La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, está muy preocupada por las numerosas denuncias que han llegado a su mesa en relación a la actuación de la Justicia española. En especial cuando las madres denuncian la violencia de género y sexual que han sufrido tanto ellas como sus hijos e hijas por parte de sus parejas. Este jueves, junto a otros siete expertos de Naciones Unidas, hizo público un comunicado en el que exigía al Estado español "hacer más" para "proteger a los niños y las niñas en el sistema de Justicia". 

Esta comunicación no es la primera ni será la última, tal como afirman fuentes de la relatoría consultadas por Publico. Este órgano experto e independiente ha recibido un gran número de denuncias de madres españolas relacionadas con el tema de las custodias y los sesgos discriminatorios contra las mujeres en el sistema de Justicia desde 2019. En total acumulan más de 30 denuncias y tan solo "esta semana, justo antes y después de la salida del último comunicado, hemos recibido dos casos adicionales", afirman.

Fuentes de la relatoría advierten a este diario de que, si bien no han podido revisar todos y cada uno de los casos para corroborar las alegaciones específicas, "la cantidad de denuncias indica que existe un patrón estructural respecto del cual este órgano ha expresado repetidamente su preocupación". En al menos tres ocasiones, este organismo de Naciones Unidas envió comunicaciones pidiendo explicaciones a nuestro país por el trato que la Justicia da a muchas madres y a sus hijos cuando denuncian abusos sexuales o violencia de género y por la aplicación en los juzgados del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP). Una supuesta patología mental que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional y que supone la criminalización de las madres, que en muchas ocasiones acaban sin la custodia de sus hijos culpadas de interferir en la relación de los menores con sus padres cuando denuncian abusos sexuales o malos tratos por parte de éstos.

Desde 2019 este organismo ha enviado a España cuatro peticiones de información, una de las cuales aún no es pública. Uno de los casos por los que ya se interesó dicha relatoría fue el de María Noel, una madre uruguaya que había denunciado a su pareja por abusar sexualmente de su hija de siete años. Un juzgado de Lleida aplicó el síndrome el SAP y dio la custodia en exclusiva al padre de la niña. Desde entonces la madre sólo ve a su hija en un punto de encuentro familiar una vez a la semana. 

La segunda comunicación fue interesándose por la situación de una mujer y su hija de siete años, después de tener conocimiento de que un juzgado de Alicante revocó la orden de protección hacia la niña y decretó la custodia compartida, pese a existir informes que atestiguaban un posible abuso sexual por parte del padre de la menor.

La tercera vez que la relatora pidió explicaciones a España sobre esta materia fue en septiembre de 2020. En una nota contundente, pedía a nuestro país que explicara qué acciones estaba tomando para proteger a madre e hija en el caso de Irune Costumero, a quién los servicios sociales de Bizkaia separó de su hija de forma violenta aduciendo un síndrome de alienación "marental". En dicha comunicación, este organismo volvía a preguntar a nuestro país por los casos anteriores.

España está obligada a contestar a estas comunicaciones. Lo hace a través del Ministerio de Exteriores, y en la mayoría de los casos no da respuesta a las preguntas concretas de la relatoría sobre las medidas emprendidas por nuestro país para proteger a las madres y a sus hijos, sino que se suele limitar a informar de la legislación que nuestro país ha puesto en marcha en las últimas décadas. 

Una nueva comunicación

Desde la oficina de la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer advierten de que hacia finales de noviembre han enviado a España una nueva petición de información sobre un caso del que han tenido conocimiento y anuncian que ésta se hará pública a finales de enero, cuando se hayan cumplido 60 días desde su envío, como es habitual en este procedimiento. Esta experta ya incluyó su caso en la nota que este pasado jueves envió a España, pero ahora pregunta específicamente por él pidiendo información sobre cómo nuestro país está protegiendo el derecho de madre e hija.

Se trata del caso de Diana G. M., una mujer a la que el juzgado de Pozuelo de Alarcón le quitó recientemente la custodia de su hija de seis años tras acusar a la madre de obstaculizar la relación entre la niña y su padre, una de las formas de aplicación del SAP. Esto ocurrió a pesar de los antecedentes de violencia de género y de las pruebas que apuntaban a que éste había cometido abusos sexuales contra su hija durante años. Sin embargo, el juzgado le dio la custodia de la menor en exclusiva al padre.

"Este caso ilustra el patrón que fue identificado, en el cual en el contexto de violencia de género contra la madre y de serias alegaciones de abuso sexual infantil no son tenidas en cuenta por los tribunales. Al contrario, las madres que buscan protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas se perciben como obstáculos a la relación con el padre", explican fuentes de la relatoría.

La ley de la Infancia, un buen paso, pero insuficiente

Las mismas fuentes han afirmado a este diario que aunque el Gobierno haya tratado de combatir esta distorsión con el cambio a la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada junio de 2021 por el Parlamento, advierten de que es necesario "avanzar en la implementación de la ley y en la capacitación de los profesionales del sistema de Justicia de la manera más rápida posible, dado el impacto sobre la seguridad física de niños y madre y su salud mental".

"Aunque la nueva ley represente un paso positivo, solamente será efectiva si se la acompaña de otras medidas como la capacitación, formación y la transversalización de un abordaje sensible al género, centrado en los niños y las víctimas en el sistema de Justicia", añaden.

Además, añaden, es importante resaltar que, aún en los casos donde los tribunales no otorgan la custodia integral a los padres, sino que establecen la custodia compartida, "esto puede representar una violación de los derechos del niño y de la niña. De hecho, el principio del interés superior del niño establece que, si un progenitor es violento y/o abusivo, la protección del niño contra la violencia debe ser la prioridad por parte del Estado, incluso por medio de la interrupción completa del contacto con el progenitor abusivo de ser necesario. El derecho a estar libre de violencia, incluyendo aquella que resulta en malos tratos o hasta tortura, debe prevalecer ante el derecho del niño y niña a no ser separado de sus padres".

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha decidido tomar cartas en este tema, afirman desde su oficina, debido a las implicaciones que tiene desde el punto de vista regional e internacional. "Lamentablemente, el fenómeno no se verifica solamente en España, sino también en otros países de Europa, América Latina y otras regiones del mundo. Esto está vinculado a la menor credibilidad atribuida a los testimonios de las mujeres en los tribunales, debido a estereotipos de género discriminatorios". Unos estereotipos que organismos de Naciones Unidas han pedido combatir en diversas ocasiones a nuestro país, especialmente en el sistema de Justicia.

Ya Naciones Unidas condenó a España en 2015 por la falta de perspectiva de género en el sistema de Justicia. Lo hizo en el caso de Ángela González Carreño, por el que el Comité de Eliminación de la discriminación sobre la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) exigió a España cambios concretos tendentes a asegurar la formación de todos los operadores jurídicos y a erradicar los estereotipos de género en la Justicia. España ha avanzado en estas metas, pero, a tenor de los datos ofrecidos por la relatora Reem Alsalem, aún queda mucho camino por recorrer. 

El caso de Juana Rivas y el último auto hecho público por el juez, Manuel Piñar, que le ha denegado la puesta en libertad, es un claro ejemplo.