Al menos 28 trabajadores murieron electrocutados en un taller clandestino de ropa en Tánger el pasado lunes. Hace un año, 43 obreros fallecían a causa de un incendio en una fábrica de bolsos de Nueva Delhi. Cuatro años atrás, se contaban más de treinta cadáveres en otro incendio de un centro de producción textil de Bangladesh. En ese mismo país, en 2013, murieron 1.129 trabajadores tras el derrumbe de un edificio que daba cobijo a ocho talleres. La hemeroteca muestra que lo ocurrido en Marruecos no es un hecho asilado, sino una tendencia común dentro de la industria de la moda que, desde finales de los años ochenta del siglo XX, ha deslocalizado progresivamente sus fábricas en regiones del mundo donde la vulneración de los derechos humanos y la desregulación ambiental están a la orden del día.

"Es un sector que no requiere de unas habilidades especiales, ya que es fácil formar a los trabajadores para coser en talleres. Esto facilitó la deslocalización hacia países más empobrecidos. A ello hay que añadir que es muy fácil montar y desmontar las fábricas. Al final, sólo se necesitan máquinas de coser y un establecimiento", explica Laura Villadiego, periodista e investigadora del colectivo Carro de combate. Esta facilidad para crear talleres se convierte en un elemento importante dentro de todo el proceso productivo del sector, pues las fábricas principales con las que las grandes marcas acuerdan la confección de la ropa subcontratan parte de la elaboración a estos centros para dar respuesta a los picos de demanda que vienen desde Europa.

El caso de Tánger es paradigmático precisamente porque revela cómo estos subcontratos difuminan la cadena productiva y, en caso de catástrofe, favorecen a que las grandes marcas –que indirectamente contribuyen a la vulneración de derechos humanos– no estén bajo los focos mediáticos. "Si no podemos identificar a las empresas que están detrás de todo esto, ¿quién se hace cargo de la compensación a las familias?", se pregunta Denisse Dahuabe Rabie, responsable de la campaña Ropa Limpia de Setem, una federación de organizaciones sociales que trabaja para visibilizar las desigualdades entre el Norte y el Sur Global. "Si la empresa no se responsabiliza y el Gobierno tampoco, al final son las trabajadoras y los ciudadanos quienes pagan las negligencias. En este caso, el Ejecutivo de Marruecos no ha dicho nada sobre cómo van a ayudar a las familias y recordemos que hay casos como el de una madre que ha perdido a sus cuatro hijas en el accidente", agrega.

Por lo que se refiere a la vulneración de Derechos Humanos, las condiciones laborales se podrían calificar, según Dahuabe Rabie, de "esclavitud moderna". Tanto es así que una investigación de Setem sobre la industria textil apunta que ninguna de las 50 principales compañías de ropa del planeta paga un salario. Las trabajadoras –la mayoría son mujeres– soportan jornadas de doce a catorce horas diarias dependiendo del país en el que se asiente la fábrica.

En declaraciones para El País, Adil Defouf, un empresario marroquí del sector textil defendía al propietario del taller de Tánger: "La gente no estaba explotada, como se está diciendo en algunos medios. Aquí, si no le das el salario mínimo a los trabajadores, nadie viene a trabajar, porque hay mucha competencia". Para la portavoz de Setem, sus palabras simbolizan muy bien cómo funciona el sector a nivel global. "Entre líneas, lo que está diciendo es que estaría dispuesto a pagar por debajo del salario mínimo", denuncia.

En cierto modo, la vulneración de derechos básicos va de la mano de la devastación ambiental y a un impacto en la salud de los trabajadores, debido a la cantidad de tóxicos que se utilizan para la fabricación de prendas de ropa. Esta misma semana un pueblo de Indonesia amaneció teñido de rojo debido a unas inundaciones que alcanzaron una fábrica de ropa donde se guardaban tintes. "Los vertidos químicos son constantes", apunta Villadiego, que señala al río citarum, en Indonesia, como uno de los más dañados por la descarga de desechos procedentes de las fábricas. La laxitud de las normativas ambientales de los países del sudeste asiático también fue determinante para que muchas grandes marcas decidieran trasladar sus centros de producción a finales del siglo XX. "Al final, si no tienes que hacer una gestión adecuada de los residuos que generas te estás ahorrando muchos costes de producción", apunta.

Muchos de los procesos de fabricación, además de tener un impacto en el entorno, tiene graves consecuencias para la salud. Uno de ellos es el sandblasting, que es el modo en el que se destiñen los pantalones vaqueros a través de la aplicación de chorros de arena a presión. Esta técnica –utilizada de manera generalizada por algunas marcas como H&M, Zara o Levis, según el libro Carro de combate. Consumir es un acto político– tiene consecuencias directas en los sistemas respiratorios de los trabajadores, que terminan desarrollando enfermedades como la silicosis, tal y como apunta una investigación del Instituto de Salud Carlos III.

Celia Ojeda, responsable de la campaña de Consumo de Greenpeace, reconoce que en los últimos años muchos de estos países han mejorado sus normativas ambientales y pone el foco en la contaminación global que genera el sector. "Es el segundo sector del mundo que más emisiones genera", advierte. Según los datos de la organización ecologista, la ropa y el calzado son responsables del 8% del total del CO2 que se libera cada año a la atmósfera. Esto se debe a la ingente cantidad de recursos y energía que se necesitan para fabricar una prenda, pero también a la huella ecológica asociada al transporte. La deslocalización y la subcontratación de talleres genera una importante cadena de emisiones de gases de efecto invernadero que empieza en el telar donde se confecciona la tela y termina en occidente donde se termina vendiendo el grueso de la ropa.

"Si tuviéramos que destacar un problema, habría que hablar del impacto que genera el poliéster", destaca Ojeda. "Es difícil encontrar una prenda de la denominada fastfashion que no lleve este material". Se trata de un compuesto que ayuda a los fabricantes a abaratar los costes, pero que está formado por miles de partículas de microplásticos, las cuales se desprenden de la ropa cuando entran en contacto con el agua en el lavado y terminan contaminando ríos y acuíferos.

Dadas las consecuencias que este modelo deja en la salud de los trabajadores y en los ecosistemas, desde Setem reclaman que los Gobiernos europeos obliguen a sus empresas a ser responsables de toda la cadena de producción y a mejorar la transparencia de la misma. "Actualmente, estamos funcionando con marcos normativos que se basan en recomendaciones éticas que no tienen ningún tipo de base jurídica que obligue a las compañías a cumplir", demanda Dahuabe Rabie.

Pero la presión a los Gobiernos por parte de la sociedad civil no es la única herramienta. Desde los grupos ecologistas y las organizaciones de Derechos Humano ponen el foco en el papel que puede tener el consumidor a la hora de elegir ropa ética. La economía circular, el mercado de segunda mano, la reparación de prendas y dar la espalda a un mercado compulsivo que se nutre de más de cincuenta microtemporadas anuales son algunos de los principales reclamos de Greenpeace.

"A día de hoy, este sistema ha logrado que nos sintamos impotentes ante el poder corporativo, pero tenemos que empezar a confiar en que el poder de las personas es mucho mayor. Como ciudadanos o como consumidores, tenemos la capacidad de doblegar la mano del sistema y transformar las cosas. Podemos hacer mucho más de lo que creemos. Cuando vamos a una tienda, podemos poner atención a cómo se ha hecho esa prenda y decidir no comprarla. Cuando apoyamos a un partido político determinado, podemos exigirle que cambie las cosas", sentencia Dahuabe Rabie.