La muerte de Mohamed Alam, de 27 años, en una chabola que se incendió este jueves en Lepe por causas que investiga la Guardia Civil ha puesto de relieve una vez más las condiciones de vida indignas en las que viven los jornaleros y migrantes en Lepe (Huelva), uno de los municipios freseros por excelencia.

La situación viene de lejos –décadas– y las administraciones –Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno– no han sido capaces de solucionar el problema en un municipio en el que la infravivienda es un tema estructural y previsible. Hay buenas palabras y magníficos planes para edificar una red de albergues, pero están en los cajones. Y la situación se repite año tras año al menos desde el inicio del siglo.

En Lepe hay unas mil personas que viven en chabolas, el 90% hombres, de los que la mitad tienen permiso de trabajo y residencia, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Público. Ya en el año 2017, la Junta de Andalucía, en un estudio, describía así la situación: "Ante la práctica inexistencia de plazas en albergues, la casi imposibilidad de acceder al mercado de alquiler de viviendas, además de los problemas asociados al empadronamiento que algunos ayuntamientos niegan al no vivir en una casa convencional, nace la cruda realidad de los asentamientos".

"Este modelo, –continúa el trabajo– basado en la vulneración de los derechos laborales y humanos de los trabajadores residentes en chabolas ha generado a su vez, por un lado, un proceso de competencia desleal, en el que empleadores diversos, agrarios o del sector servicios, hacen de la vulnerabilidad de los trabajadores la base de su rendimiento y utilidades, pudiendo ofertar o aceptar por sus productos precios por debajo en el mercado y, por otro, una latente amenaza mediática internacional, que pone en riesgo la cuota conquistada en el mercado internacional, con cuestionamientos sobre la calidad y origen poco ético de los productos agrícolas de la región".

Condiciones infrahumanas

Un lustro después, la situación es la misma. Hace unas semanas, cuando se supo que decenas de inmigrantes dormían al raso en Lepe, 50 ONG alertaron en un comunicado de "la deshumanización y la ausencia de empatía por parte de las administraciones". "No podemos entender que, después de más de veinte años de campañas agrícolas exitosas donde empresarios y administraciones se congratulan mutuamente de la expansión de un negocio redondo, se olviden por completo de las condiciones de vida más básica de la mano de obra, como es un alojamiento digno. Esta actitud solo se puede entender desde la lógica del capitalismo más depredador y deshumanizado y desde el racismo institucional, impropio de un estado social y de derecho".

En aquel comunicado, las ONG exigían "soluciones inmediatas de alojamientos, sin más dilación, para las personas temporeras que están llegando a Lepe en estos momentos" y también "la coordinación de las administraciones públicas, junto al sector empresarial implicado para ofrecer una solución seria y viable al grave problema de alojamientos para las personas trabajadoras del sector de los frutos rojos". "El problema habitacional produce situaciones dramáticas", aseguran en ASNUCI, una ONG que gestiona un albergue y un centro de día en Lepe: "Llevamos años denunciando y exigiendo soluciones".

Hasta ahora, probablemente el trabajo más documentado sobre el chabolismo vinculado al boom de la fresa es Realidad de los Asentamientos en la provincia de Huelva, probablemente el más completo de los elaborados hasta la fecha sobre el tema, en el que colaboraron varias ONG. Ese estudio es también de hace un lustro y ya se alertaba de que los incendios eran una "dificultad a la que se tienen que enfrentar estas personas día a día".

"Que se quemen chabolas hechas de plásticos y palés sucede cada dos por tres. Que un chaval joven muera como consecuencia de las condiciones de vida a las que se enfrenta es una auténtica aberración. Nos debería importar las vidas de las miles de personas (muchas provenientes de países en guerra) a las que no vemos con los mismos ojos que otras europeas a las que estamos ayudando a salir de su país. Esto tiene que ver con la racismo, y el racismo institucional", afirma Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía.

"Casi 20 años –agrega Mora– viviendo en condiciones infrahumanas cuando con un solo presupuesto, solamente con una partida en uno de ellos, de la Junta de Andalucía se podría haber construido una red de albergues para que todos ellos vivieran en condiciones dignas. La decisión de no hacerlo es política. Porque este colectivo no sale todos los días en la prensa. Porque no dan votos. Porque no inspiran la misma empatía que las personas que huyen de Ucrania. Insisto. Esto es racismo institucional. Las políticas migratorias de las que nos dotamos permiten que lo inhumano se instale en la normalidad".

"La insalubridad, la inseguridad y la ausencia de acceso a recursos básicos son una constante que se repite en todos y cada uno de los asentamientos. Las personas que los habitan sobreviven, día tras día, con el riesgo de sufrir enfermedades (por falta de salubridad o encontrarse sin refugio ante las condiciones climatológicas), con una vida en estado de alerta, con la ausencia de recursos más básicos como el agua corriente y la electricidad, [además] de no tener cuatro paredes en las que poder refugiarse. El acceso a la vivienda no es un lujo sino un derecho y una necesidad (art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Por ello resulta inconcebible que haya personas que vivan en estas precarias condiciones debido, principalmente, a la ineficacia de las Administraciones Pública", se lee en el trabajo Realidad de los asentamientos.