“Piano, piano”, dijo Elías Bendodo, cuando el PP, de la mano de Vox y Ciudadanos, llegó por primera vez al Gobierno de Andalucía, tras las elecciones de diciembre de 2018. Y así ha sido. Poco a poco, las derechas han ido implementando su proyecto y su ideología en todos los campos en Andalucía. También, claro está, en el educativo. 

Para el presupuesto del año próximo, Andalucía prevé destinar por primera vez más de mil millones de euros a la escuela concertada –la privada, en su mayoría católica, que se financia con dinero público– a la que vienen favoreciendo frente a la pública, dicen los sindicatos educativos, desde que el PP entró en la Junta.

En términos relativos, la escuela concertada se llevaba año tras año durante los gobiernos del PSOE, alrededor del 10% (décima arriba, décima abajo) del gasto total en educación. Este año es ya un punto y medio superior y llega al 11,5% (1.024.921.678 euros para conciertos educativos sobre un gasto total en educación, sin contar la universitaria, previsto de 8.866 millones). La red de la concertada ha crecido desde 2018 un 22,5%, según ha manifestado la consejera Patricia Del Pozo.

El margen de crecimiento para este negocio es en efecto aún amplio en Andalucía. Cuando llegó Juan Manuel Moreno Bonilla al Ejecutivo, la comunidad era, de todas, la cuarta que menos fondos destinaba en términos relativos, respecto al total del gasto educativo. Solo Canarias, Extremadura y Castilla La Mancha desviaban menos dinero público hacia manos privadas en este ámbito.

La consejera del Pozo ha defendido su política. “No se entiende el sistema educativo de Andalucía sin su red concertada. ¿Qué importa que estudien en un concertado, en un público si lo pagan los fondos de los andaluces? Hay que cuidarlos exactamente igual”, dijo hace unos días en el Parlamento autonómico.

El sistema mixto, educación concertada combinado con el público –en España, se creó en el año 1985, con los socialistas en el poder–, genera problemas de equidad. Así lo recogen diferentes trabajos y estudios. De este modo, lo resume, en términos generales, por ejemplo, un informe de la fundación Bofill: “Aunque la segregación escolar y las prácticas selectivas figuran entre los factores centrales a la hora de explicar los potenciales efectos negativos de los sistemas de provisión mixta en términos de equidad, no son los únicos. Cuestiones como la orientación religiosa de las escuelas privadas subvencionadas se han revelado como problemáticas desde el punto de vista de la equidad”. 

“En contextos de creciente diversidad religiosa y cultural, el predominio de los proveedores religiosos vinculados a unas pocas confesiones resulta cada vez más difícil de reconciliar con los principios de la cohesión social y un trato igualitario que las administraciones públicas deberían conceder a todos sus ciudadanos”, agrega el trabajo.

Además, “la orientación religiosa de los centros educativos se puede traducir en dinámicas discriminatorias con respecto a los estudiantes de determinadas confesiones. Estas dinámicas se han documentado en aquellos contextos en los que los centros privados subvencionados gozan de cierta discrecionalidad en la selección del alumnado”, añade.

Para el contexto español, que es variado y diverso, recoge este mismo estudio: “El modelo de educación concertada se ha basado en un consenso político y social precario, y en acuerdos más tácitos que explícitos. De hecho, la dirección del modelo se define a nivel autonómico. El actual contexto de caída demográfica abre oportunidades para debatir y replantear el sistema de educación concertada en diferentes comunidades autónomas, y favorecer así que el sistema educativo alcance unos mejores niveles de equidad”. 

Reivindicaciones sindicales

Esto no es lo que ha hecho el Gobierno andaluz. El sistema educativo andaluz es un transatlántico. Aporta casi el 20% de los alumnos de todo el país. Y el presupuesto total se acerca ya a los 9.000 millones. Las modificaciones normativas, que favorecen la educación concertada y católica, acometidas por la derecha en este tiempo, dejaron una huelga general educativa antes de la pandemia. 

Después, el Gobierno andaluz ha cerrado algunos acuerdos y mejoras salariales con los sindicatos. Y ahora mantiene abiertas las mesas en las que se está viendo el estructural déficit de plantilla. Los profesores y trabajadores educativos han tratado, en efecto, de que el Gobierno acometiera el problema de las ratios de alumnos por aula con ocasión de la caída de la natalidad, pero de momento sin éxito. 

“Las plantillas en Andalucía son claramente deficitarias, lo que supone un importante menoscabo de la calidad de la educación pública en nuestra comunidad y de las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores”, recogen en una nota conjunta, hecha pública este miércoles, los sindicatos CSIF, ANPE, USTEA, CCOO y UGT.

Las centrales entienden que “es necesaria y urgente una ampliación muy significativa de la plantilla, para mitigar los problemas detectados en relación a la ratio de alumnado, la atención a la diversidad bajo parámetros de inclusión educativa, la carga lectiva del horario del profesorado y el exceso de carga burocrática docente que repercute en la salud laboral y el bienestar emocional de las y los docentes”.