Amnistía Internacional ha acusado a los Estados europeos de obligar a los inmigrantes y a los barcos rescatadores a pagar los fallos del sistema de auxilio a las personas que están en peligro en el Mediterráneo.

En un informe publicado este viernes, Amnistía lamenta la decisión de la Capitanía Marítima de Barcelona de denegar al barco humanitario Open Arms el permiso de salida del puerto de Barcelona, impidiendo que continúe su actividad de vigilancia y rescate en el Mediterráneo.

"Los dirigentes europeos deben actuar con urgencia para reparar un sistema que disuade a los Estados de auxiliar a las personas refugiadas y migrantes que corren peligro en el mar", señala la ONG en su informe, que dirige a los ministros de Exteriores europeos reunidos este viernes en Malta para hablar sobre cooperación, estabilidad y seguridad en la región del Mediterráneo.

Amnistía señala como el hecho "de haber delegado el control de las fronteras europeas en las autoridades libias, combinado con un sistema que no establece un reparto justo de las responsabilidades sobre los solicitantes de asilo en toda Europa, ha creado una situación en la que frecuentemente se abandona a migrantes y solicitantes de asilo a la deriva en el Mediterráneo".

La ONG reclama a los dirigentes europeos que adopten "medidas urgentes para reparar un sistema fallido que está defraudando tanto a los Estados fronterizos de la UE como a las personas que buscan seguridad y están abandonadas en el mar o consumiéndose en países de la UE cuyos procedimientos de concesión de asilo son ineficaces o están sobrecargados".

Puertos cerrados

Según Amnistía, los Estados están intentando reducir el número de personas desembarcadas en sus puertos y las ONG que intervienen para llenar ese vacío se encuentran con que se les deniega sistemáticamente el permiso para atracar en algún puerto, sobre todo en Italia y Malta.

En este sentido, critica la orden cursada la semana pasada por las autoridades marítimas españolas que impide a Proactiva Open Arms rescatar personas en el Mediterráneo central.

"En esta orden administrativa, las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema, poniendo de relieve cómo los Estados mediterráneos han quebrantado leyes y normas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes y rescatadores a pagar el precio de esos fallos", añade Amnistía.

"Los dirigentes europeos no pueden seguir dando la espalda a las personas atrapadas en el mar y continuar distorsionando el debate sobre la migración para beneficio político propio; deben acordar con urgencia una política de desembarcos rápidos y predecibles en consonancia con el derecho internacional, y un sistema de reparto entre países de la responsabilidad sobre las personas que solicitan asilo", concluye la ONG.