Una mujer de 83 años, extrabajadora social del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid, ha sido condenada a dos años de prisión y a pagar casi 148.000 euros tras declararse culpable de haber cobrado indebidamente durante 33 años una pensión de una persona fallecida en 1980. La condenada ha mostrado su arrepentimiento al reconocer que falsificó hace 33 años el DNI del fallecido y ha terminado aceptando una rebaja de la pena en la solicitud fiscal de seis años a dos años de cárcel por la aplicación de atenuantes de dilaciones indebidas y atenuante del daño.

"Estoy muy arrepentida. Voy a pagar todo lo que debo a la Seguridad Social", ha aseverado la mujer, de 83 años, entre lágrimas al inicio de la vista oral.
Juana Igeño se enfrentaba a seis años de prisión por delitos de estafa y falsedad documental pero finalmente la pena ha quedado reducida a dos años y al pago de 147.963 euros tras un acuerdo de conformidad entre las partes. La estafa se inició en 1980 y ascendería a los casi 200.000 euros.

El acuerdo solo se refiere a la parte penal, dado que Bankia no ha aceptado el pacto alcanzado al mostrarse en contra de la cuantía a pagar. Esta entidad bancaria es responsable civil de los hechos debido a que no se percató de lo que estaba sucediendo, según le acusa la Tesorería General de la Seguridad Social.

El exdirector de la sucursal donde la acusada retiró el dinero estafado durante años ha relatado que en 1981 se abrió una cuenta de ahorro con el nombre del fallecido y ha explicado que la mujer iba al banco con el DNI y con la Fe de Vida (certificado que declara que una persona está viva), manifestando que estaba enfermo en casa.

"La mujer vino con un DNI caducado y le comenté que debía llevar un notario si la persona del DNI estaba impedida en casa", ha relatado. Fue entonces cuando la mujer le dijo: "Si usted le viera, el pobrecito no se puede ni mover", según ha indicado en los pasillos tras salir de su comparecencia.

Además, uno de los agentes de la Policía Nacional que realizó la investigación ha señalado que se confirmó que las bases de datos del Registro Civil no se cruzan con las bases de datos de la Seguridad Social.

Juana Igeño prestaba sus servicios como trabajadora en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Allí estaba internado J.P.M. quien murió el 17 de marzo de 1980. Gracias a que el fallecido no tenía familiares conocidos, la acusada se hizo con su DNI y documentación bancaria con el fin de seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que le había sido concedida en 1977.

La cantidad a percibir inicialmente fue de 104,16 euros mensuales, pero en 2013 ascendió a 689,15 euros. Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente a nombre del fallecido donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado.

A partir de 2008 modificó su modus operandi y falsificó una autorización a su favor firmada "aparentemente" por J.P.M. que le permitía hacerse con el dinero. En enero de 2013 la entidad bancaria instó a la acusada a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, "que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid", presentando el DNI original del fallecido, y una autorización a su favor para solicitarla, "que ella misma había confeccionado imitando su firma".