La casa de Teresa Sarmiento era una hervidero de periodistas, activistas y vecinos que sorteaban como podían las cajas y bolsas que a la mujer le había dado tiempo a empacar en una noche. "Nadie me había avisado, no he recibido notificación del juzgado. He tenido que llamar yo para enterarme de que mi desahucio era hoy", dice con la voz apretada en la garganta. Fue un activista el que le recomendó que se informara, ya que la fecha provisional estaba fijada para este martes, aunque su abogado había recurrido la orden de desahucio a la Audiencia Provincia del Madrid, que aún no se ha pronunciado, según los activistas.

Ha sido una convocatoria exprés, pero a las 11.30 horas de este martes decenas de personas se agolpaban en el portal número 11 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés de Madrid. La dirección es bien conocida por todos los vecinos, por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), que llevan dando la batalla contra la especulación inmobiliaria en ese edificio desde 2018. La lucha ha sido larga y dura, y hasta ahora solo han podido ganar algo de tiempo. En el caso de Teresa, un mes más, hasta el próximo 1 de julio, que es la fecha que la comisión judicial le ha dado para el nuevo desahucio cuando se ha encontrado en la puerta a Teresa rodeada de gente que gritaba "fuera de nuestro barrio" o "este desahucio lo vamos a parar".

La mujer, de 72 años, encarna la última resistencia contra la conversión de este bloque de más de 20 pisos en apartamentos turísticos por una empresa inmobiliaria que los compró hace años, se negó a renovar los viejos contratos e impuso a los inquilinos subidas imposibles de asumir, de hasta el 300% del precio.

No es ninguna sospecha. Teresa ha visto en qué se han convertido los pisos en los que hace pocos años vivían Pepi, Rosi, Juani, Mayra y varios hijos menores. Fueron desalojados en febrero de 2019, después de casi una decena de intentos, en un operativo policial y judicial inédito en el que varios juzgados de Madrid se pusieron de acuerdo para fijar los cuatro desalojos el mismo día. Algunas familias fueron realojados el Ayuntamiento de Madrid en viviendas de la ONG Provivienda, otros se acomodaron en casas de familiares, pero todos fueron expulsado de su barrio.

Hubo seis detenidos en aquel desahucio múltiple de familias con menores y bajos ingresos que llevaban toda la vida alquilando por un precio que hoy, tras años de alza de los alquileres, a todo el mundo le parecería una ganga. Ya casi no quedan vecinos en el bloque, salvo Teresa y algunos inquilinos de renta antigua que a los que la empresa no ha podido desahuciar. De los balcones ya no cuelgan plantas ni aquellas pancartas que amenazaban con resistir hasta el final, pero que duraron menos de dos años.

En el interior sigue habiendo obras, se ha instalado un ascensor, cámaras de vigilancia y detectores de movimiento para que las luces se enciendan al paso de los turistas que ahora ocupan —mucho menos tiempo pero más rentablemente— las casas que antes acogían a familias. "Ahora esos pisos se alquilan en Airbnb a 140 o 150 euros por noche. Por eso quieren que nos vayamos", comenta Teresa en el angosto pasillo del que todavía es su hogar. En él ha vivido más de dos décadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la entonces portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, lamentaron aquellos desahucios que salieron en todos los telediarios. "Esta vez la política no ha llegado a tiempo y la sociedad sigue esperando respuestas. No pueden tardar más. Todas las fuerzas políticas debemos llegar a acuerdos y acabar con el drama de la vivienda en España", aseguró Sánchez en Twitter. Esta vez tampoco.

Han pasado tres años y una pandemia mundial, pero la ley de vivienda estatal que ponga coto al alza de los alquileres sigue esperando en algún cajón del Congreso de los Diputados a que Sus Señorías lleguen a un acuerdo. De poco ha servido, en el caso de Teresa, el decreto que permite paralizar desahucios por causas derivadas de la pandemia o que prohibía la rescisión de los contratos de alquiler y facilitaba las prórrogas. El juzgado, explican los activistas, no ha tomado en consideración este reclamo del abogado de oficio de Teresa.

Tampoco a nivel autonómico se ha conseguido una ley que garantice el derecho a la vivienda. La Comunidad de Madrid es la única región de España que carece de normativa autonómica en este asunto, y también es una de las regiones con los precios del alquiler más altos. A los activistas y a los afectados solo les queda resistir en la puerta y apelar al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que pide siempre aplazar desalojos con menores hasta que haya una alternativa, pero pocas veces se respeta su dictamen.

Medio año después de aquellos cuatro desalojos les llegó el turno a Miriam, a Juan y a sus dos hijos, que fueron desahuciados en verano de 2019 después de varios aplazamientos. Y este martes, tal y como se temía, le tocaba a Teresa, que había conseguido esquivar el desahucio junto al resto de sus vecinos por un defecto de forma en la demanda.

Pero solo era cuestión de tiempo. La empresa, explican desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, tiene otro nombre, "pero detrás están las mismas personas". "Yo pagaba 350 euros al mes. En 2018 me dijeron que si quería seguir viviendo aquí el precio eran cerca de 1.500 euros", explica Teresa. Ella cobra una pensión de 400 euros al mes, "es imposible encontrar algo que pueda permitirme", añadía angustiada antes de que la comisión judicial le diera un mes más.

Después de abrazar a todos los congregados, Teresa reparte agradecimientos. "Esta emoción y este apoyo es impagable", dice la mujer, todavía con cara de circunstancia. "No doy de mí. Me siento muy rara", confiesa. "Estoy algo más relajada, en un mes al menos me da tiempo a recoger mis cosas", añade. Los trabajadores del Samur Social confían en encontrar para entonces un piso tutelado o algún otro recurso que evite que se quede en la calle. "Pero no sé dónde será. Desde luego, no en este barrio", apunta, su barrio de casi una vida que desde hace tiempo es el barrio de menos gente.

Los colectivos que han frenado este desalojo ya han asegurado que volverán dentro de un mes. "Lo hemos suspendido esta vez porque estamos aquí mucha gente. Y el próximo uno de julio estaremos aquí de nuevo para suspender este desahucio", aseguran. Cuentan con que, para entonces, el dispositivo policial sea mucho mayor que la media docena de agentes municipales que ha acudido este martes.