Vaciar las oficinas tanto como sea posible y fomentar el trabajo a distancia. Esta es una de las primeras recomendaciones de todos los responsables de luchar contra las infecciones de la covid-19. Desde la OMS hasta el Ministerio de Sanidad. Incluso el presidente valenciano, Ximo Puig, anunció una partida de 800.000 euros para ayudar a las empresas que quieran fomentar el teletrabajo, dentro del fondo público para la mitigación de los efectos de la pandemia en la economía.

Pero esta no parece ser una prioridad para la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, que ha dado muestras repetidas de su voluntad de que todos los funcionarios se mantengan al pie del cañón de sus oficinas y despachos, sea cual sea la situación sanitaria. El martes 27 de octubre, con las infecciones creciendo exponencialmente, los hospitales cada vez más llenos y el toque de queda ya aprobado en el País Valencià, Bravo respondía a una pregunta del sindicato CSIF sobre este tema asegurando que "no estaba sobre la mesa" ninguna medida de este tipo. Según la comunicación aseguraba que no existía "ninguna recomendación de las autoridades sanitarias" en este sentido. La respuesta sindical fue inmediata y, solo un día después, rectificaba y accedía a implementar el teletrabajo para "un máximo" del 30% de las plantillas de la administración. En solo dos días se redactó la orden para su regulación que podrá empezar a aplicarse desde el lunes. Pero esta celeridad tiene una cara B, según denuncian fuentes sindicales.

"Ego hipertrófico" y falta de diálogo

"El principal problema que hemos tenido es que cuando en junio planteamos empezar a elaborar un plan de contingencia, en previsión al rebrote de otoño no se nos escuchó", explica a Público Salva Sanmartín, responsable de acción sindical de la STAS – Intersindical Valenciana, central mayoritaria entre el funcionariado. Entonces los sindicatos propusieron, a través de la Comisión de seguimiento de las medidas covid, un acuerdo urgente específico para la actual situación, pero esto fue imposible. "Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y hemos perdido un tiempo valiosísimo por la negativa de la consellera a escuchar a nadie", añade Sanmartín. A esta improvisación se le suma la falta de diálogo. Sanmartín denuncia que, pese a lo publicado en prensa, la implementación del teletrabajo no se negoció en la comisión de seguimiento, sino que esta "se convocó con solo dos horas de antelación, sin documentación, para anunciar lo que previamente se había explicado a los medios". Al final, toda la responsabilidad de gestión de la resolución "recaerá en la subconsellerías, que deberán aplicar la medida sin un respaldo legal suficiente".

Entre los ambientes sindicales se culpa el "ego hipertrófico" de Bravo, de quien aseguran que no soporta que "nadie pase por encima de su voluntad", para explicarse la situación. Pero se apunta también a una batalla interna del Consell entre el PSPV –el partido de Bravo- y Compromís sobre la cuestión, que habría influido decisivamente en la parálisis.

También habría pesado "la concepción decimonónica de la administración" de la consellera, según la opinión de Sanmartín. De hecho, el primer enfrentamiento entre los sindicatos y Bravo por este tema data del 19 de junio, cuando la Conselleria ordenó la vuelta al trabajo presencial de todos los trabajadores justo levantado el estado de alarma y cuando las restricciones de la desescalada aún eran enormes. En julio, fueron los grupos parlamentarios, excepto Vox, quienes aprobaron una proposición no de ley instando a la Generalitat a priorizar el trabajo no presencial en la administración. También sin éxito.

El teletrabajo más allá de la covid

"La conclusión es que, a partir del lunes, a una parte de los trabajadores nos mandarán a casa sin saber cómo se hará, con qué recursos, con qué organización, sin un plan de contingencia para proteger a los trabajadores más vulnerables, aquellos que son de riesgo o tienen familiares de riesgo a su cargo", continúa Sanmartín. La resolución del viernes asegura que los empleados que teletrabajen "contarán con los medios técnicos mínimos necesarios para hacer efectiva su prestación" y que la "modalidad no presencial no supondrá menoscabo de la jornada y horario, teniéndose que respetar en todo caso el descanso necesario". Desde STAS, de nuevo, se pone en duda está voluntad y se recuerda que durante la primera oleada "se cargó a espaldas de los trabajadores la implementación del teletrabajo, desde la compra del material necesario hasta horarios fuera de todo límite".

Desde este sindicato se pide empezar un debate "con tiempo" para preparar la introducción del teletrabajo en la administración de forma permanente. Aseguran que, si se hace bien, tiene numerosas ventajas, desde medioambientales a productivas, pasando por la flexibilidad y conciliación de los trabajadores.