El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha procesado a nueve personas, entre ellas dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía y los dueños del grupo Magtel, por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Minorbis-México, a pesar de que la Fiscalía no aprecia indicios de delito en ese concurso.

En un auto dictado el 8 de febrero, la jueza transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación contra Vicente Fernández, secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la época del concurso y expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI); María José Asensio, ex directora general de Minas de la Junta, y los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, propietarios de Magtel.

También han sido procesados un exjefe de Minas, un ex secretario general de Medio Ambiente en Sevilla, un exjefe de Contratación Administrativa, un interventor de la Consejería de Hacienda y una letrada de la Consejería de Innovación, ya que formaban la Mesa de Contratación que concedió la explotación a Minorbis-México el 25 de febrero de 2015.

La jueza, en un auto que admite recursos de reforma y/o apelación, traslada su decisión a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, postura esta última que el Ministerio Público ha mantenido varias veces, la última el 30 de diciembre.

La magistrada ya archivó la causa en dos ocasiones, el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, al no advertir indicios de prevaricación y considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas".

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, sin embargo, dictó sendas resoluciones el 19 de octubre de 2016 y el 26 de septiembre de 2019 en las que estimó los recursos de los denunciantes y ordenó reabrir la causa al apreciar "sólidos indicios" de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la adjudicación.

Después de interrogar de nuevo a dieciséis investigados, la jueza dictó otro auto el 9 de junio de 2020 en el que descartó la existencia de indicios de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y tráfico de influencias, decisión que esta vez fue respaldada por la Sección Séptima en un auto fechado el 6 de octubre.

La jueza se ciñe en el auto de procesamiento a lo que señaló la Audiencia, que aprecia la prevaricación en "la connivencia desde el comienzo del concurso" entre los responsables de la Junta y los hermanos López Magdaleno, "quienes prevaleciéndose de su relación personal" con el secretario de Innovación "presuntamente impulsaron y favorecieron la confusión en la identidad de los licitadores (Minorbis o Minorbis-Grupo México)".

Así, "de común acuerdo" con la Mesa de Contratación, auspiciaron que ese grupo pasase a la segunda fase del concurso "pese a no cumplir con los requisitos legalmente exigidos" y que consiguiera la adjudicación pese a ser "una entidad controlada mayoritariamente por una sociedad que debía haber sido apartada en la primera fase".