veremos", le dijo el obispo en una grabación que ahora publica el diario El País. 

El caso se remonta a marzo de 2011, cuando Javier Paz denunció en el Obispado de Salamanca a Isidro López Santos, el párroco de la iglesia de San Julián, por abusos continuados durante diez años, entre 1982 y 1992, desde que él tenía diez años y hasta los veinte.

Tras la denuncia, el que fuera el obispo en aquella época, Carlos López, "jubiló" al párroco, no sin antes realizar un homenaje de despedida. Según afirma la victima, le dijeron que se iba a abrir una investigación y un proceso canónico, pero pasaron los meses y nada ocurría, y su desconfianza en la actitud de la institución le llevó a grabar las conversaciones que allí se mantuvieron. A Paz le llegaron a reconocer, incluso, que Isidro López prestaba ayuda en otra parroquia de la ciudad, San Mateo-La Anunciación.

En esas grabaciones, Carlos López, que actualmente sigue en el cargo, le reconoció a Paz su derecho a una compensación económica, que debía ser decidida en el proceso, pero le advirtió de que solo podía pasar si el asunto se mantenía en secreto: "Si presentas una petición de compensación de daños el tribunal lo estudiará (…) Si tú quieres ir por otra vía tienes la vía expedita, pero me temo que no vas a conseguir nada. Civilmente no vas a conseguir nada. Sí, que la sociedad se entere, vale".

Lo que pedía Javier Paz era una condena pública del párroco para que salieran otros casos a la luz y evitar más daños en el futuro. Además, insistió en que iba a hacer público el caso. Finalmente, aceptó firmar un documento que le prepararon en el Obispado (aunque no le proporcionaron ninguna copia), y asegura que fue "una trampa, no era una oferta, lo disfrazaron para que pareciera una petición mía". 

Se trataba de una solicitud de compensación, de unos 300.000 euros, más el pago mensual de una especie de pensión de 1.500 euros de por vida. También incluyeron una cláusula de silencio, en la que se comprometía a mantener en secreto el acuerdo y a no emprender acciones legales contra el acusado ni contra el Obispado. 

Unos meses después, acorde a su relato, "el obispo me dijo que, en base a mi solicitud, habían desestimado mi caso, porque entendían que lo había hecho todo por dinero desde el principio, y que con ese papel estaba claro, así que anulaban todo lo que habían hecho". Afirma que aquella fue la última vez en la que mantuvieron contacto.

A los dos años de su denuncia, Paz divulgó el caso a la prensa y presentó una denuncia en los tribunales. "Estoy convencido de que en realidad durante dos años me engañaron diciendo que había un proceso abierto pero era mentira, y no hay manera de saberlo porque no me dan ninguna documentación", sentencia Paz.