"Los técnicos que revisaron el centro lo catalogaron como rojo, es decir, consideraron que tenía que ser derribado. Te hablo de la primera inspección de la Conselleria, poco después de la DANA. Lo último que nos habían dicho es que iban a poner unos barracones mientras construían un nuevo edificio, para que los niños pudieran volver al pueblo el curso que viene. El paso estaba prohibido, habían precintado el colegio, nadie entró hasta que empezaron las tareas de limpieza, y tampoco sabemos quién las ha solicitado", responde al otro lado del teléfono María Ángeles García, presidenta del AMPA del CEIP Lluís Vives de Massanassa. El edificio tenía 50 años y llevaba un tiempo "en malas condiciones", con las ventanas oxidadas y algunos techos descorchados, según denuncian las familias. "El día de la DANA, los coches chocaron contra las vigas y paredes del colegio. Les iba a costar más dinero arreglarlo que hacer uno nuevo...", insisten. 

La Conselleria no había llegado a comunicar –al menos, formalmente– su decisión cuando la catástrofe volvió a golpear Massanassa: un trabajador de 51 años ha fallecido y otro resultó herido al derrumbarse parcialmente una pérgola mientras realizaban labores de inspección, rehabilitación y limpieza en las inmediaciones del edificio. Los dos operarios, de la empresa pública Tragsa, estaban acompañados por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La muerte del trabajador –"asesinato", según los sindicatos– ha vuelto a poner el foco en la "negligente" gestión de Carlos Mazón y su conseller de Educació, José Antonio Rovira. 

El president de la Generalitat había confirmado una visita al colegio Lluís Vives tras conocer la noticia, pero la actualidad forzó un cambio de planes. "Todos tenemos derecho a estar con nuestras familias", trató de justificar su equipo. Mazón decidió no acudir al lugar del accidente poco después de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, fuese increpada en la localidad junto a otros miembros del Govern. "¿El trabajador que fue asesinado por ellos [la administración pública valenciana] no tenía derecho a descansar con su familia? Esto pasa de castaño a oscuro. Si la reconstrucción consiste en enviar trabajadores al matadero, nosotros hacemos una enmienda a la totalidad", reivindica Beatriu Cardona, portavoz de la Intersindical Valenciana.

El conseller de Educació, Cultura, Universitats y Ocupació, José Antonio Rovira, llegó a decir que "en ningún caso había un informe que dijera que el edificio corría riesgo de colapsar". Los datos lo desmienten. Y la hemeroteca, también. El alcalde de Massanassa, Paco Comes (PP), ha defendido este lunes que su equipo "siempre" peleó para impedir la entrada "a ese recinto". El Ayuntamiento, de hecho, llevaba semanas alertando de la peligrosidad de los desprendimientos. "Se prohíbe a toda la población, por precaución, la entrada en los colegios Lluís Vives y Ausiàs March ante el aviso de posible derribo", reza una publicación difundida en redes el pasado 7 de noviembre.

Rovira ha subrayado que el accidente tuvo lugar "simplemente en un porche, quizá por un daño en un pilar" y ha calificado el derrumbe de "imprevisible". La oposición y la comunidad educativa, de nuevo, contradicen esta versión. "Llama la atención que, mientras el Ayuntamiento de Massanassa pedía no acercarse al centro, la Conselleria diga que no había peligro. Es una incoherencia más de su forma de actuar. El mejor ejemplo de lo que es la politica de Mazón es el conseller de Educación: la dejadez absoluta", reconoce a Público José Luis Lorenz, diputado del PSPV y portavoz de Educación en Les Corts. Los socialistas recuerdan que el propio Consistorio había solicitado adherirse al Pla Edificant, impulsado por PSPV, Compromís y Unides Podem, para renovar el CEIP Lluis Vives. El PP decidió paralizar este programa tras hacerse con el Govern de la Generalitat. 

"El conseller de Educació ni siquiera ha visitado la zona. Mazón y su gobierno han abandonado por completo la gestión educativa. Esto denota una falta de humanidad y de profesionalidad absoluta; han delegado toda la responsabilidad en los directores de los colegios e institutos... La situación es de extrema gravedad", señala Gerard Fullana, diputado de Compromís y portavoz de Educación en la Generalitat. Yolanda Díaz ha confirmado este lunes que Inspección de Trabajo investiga la muerte del operario fallecido en Massanassa, mientras crecen las dudas sobre la actuación de la empresa en la zona: ¿por qué se limpiaba un colegio que va a ser derribado? La Conselleria d'Educació tampoco ha respondido –por ahora– las llamadas de Público. 

El abandono de la comunidad educativa

Los efectos de la DANA han forzado el cierre –temporal, cuando no definitivo– de 92 colegios e institutos en todo el País Valencià. La Conselleria d'Educació ordenó hace dos semanas la reapertura de 47 de ellos, pero son muchos los que siguen empolvados por el moho, el barro y las humedades. "La DANA ha dejado al descubierto la estructura general del sistema educativo valenciano, caracterizada por la precariedad y un mantenimiento de mínimos. El Govern lleva días presionando a los centros, concretamente a los equipos directivos, para retomar la actividad cuanto antes", desliza Rubén Pacheco, presidente de la federación de familias FAMPA València.

El Ayuntamiento de Benetússer ha suspendido sine die la apertura de los colegios y otros municipios piden que Educació "certifique" que es "seguro" volver a las aulas, una demanda que se ha intensificado tras la muerte de un operario este fin de semana. "El conseller ha dicho que ese pilar [en el CEIP Lluis Vives de Massanassa] podía estar dañado de antes de la DANA. Si efectivamente era así y ninguna de las revisiones técnicas lo detectó, hablamos de una negligencia gravísima. Pero la cosa no se acaba aquí. El Ayuntamiento alertó después de las inundaciones de la posibilidad de un derrumbe. Los técnicos y el conseller lo sabían, si no, sería otra negligencia en este suma y sigue inacabable", continúa Pacheco. La Generalitat ha exigido a los docentes, según fuentes de la comunidad educativa, dar cuenta del estado de las cañerías, la instalación eléctrica o la calefacción en los centros afectados por la DANA. 

"Los directores nos dicen que no han recibido indicaciones prácticamente para nada. Los colegios han vuelto a abrir sin informes de garantías de salubridad. Esto es un tema gravísimo: toda la responsabilidad se volcó sobre los equipos directivos", reconocen desde Compromís. Beatriu Cardona, portavoz de la Intersindical Valenciana, confirma a Público que, como sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, no descartan acciones legales: "Los trabajadores ven que nadie garantiza ni su salud; ni sus vidas. Llevamos desde el principio advirtiendo de que los colegios no son seguros, lo sabemos porque los hemos visitado, pero claro, el conseller no ha salido de su despacho. Esta muerte es un asesinato de la patronal y la patronal es aquí la administración pública valenciana; podía haberse evitado, por eso vamos a tramitar todas las denuncias que consideremos oportunas".