Parece una broma de mal gusto. Una de esas decisiones que harían sonreír a cualquier humano del planeta si no fuera por la seriedad y la trascendencia del asunto. Guyana ha reforzado sus lazos comerciales con Exxon Mobil, que se enlazaron en 2016 para iniciar los trabajos de exploración de un sublime yacimiento de crudo dentro de sus límites marítimos.

En tiempos no tan lejanos, el país era un territorio que dependía del Imperio Británico y, en la actualidad, es una de las latitudes más amenazadas por el principal de los efectos colaterales del cambio climático: la elevación del nivel de los mares y océanos por el calentamiento global.

Su presidente, Mohamed Irfaan Ali, acaba de firmar con la supermajor estadounidense un contrato millonario para financiar su tránsito a la neutralidad energética. Esta compañía es todo un símbolo de los combustibles fósiles, quizás incluso una de las petroleras que destila más arrogancia en favor del negacionismo climático y, sin duda, una de sus más ardorosas defensoras de cualquier lobby vinculado a la vieja economía energética. 

Esta entente cordiale no emitirá precisamente ninguna fumata blanca de esperanza en el futuro de la sostenibilidad y de la salud del planeta. Pero parece que contentará tanto al Gobierno del país caribeño como a Exxon, porque detrás del mismo subyace uno de esos negocios win to win. Las dos partes ganan. En términos mercantilistas, claro.

Este acuerdo se ha hecho a pesar de que casi la mitad de los 800.000 habitantes de Guyana que viven en su capital, Georgetown, lo hacen siete pies por debajo del nivel del Caribe. De ellos, algo más de dos metros poseen un complejo sistema de canales y drenajes que permiten que la capital, con un genuino estilo británico, pueda seguir existiendo.

Además, el tamaño de su economía es más pequeño que el de cualquiera de las ciudades medianas de EEUU. En concreto, el PIB del país entre 2000 y 2015 se consideraba demasiado bajo y con un elevado endeudamiento, lo que imposibilita que Guyana pueda crecer y generar prosperidad, según la jerga multilateral al uso.

De hecho, incluso en años de inclemencias importantes como el 2005, con un excelso fenómeno de mareas, este país caribeño tuvo que emplear el 59% de su capacidad productiva en la construcción de nuevas redes de infraestructuras, con las que recuperaron al mar unas 280 millas a lo largo de su costa, explica Businessweek, una publicación de Bloomberg.

Sin embargo, todo cambió en 2016. Entonces, Exxon descubrió una bolsa de oro negro a apenas 120 millas, dentro de la soberanía jurisdiccional de Guyana. Esta contiene miles de millones de barriles de petróleo y el mercado calcula que supone la tercera parte de las balsas de crudo descubiertas desde ese momento en todo el planeta. Dicha bolsa de petróleo supone una cantidad suficiente como para abastecer la demanda energética de China cada año al actual ritmo de extracción. Algo que, obviamente, Exxon quiere cambiar.

Desde ese año, Guyana no deja de crecer. Para 2020, antes de la crisis sanitaria, el FMI auguraba un repunte de su PIB de nada menos que el 86% por el inicio de los trabajos de sondeo y succión. El vecino de Brasil, Venezuela y Surinam "tendrá muy difícil no caer completamente subyugado por la industria del petróleo", tal y como aseguraba entonces Valerie Marcel, una analista del think tank Chatham House.

Sus palabras suenan a premonición, puesto que este territorio caribeño podría ver elevar su nivel del mar en 25 centímetros en los próximos 30 años, según el Servicio Oceánico Nacional de EEUU. Dicho organismo también alerta de que, si la empresa continúa con sus trabajos de prospección y extracción, su cota adicional crecerá en otros seis centímetros a finales de siglo.

Una tesis doctrinal contagiosa

Dicha amenaza no parece intimidar al Gobierno de Ali. Pese a la insistencia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en incidir en que "invertir en fósiles es una locura económica y moral", la política del Ejecutivo de Guyana gana adeptos.

En Barbados, su primera ministra, Mia Mottley, mientras asistía a la COP27, decidía reabrir sus aguas a la exploración de crudo por parte de compañías petroleras. Y lo hacía bajo el argumento de que el dinero que consiga de ellas servirá para acometer los gastos de una estrategia de energías renovables para 2030.

Toda una comunión de ideas con la de su vecino caribeño que se sustenta también en datos: en los últimos tres años, pese a la pandemia, Guyana ha sido la economía que más ha repuntado del mundo; la que con más rapidez ha recuperado los niveles previos a la covid-19 y la única de todo el continente americano que esquivó la recesión en 2020. Y, además, durante el actual ejercicio volverá a aumentar su PIB en un 58,7%, según el FMI.

Asimismo, el país cuenta con más redes de conexión de agua y energía en los hogares que nunca en su historia y lo hace a razón de un incremento anual del 107%. En este Estado, el petróleo supone también más del 60% de sus exportaciones, hasta suplantar como principal rúbrica de su sector exterior al azúcar y el arroz. Con todo ello, su riqueza se ha multiplicado por cinco en diez años.

La intención declarada de Ali, sin embargo, es consumar la visión del presidente de Guyana entre 1999 y 2011, Bharrat Jagdeo -actualmente vicepresidente del país-, de crear un fondo financiero con el que costear la reconversión de la nación hacia la neutralidad energética. Para ello, quiere crear una especie de depósito con el que sufragar el tránsito hacia las renovables. 

Sin embargo, las expectativas no reflejan demasiado optimismo. En primer lugar, porque los términos del acuerdo con Exxon siguen siendo opacos. En Georgetown afirman que se trata de pacto para el reparto equitativo de ingresos (al 50%) con unos pagos del 2% de royalties al Gobierno. Algo que "es muy favorable a los intereses de Guyana, según los parámetros de la industria", tal y como reconoce a Bloomberg Tom Mitro, un analista en el Centro de Inversiones Sostenibles de la Universidad de Columbia con un pasado como directivo en Chevron.

No obstante, en manos de firmas como Exxon, se pueden camuflar los pagos por el uso de know-how y tecnología. "Y seguro que lo ponen en liza", precisa el experto. De igual modo, choca entre los analistas el rechazo de Guyana a otras opciones verdes solventes, como la apuesta por acuerdos como el que selló en 2009 con Noruega por el que el país escandinavo entregó 250 millones de dólares para que desde Georgetown dejaran de talar su franja del Amazonas y poder colocar en este maná del oxígeno sus toneladas de CO2 en el mercado de emisiones.

Este tratado, auspiciado y respaldado desde la ONU, parece haber sido cancelado. De hecho, es el detonante de que algunas iniciativas sociales contra la crisis climática hayan rechazado contribuciones al fondo para la preservación del medio ambiente del país, al proceder estas de Exxon. En concreto, se trata de diez millones de dólares ofrecidos en 2021.

Por su parte, la petrolera admite haber invertido más de 700 millones de dólares desde que se asentó en la nación caribeña, una cifra que los movimientos ecologistas consideran que se trata de dinero sucio. 

En manos de una petrolera altamente contaminante

La exhibición del músculo de las supermajors -BP, Chevron, Eni, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total y ConocoPhillips- en plena transición energética hacia las renovables resulta palpable. Por ejemplo, Exxon reconocía unos beneficios netos de 6.750 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, cuando irrumpió la escalada de la energía en el mundo. Dichos beneficios eran los mayores de la compañía desde 2017, tras registrar un alza del 60% de ingresos respecto al mismo periodo del año precedente.

Exxon es, de entre las supermajors mencionadas, la más rica si atendemos a su capitalización bursátil. Es, además, una empresa muy influyente en la prolongación del lobby petrolífero tradicional en EEUU y el resto del planeta.

El alza del crudo, por encima de los 65 dólares entonces, ya obró el milagro. Debido a ello, BP también certificó 3.300 millones ese trimestre, "en el que el alza de la cotización de las materias primas energéticas ya ayudó sobremanera", tal y como admitía su máximo ejecutivo, Bernard Looney.

Desde entonces, la cuenta de resultados de Exxon y del resto de petroleras ha ido en aumento. Pero Exxon esconde un amplio historial de contaminación. Darren Woods, presidente de Exxon, tuvo que presenciar en mayo de 2021 cómo una coalición de activos inversores, agrupados en Engine No.1, un pequeño hedge fund, reclamaba durante su junta de accionistas cambios en la dirección de la compañía para promover proyectos de bajas emisiones.

Dos meses después, y con el apoyo de dos de los fondos de pensiones de más valor estratégico en la firma, lograban el tercer directivo sostenible de los cuatro que exigía. Algo que no pasó desapercibido para The Economist, desde donde se recalcó que la maniobra de Engine No.1 había "creado un antecedente y enviado una fuerte señal de que el mercado ya no comulga con las inversiones contaminantes".

Pese a ello, el buque insignia de la vieja economía del sector no parece estar dispuesto a claudicar tan pronto y, menos aún, en tiempos de colocación de capitales en combustibles fósiles como el actual. Un movimiento que está siendo motivado por la intensidad que cobra la crisis energética por la guerra en Ucrania. Además, tampoco ha renunciado a otro de sus focos de mayor emisión de CO2 por metano, uno de los componentes más peligrosos para el efecto invernadero.

Exxon, como BP -otro sospechoso habitual-, mantiene activas sus operaciones en la Cuenca Pérmica estadounidense, entre Texas y Nuevo México, donde se hallan los mayores yacimientos fósiles estadounidenses. Esto convierte a ambas en las multinacionales más sucias de la industria en suelo americano.