El Pacto de Estado contra la violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre del año pasado, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Unidos Podemos, lleva en el limbo presupuestario desde entonces y, por lo tanto, sin aplicación de ningún tipo.

Este pacto incluye, claramente, la formación específica en violencia de género de jueces que traten estos temas. En concreto lo hace en su artículo 104 y en el 159.

La portavoz de igualdad de Compromís en el Congreso, Marta Sorlí, lo recordaba, mientras exigía que se convoque de urgencia la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, haciendo una clara alusión a la sentencia de la manada: “nos seguimos encontrando con una sentencia que se podría haber evitado si los jueces tuviesen la formación que se contempla en el documento”.

Conviene recordar que en el articulado de este pacto, el Gobierno se comprometía a financiar la aplicación del mismo con 200 millones al año durante cinco, un total de 1000 millones, que serían aportados por las arcas del estado estatal poniendo 80 millones desde la administración central y 120, a través de las comunidades autónomas y administraciones locales. Pero, en cualquier caso, siempre con financiación “directa” y “finalista”, es decir, específica para esta cuestión y, por tanto, al margen de la financiación habitual de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Sin embargo, la ministra Dolors Montserrat, afirma ahora que son ellas, las comunidades autónomas y las administraciones locales, quienes tienen que aportar estos 120 millones.

Además, de los 80 millones que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado para finalmente financiar este pacto, este año, hay 43 millones, en principio destinados al Ministerio de Interior, que, según varias plataformas como la Plataforma Impacto de Género (que se dedica a revisar cada año los PGE, con una perspectiva de género) no aparecen en los números que da el Gobierno.

En opinión de Sofía Castañón, la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, están “regateando calderilla”.

La comisión de seguimiento del Pacto de Violencia de Género ha tardado seis meses en constituirse en el Congreso de los Diputados y aún no se ha reunido, aunque también es cierto que no habría podido seguir un pacto que sigue en el limbo.

Artículos del Pacto que exigen la formación en violencia de género de los jueces y juezas

104. Reforzar la especialización en el ámbito procesal intermedio (juzgados penales), que son los que atienden el mayor número de casos.

159. Ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género. Estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable.