El 17 de julio de 2023, Patxi fue desahuciado sin ninguna alternativa habitacional. Residía junto con otras 18 familias en el edificio ocupado de La Dignidad en Móstoles (Madrid). "Tenía un estado de salud muy delicado, una discapacidad del 65% y sufría varias dolencias crónicas graves: aterosclerosis, arteriopatía crónica, diabetes, hipertensión, anemia y desnutrición severa", informan desde la plataforma Stop desahucios de Móstoles.

Tras el desalojo, Patxi, junto a las demás familias expulsadas, se encontraba residiendo durante nueve meses en el parque Cuartel Huertas, sin que el Ayuntamiento de Móstoles le ofreciera alguna solución, teniendo incluso viviendas municipales vacías y cerradas. En distintas ocasiones la Policía los desalojó también de este espacio público; sin embargo, las personas que no consiguieron por sus propios medios alojarse con familiares u otros recursos, continuaron viviendo en el parque. 

Stop desahucios informa que el pasado viernes las dolencias de Patxi se complicaron y tuvo que ser intervenido de urgencia, pero no pudo superar la intervención. Stop desahucios denuncia que su estado de salud empeoró tras el desalojo y no llegó ninguna ayuda por parte de las instituciones. 

Este miércoles, el movimiento de vivienda de Madrid se concentrará a las 11:30 horas en protesta contra el desamparo institucional de las familias vulnerables en Móstoles. Después realizarán una manifestación hasta el parque Huertas, en el que vivió Patxi hasta hace unos días, para conmemorar así la memoria de su compañero de lucha, y que fue enterrado el pasado sábado.

La asamblea insiste en que las instituciones han "asesinado" a este hombre de solo 58 años. "Es incomprensible que el juzgado número 1 de Móstoles no lo considerara vulnerable y lo desahuciara sin ninguna alternativa habitacional".

La Dignidad fue adquirida por un fondo buitre

Patxi residió durante mucho tiempo en el número 2 de la calle Carcavilla de Móstoles. Cuando se produjo su desahucio, también se quedaron sin vivienda 18 menores de edad. Todos ellos fueron expulsados de un edificio que antes de ser ocupado por estas familias llevaba varios años abandonado y en completo desuso. 

El bloque fue adquirido por el banco malo, la Sareb, tras la crisis económica y vendido en subasta por 2.5 millones de euros a la firma Midtown Capital Parters, con sede en Miami. El valor de tasación ascendió hasta los 4.6 millones de euros. Al poco de comprar el inmueble, el fondo inició el procedimiento judicial para expulsar a las familias.

La expulsión de los residentes de La Dignidad también contó con la desaprobación del jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Sociales de la ONU, que en los días previos al desalojo envió una carta a los vecinos –que fue remitida al juez al frente del caso– para solicitar la paralización del desahucio.