La proposición de ley para formar a los jueces en materia de igualdad será la primera iniciativa legislativa que el PSOE defenderá en el Pleno del Congreso tras llegar al Gobierno. Así lo ha anunciado este jueves la nueva portavoz del grupo parlamentario, Adriana Lastra.

La diputada ha explicado se trata de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "para que todos los operadores jurídicos tengan formación en violencia de género". Lastra recordó que esta "era uno de los acuerdos del pacto contra la violencia machista que el Gobierno anterior incumplió sistemáticamente".

Los socialistas registraron esta iniciativa en el Congreso una semana antes de que se hiciera pública la sentencia de La Manada, y en ella se recogen "todas las medidas" del pacto de violencia machista en materia de "formación, ascenso y criterios de trabajo de la judicatura, la magistratura y el Ministerio Fiscal".

"El objetivo es que la Administración de Justicia trabaje con criterios de interpretación correctos de género para interpretar la violencia, poder tratarla procesalmente y emitir pronunciamientos justos", explicó durante la presentación de la iniciativa la actual vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

Precisamente la sentencia a La Manada hizo sonar todas las alarmas en relación a la necesidad de incorporar la formación en perspectiva de género en todos los operadores jurídicos. La decisión de los jueces de calificar los hechos probados en la sentencia como un abuso sexual y no como una violación, porque no apreciaron violencia ni intimidación, así como el voto particular que consideraba que no se había producido ningún delito, pesan en la decisión del PSOE de iniciar la legislatura con esta reforma. Lastra afirmó, también, que esta primera iniciativa "está en consonancia con le gobierno feminista que tenemos".

La propuesta no sólo incluye la necesidad de formación continua y permanente para todos los operadores jurídicos en derecho antidiscriminatorio nacional, sino también de la normativa europea y los tratados e instrumentos internacionales en materia de Igualdad, discriminación y violencia de género que han sido suscritos por España.

Cabe recordar que el comité antidiscriminación de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés), ya condenó a nuestro país en 2014 por no proteger a las victimas de violencia de género y a sus hijos, en el caso de Ángela González Carreño. Entonces la ONU hizo una serie de recomendaciones sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los órdenes del poder judicial, cosa que el Gobierno del Partido Popular no cumplió.