El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a ofrecer la posibilidad de formarse en violencia de género y doméstica a aquellos jueces que vayan a resolver casos de maltrato en el ámbito familiar, al igual que hasta ahora recibían los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces amplía la formación sobre maltrato doméstico y de género a aquellos profesionales que obtengan plaza en alguno de los Juzgados de Instrucción, Mixtos o Penales, o en las Secciones de las Audiencias que conozcan de esta materia, pero sin competencia exclusiva sobre ella.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha explicado hoy esta decisión, que se adopta en cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado, a los representantes de las instituciones que integran este órgano

Según explica el CGPJ, el Servicio de Formación facilitará esta formación a los jueces y podrán hacerla de forma directa, sin necesidad de someterse a la selección previa prevista, como norma general, en el Plan Estatal de Formación de la Carrera Judicial.

Otro de los acuerdos ha sido el de facilitar que las mujeres víctimas de maltrato machista puedan presentar quejas por posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, insertando en la web del observatorio un enlace directo al formulario por internet.

Para atender de forma exclusiva las quejas se designarán dos personas con formación especializada en la Unidad de Atención Ciudadana (UCA).

El CGPJ destaca que ya se está llevando a cabo el control sobre el funcionamiento de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y que, en el caso de detectarse disfunciones significativas, se elabora un informe que incluye una propuesta con las medidas de corrección necesarias.

Con el fin de impulsar la formación sobre inmigración a los operadores jurídicos especializados en Violencia de Género, se incluirá un panel específico sobre el maltrato en el "Foro de Estudios sobre inmigración".

Al encuentro, presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han asistido, entre otros, la fiscal general del Estado, María José Segarra; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop; además de la vocal del órgano de gobierno de los jueces Victoria Cinto.

Buenas prácticas y Síndrome de Alienación Parental

En el encuentro también se ha dado cuenta del borrador de medidas que prepara el Grupo de expertos que asesora al Observatorio sobre la coordinación entre instituciones, así como sobre la revisión de los protocolos de actuación judicial existentes.

Así, según el CGPJ, los expertos ya han elaborado una propuesta-borrador de buenas prácticas que no sólo se refiere a la toma de declaración de menores (medida 205 del pacto de Estado) sino que se hace extensiva a todas las víctimas de procedimientos de violencia de género, diferenciando las fases de instrucción, enjuiciamiento y ejecución.

Igualmente, trabajan en la actualización de la Guía de Actuación de Buenas Prácticas judiciales en el sentido que indican varias de las medidas del Pacto de Estado. En relación, con la protección de los datos personales de las víctimas (medida 265 del pacto), se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo integrado por técnicos del CGPJ y de la Agencia Española de Protección de Datos y se ha remitido a esta última la propuesta de actuación del Grupo de Expertos y Expertas del Observatorio.

El trabajo de los expertos se refiere también a la aplicación de la agravante de género (circunstancia 4ª del art. 22 del Código Penal) en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer (medida 107); mejora de los instrumentos de vigilancia electrónica y fomento de su uso en los casos de "riesgo medio" (medida 143); revisión del procedimiento para la concesión y uso de Dispositivos Telemáticos de Control (medida 270); y seguimiento de los procedimientos en los que se producen denuncias cruzadas con el fin de evitar que se obstaculice el proceso de la víctima de Violencia de Género (medida 271).

Además, se refiere al fomento, entre los operadores jurídicos, de un mejor conocimiento del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) para evitar que, dada su "carencia de base científica", pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales.