España ha vulnerado el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años a quien no se admitió en en un colegio público de Melilla después de que se confirmara que residía en la ciudad autónoma.

Así lo ha determinado este lunes el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU en un dictamen que se suma a otros casos denunciados durante los últimos años por varias asociaciones de la infancia y abogados extranjeristas, para quien no hay duda de que en Melilla se vive un auténtico apartheid educativo de niños de padres marroquíes que viven en la ciudad o de familias nacidas en Melilla de ascendencia marroquí que nunca han conseguido regularizar su situación.

En esta ocasión, el comité analiza el caso de A.E.A., de madre marroquí. Un niño que nació en Melilla en 2013 y vive desde entonces en España. Cuando tenía seis años, la madre de A.E.A. intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia. A pesar de varios procedimientos judiciales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que A.E.A. asistiera a la escuela pública, según se explica en el dictamen.

Su madre presentó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que A.E.A y su familia vivían en Melilla.

El conflicto se resolvió en marzo de este año, cuando el Ministerio de Educación ordenó a las autoridades locales que permitieran a A.E.A. asistir a la escuela. Si bien, para entonces, había perdido casi dos años de educación formal, según advierte el Comité.

Demasiado tarde

"Celebramos la decisión de admitir a A.E.A. en la escuela. Sin embargo, ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela", ha indicado el miembro del Comité, Luis Pedernera.

Según añade, "todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres" por lo que "A.E.A debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española".

El Comité instó al Estado a proporcionar a A.E.A. una compensación adecuada y a que adoptara medidas proactivas para ayudarlo a ponerse al día en la escuela.

"A pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, A.E.A. y la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño", ha subrayado Pedernera.

El año pasado, el Comité recibió con satisfacción la "rápida" decisión de España de permitir que una niña marroquí de 12 años se matriculara en una escuela local. Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, calculan que más de 150 niños sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema educativo público.

Para evitar violaciones similares, el Comité ha pedido a España que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de niños y niñas para admitirles en el sistema escolar público sin demora.

Una pizarra ante el Ministerio de Educación

Este dictamen llega pocos días después de que la Plataforma de Infancia desplegara una pizarra gigante delante del Ministerio de Educación, para pedir la escolarización de más de 150 niños y niñas de Melilla que no tienen plaza para el curso 2020/2021.

En la pizarra, desplegada el pasado martes, estaban escritos los nombres de los niños y niñas de Melilla que no han conseguido una plaza en el colegio para el próximo curso, muchos de los cuales llevan años en esta situación, según ha denunciado la Plataforma.