Bajo los primeros soles de la primavera, después de muchos días de agua, respira honda la tierra. Una brisa ligera cruza por encima de los patos malvasía, de pico azul, que dejan una estela de pausa, una sugerencia de camino, sobre la superficie del río Guadiamar. Más allá, un águila atrapa un pez que refulge plateado y se lo lleva en volandas. Hay una sinfonía de trinos, graznidos, croares, que nunca se para. Aparece un milano, que planea con las alas abiertas, una sombra negra sobre el cielo azul. Los carriceros en celo acaban de llegar de África. Despiertan los mosquitos. Ahora se acerca una garza curiosa. Parece preguntarse qué hacen exactamente ahí estos bichos erguidos sobre dos patas.

El agua que inunda la zona tiene a ratos el color del vino tinto. Al fondo, en el horizonte, unos árboles a contraluz parecen edificios. Tal es la distorsión del ojo urbanita en plena naturaleza: elabora metáforas de ciudad en medio de un paisaje pletórico, en medio de una explosión de vida, ajena por completo a los asuntos de los humanos.

Pero estos asuntos, los asuntos de los humanos, hace este 25 de marzo justo 20 años, irrumpieron de pronto en este territorio virgen y salvaje. Y lo arrasaron. Una balsa de lodos tóxicos reventó en Aznalcóllar, río arriba, y su mancha se extendió, inexorable como la nada del cuento de Michael Ende, hasta las puertas mismas del Parque Nacional de Doñana.

Callaron los flamencos, boquearon los peces. Llegó el lodo, el ácido, la muerte. Y con ella, desolación y silencio.

Entonces, ese 25 de abril de 1998, hacia la nada se dirigió gente valiente, trabajadora, enviada por las administraciones, la Junta, el Gobierno, para frenar la catástrofe. Se construyeron tres diques, que lograron impedir que el veneno alcanzara el corazón de Doñana, hacia donde fluía, y lo dañara. Acudió también gente desinteresada, voluntarios, voluntarias, con su corazón y sus manos dispuestos para hacer lo que hiciera falta, recoger huevos de aves, limpiarlos de lodo, de ácido, lo que fuera para sacar ese veneno que amenazaba con matar la pureza. A responsabilizarse, en fin, de lo hecho por otros humanos, los de la empresa sueca Boliden que, en cuanto pudieron, después de extraer algunos minerales más y arreglar la zona cero, el lugar donde comenzó una de las mayores catástrofes medioambientales de Europa se marcharon de allí para no volver y jamás pagar por el daño.

Entre esas voluntarias estaba María José Santana, de Huelva, universitaria de 23 años a la sazón. Desolada, recuerda sus lágrimas, aquellas que dejó caer sobre la tierra envenenada, a la que deseaba curar de aquel paisaje negro, de aquel lodazal sulfúrico lleno de peces muertos. “Nos dijeron que salváramos los nidos, los polluelos, los huevos. Lo dábamos todo por perdido”. Santana es miembro de la ONG Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife.

Limpieza y costes, un calvario judicial

La limpieza de los 62 kilómetros contaminados por unos dos millones de metros cúbicos de lodos y otros cuatro de aguas venenosas fueron una tarea titánica, que ahora el CSIC e, incluso los ecologistas, consideran un ejemplo de descontaminación. Los lodos y las aguas ácidas fueron retenidas y aisladas con muros de tierra improvisados para que no llegaran a Doñana. Los lodos se retiraron camión a camión, las aguas se depuraron. Se presentaron unos 800 voluntarios, que luego tanto ayudarían también en la catástrofe del Prestige, en la costa norte del país, más reciente; existió una coordinación entre las administraciones; la propia mina puso a sus trabajadores a limpiar, y, sobre todo, las tareas se ejecutaron bajo criterios científicos. Sí hubo algunas denuncias sindicales por temas de prevención de riesgos laborales, por falta de equipos adecuados en algunos casos.

Las 4.600 hectáreas anegadas por aquella riada están ya descontaminadas y han recuperado su riqueza ecológica, salvo algunas pequeñas zonas cerca de la mina en las que todavía hay altos niveles de acidez y de arsénico, plomo, cobre y zinc, según un estudio de las Universidades de Granada y Almería publicado en 2015. La balsa que reventó está ya sellada y tiene paneles solares encima. Y el cauce del Guadiamar, hasta donde llegó el veneno, es ahora un corredor verde, protegido por la administración autonómica y pleno de vida. “La catástrofe supuso un repulsivo social, el proyecto del Guadiamar es bueno, pero faltan cosas muy importantes. Aún quedan muchos compromisos por cumplir. Por ejemplo, la conexión del Guadiamar con el Guadalquivir es un compromiso del consejo de ministros”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, quien ejerció de portavoz de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y la suya, WWF, en una rueda de prensa en Sevilla, en la que analizaron la situación 20 años después del desastre.

Se calcula que las actuaciones costaron en total unos 200 millones de euros, entre limpieza y las expropiaciones de fincas destrozadas, en las que se gastaron unos 60 millones, “se pagaron muy bien”, recuerda una abogada que participó en el proceso, de los que la administración -central y autonómica- no ha recuperado ni un euro. Boliden, la empresa responsable de la explotación minera y de la seguridad de la balsa se fue de rositas. Cerró en enero de 2002 y dejó a 417 personas en la calle. Otras 300 de la industria auxiliar se quedaron también sin empleo. “(El desastre) nos pilló en el vestuario entrando a trabajar en el turno de mañana. Todos los mineros estuvimos trabajando en la limpieza. (Desde abril) hasta septiembre (de 1998), que reabrió la mina. Hasta que se fueron”, recuerda Juan José Fernández, entonces minero y actualmente alcalde de Aznalcóllar por IU.

Miles de peces aparecieron muertos en las orillas del Guadalquivir a causa del vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar. EFE

Después de la limpieza, la Administración demandó a Boliden y Boliden demandó a las empresas constructoras de las balsas. 20 años después, el proceso se ha saldado sin responsables penales y, por el momento, tampoco, civiles. El periplo judicial recuerda a las peores pesadillas burocráticas. Sigue todavía viva la demanda civil que la Junta de Andalucía puso en 2002 para recuperar 89 millones de euros gastados en la limpieza de la zona, después de que el Tribunal Supremo ordenara en 2012 que un juzgado sevillano estudiase el asunto. “En España el que contamina no paga, sino que además cobra. Boliden cobró 36 millones de euros en subvenciones y después se fue”, resume Asunción Ruiz, de SEO/BirdLife.

Reapertura de la mina, nueva ley y críticas ecologistas

Actualmente en Aznalcóllar, un municipio de 6.100 habitantes a 38 kilómetros de Sevilla, hay unos 800 parados, según dice a Público su alcalde. En busca de soluciones para el paro estructural de la zona, en medio de la crisis económica, la Junta de Andalucía promovió, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la reapertura de la mina, para regocijo de muchos habitantes de esta localidad, y entre fuertes críticas de los grupos ecologistas, que quieren frenar el proyecto.

Después de un concurso público, que se inició en 2013 y se cerró a principios de 2015, a pocos meses de las elecciones autonómicas, el proyecto Minera Los Frailes, que presentó la alianza de empresas Grupo Mexico y Minorbis, resultó ganador. Aunque la compañía perdedora, Emérita Resources, ha presentado una querella por un supuesto amaño, que aún se investiga tras un primer archivo, Los Frailes ya trabaja con la vista puesta en el año 2019. “Si reabre la mina, sería sacar al pueblo de la segunda crisis, porque a nosotros nos ha cogido el cierre (de Aznalcóllar) y después la crisis de España”, afirma el alcalde, exminero, extrabajador de la mina.

El proyecto, sobre el papel, tiene proyectada una inversión, según las cifras hechas públicas por la empresa en su web, de 304,6 millones de euros, con la que pretende crear unos 2.000 empleos, entre directos e indirectos y extraer sobre todo, zinc y cobre, y también, restos de plomo y plata. Desde el sur de Lisboa (Portugal) hasta Sevilla se prolonga la llamada Faja Pirítica Ibérica, una franja de unos 300 kilómetros de largo y otros 40 ó 60 de ancho que es considerada la mayor reserva europea de sulfuros polimetálicos. La actividad minera en Andalucía es ancestral. Se remonta a más de 5.000 años.

“Doñana es agua y está al final de un río. Es la joya de la corona. Es un lugar de conservación único. Es un lugar que siempre ha habido que defender con uñas y dientes. Todos recordamos el impacto emocional que nos acusó el desastre. No se puede aceptar este proyecto. Aznalcóllar se podría repetir. No caben más minas alrededor de Doñana, no cabe ese monstruo en la cabecera del parque nacional. El Grupo México tiene un historial tremendo, derrames de sulfato de cobre en Sonora, 65 mineros muertos. No es de fiar”, dice Del Olmo.

Ante las críticas ecologistas y sobre la mala reputación en cuestiones medioambientales de Grupo México y Minorbis, el alcalde afirma lo siguiente: “Yo también soy ecologista. Necesitamos proyectos sostenibles. En el pliego de condiciones viene que no es solo un proyecto minero, sino también un proyecto de restauración medioambiental. Andalucía no es México. Somos expertos en ser cautelosos. Ya hemos tenido un caso. Prevenimos”.

En su página web, en la que explica, muy someramente, el proyecto, la empresa detalla un plan para mantener la zona más inmediata a la mina en condiciones. “El proyecto del Complejo Minero Aznalcóllar incluye un plan de restauración ambiental, que dará continuidad y soporte al Corredor Ecológico del Río Guadiamar, cuya conservación de fauna y flora es prioritaria. Así, cuando concluya la operación del complejo, todas las áreas involucradas en el yacimiento Los Frailes y aquellas afectadas por la actividad minera pasada se habrán convertido en espacios naturales, 100% restaurados. Las principales labores, que se realizarán de forma progresiva a lo largo de 25 años, comprenden remodelación del terreno, recuperación de suelos, revegetación con siembras e hidrosiembras, reforestación con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, así como desmantelamiento de las instalaciones”.

Añade la compañía: “En los vasos de las cortas Aznalcóllar y Los Frailes se crearán dos lagos mineros adecuados a un hábitat palustre, tipo laguna o pantano. Paralelamente, en las áreas a restaurar y/o en las inmediaciones del complejo, se desarrollarán núcleos de cría de conejos silvestres con el propósito de mejorar el hábitat para diferentes especies: lince, águila imperial, aves rapaces y mamíferos carnívoros. También están previstos refugios para quirópteros y la corrección de tendidos eléctricos que sean peligrosos para las aves”.

“La Junta de Andalucía es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No existe la minería ecológica ni la minería verde. Es una falacia. Hay que buscar otras alternativas para la comarca”, opina Del Olmo. Y añaden los ecologistas: “La reapertura se propone mediante minería subterránea y necesita que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001. Aquí se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido del Corredor Ecológico del Guadiamar. Es decir, se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración”. WWF, SEO/BridLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denuncian que no existe una autorización de impacto ambiental para la reapertura de la mina y van a solicitar a la Junta de Andalucía que revise de oficio toda la adjudicación.

“Pedimos que se endurezca la ley de responsabilidad ambiental y que se actualice la ley de minería, que es preconstitucional, del año 1973. Hay que aprender de las lecciones. En Aznalcóllar se desoyeron todas las señales de alarma”, afirma Ruiz, de SEO/BirdLife. Nueve años después de la catástrofe, en el año 2007, se aprobó la Ley de Responsabilidad Medioambiental, a la que se refiere Ruiz, basada “en los principios de prevención y de que quien contamina paga”.

La norma fija que la empresa responsable debe “devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras”. Y la propia ley aclara, en su exposición de. motivos, que “al poner el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria”. Además, establece que “no hay mejor política conservacionista que la política de prevención frente a los daños medioambientales”. Los fiscales de Medio Ambiente tienen vigiladas más de 500 balsas de similares características a la que reventó en 1998 en Doñana.

En el corredor del Guadiamar, aquella garza curiosa que sobrevuela con un signo de interrogación en el gesto a aquellos bichos de dos patas, se aleja, poderosa, plena, como una sombra negra, hacia el cielo azul. La sinfonía animal prosigue, interminable, sin memoria, olvidada ya de la nada, y ajena, como siempre, a los asuntos humanos.

Bajo los primeros soles de la primavera, después de muchos días de agua, respira honda la tierra.