El 28 de septiembre de 2017 se firmó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Este miércoles, seis meses después, no se ha puesto en marcha ninguna de sus medidas y continúa sin presupuesto. Ante este incumplimiento, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso la reprobación de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

Irene Montero ha anunciado esta iniciativa en una rueda de prensa a los medios de comunicación en la que también ha denunciado que esto evidencia que para el Gobierno "este Pacto es papel mojado" al no haber iniciado ninguna medida legislativa y de que desde la fecha de su aprobación ha habido más de 35 feminicidios.

Montero señala que en estos seis meses hay medidas que se deberían haber ejecutado de forma urgente: la modificación de la normativa para acreditar a las víctimas de violencia machista, el cambio de la ley para las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y la devolución a los ayuntamientos de las competencias en materia de violencia de género.

Además, explica que se presupuestaron 200 millones de euros para el año 2017 destinados a implementar este Pacto: "Se prometieron ejecutar en 2017 y todavía no han llegado ni se les espera. Ya estamos en 2018."

"Una ministra más a la lista de reprobaciones"

Otra de las razones por las que Unidos Podemos ha pedido la reprobación de la ministra Montserrat es la "situación de extrema gravedad" de los servicios sociales y la atención a la dependencia. Montero ha señalado que su partido no entiende por qué han quedado sin ejecutar 44 millones de euros de los presupuestos anteriores destinados a la garantía del sistema de dependencia cuando hay "310.000 personas en lista de espera para obtener una ayuda después de que se reconozca que están en situación de dependencia". 

Además, ha denunciado el posible nombramiento como subdirectora de general de calidad del medicamento de Sanidad de la exsubdirectora de Farmacia de la Xunta de Galicia, Carolina González-Criado, imputada por un presunto delito por homicidio imprudente debido al supuesto retraso en el suministro de los fármacos contra la hepatitis C, por el que llegaron a fallecer seis personas.

Por esto, alegan que van a exigir "su reprobación" y así "sumar a una ministra más a la lista del gabinete de reprobaciones que tiene el señor M.Rajoy".