España es una potencia en la producción de carne de cerdo, pero el modelo de ganadería está cambiando. Cada vez más, cientos de explotaciones porcinas se están transformando en descomunales instalaciones donde se gestionan miles de animales encerrados en naves, criados y engordados sin descanso para abastecer a un creciente mercado low cost. Una concentración del negocio que abarata los costes y que aporta grandes beneficios a la industria, pero que está dejando tras de sí un reguero de impactos sociales, medioambientales y de explotación animal de difícil corrección. En algunas comunidades, como Catalunya o Aragón, llevan años funcionando; pero ahora buscan extenderse también a otros territorios de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Murcia. Lugares remotos de la España vacía y despoblada donde, contra todo pronóstico, estas macrogranjas se han topado con una fuerte y organizada contestación social.

Sus detractores —vecinos afectados, agricultores, ganaderos de extensivo, ecologistas y animalistas—han ido surgiendo allí donde se pretendía abrir una nueva instalación. En Montealegre del Castillo (Albacete), un proyecto de Cefusa-El Pozo tuvo que dar marcha atrás por la fuerte oposición de las plataformas ciudadanas y de los grupos políticos. También en Guadalajara, donde la Junta acaba de dar el visto bueno a una macrogranja de 3.000 cerdos en el municipio de Cincovillas, tuvieron que desistir varios intentos previos. La misma respuesta se han encontrado en Gamonal (Toledo), Villar de Cañas y Balsa de Ves (Albacete), Tarancón (Cuenca), Alpera y Ayora (Valencia) y un largo etcétera.

“Empezamos en enero dando charlas y pronto nos dimos cuenta de que había una avalancha de pueblos a los que quieren convertir en auténticos estercoleros”, dice a Público Inmaculada Lozano. Es agricultora ecológica y vecina de Pozuelo, un municipio de la provincia de Albacete donde se proyecta una macroinstalación con 51 naves y 140.000 cerdos a tan sólo 1,7 kilómetros de su casa. Desde el pasado fin de semana, es también coportavoz de la recién creada Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, bajo la que se han agrupado más de 30 plataformas de resistencia a las macrogranjas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia.

“Se está poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para los regantes y para las personas, la contaminación de los acuíferos, del suelo y del aire, y la salud de las personas”, dice Lozano. Daniel González, de la plataforma Pueblos Vivos Cuenca, coincide en responsabilizar a la Junta de fomentar estas instalaciones con subvenciones públicas y la falta de una normativa medioambiental estricta. Este jueves pedirán al Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad, Francisco Martínez Arroyo, una moratoria que paralice todos los proyectos en marcha hasta que no se evalúen “de forma adecuada” sus impactos.

La Junta, en conversación con este diario, defiende que en Castilla-La Mancha se han autorizado “unas 40 instalaciones de este tipo frente a las 400 que existen en otras comunidades” y asegura que cuentan con su correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Pueblos estercolero

El principal problema derivado de las macrogranjas proviene de la gestión de los purines, compuestos procedentes de las heces, la orina y las aguas sucias de los cerdos con alto contenido en nitratos y amoniaco que, en la mayoría de los casos, terminan distribuidos como abono en los suelos circundantes. En las explotaciones tan grandes, con tanta cantidad de purín, la capacidad de suelo no es suficiente para absorber el fertilizante y termina provocando, muchas veces, la contaminación de las aguas subterráneas. En Catalunya, donde se gestionan más de 7,6 millones de cerdos, un 41% de las masas de agua subterráneas están en mal estado y 139 municipios han tenido que clausurar pozos de agua potable por un exceso de nitratos en la red de abastecimiento, según acredita un informe del Síndic de la comunidad. También en Aragón, otra de las comunidades con mayor industria porcina, el Gobierno emitió 61 incidencias oficiales relacionadas con la calidad del agua por la contaminación por nitratos en 2015.

Masas de agua en mal estado a causa de los nitratos en aguas subterráneas de Catalunya. SÍNDIC

La alternativa son las plantas de tratamiento de purines, que se utilizan para producir electricidad, pero muchas terminaron cerrando después de que en 2014 el Gobierno cancelara las ayudas a las plantas, desembocando en vertidos ilegales a los ríos y alcantarillas.

Los integrantes de la Coordinadora denuncian también los problemas para la salud derivados de las altas emisiones de amoniaco y metano que produce esta ganadería.

Una burbuja del porcino

“Es una industria tóxica. Se está usando el argumento de la despoblación y de la falta de trabajo, cuando estas granjas dan empleo a una o dos personas. Sólo el 2% de los costes se deriva a mano de obra. Me preocupa, además, porque se está tolerando todo este sistema para abastecer a un mercado muy volátil. Es la burbuja del porcino”, dice por su parte Blanca Ruibal, ingeniera agrónoma y responsable de Agricultura de Amigos de la Tierra.

En efecto, la enorme transformación que está sufriendo la ganadería industrial del porcino en España tiene como objetivo primordial abastecer al principal consumidor de cerdo del mundo: China. Allí van a parar, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, 339.000 toneladas de cerdo cada año, el 45,8% de todas nuestras exportaciones extracomunitarias, en lo que se ha convertido en un negocio sin precedentes. Si en 2008 las ventas de cerdo al país asiático suponían 993.000 euros, en 2016 esa cifra se había disparado hasta los más de 531 millones, un 53.418% más.

En paralelo, la concentración que ha sufrido el sector se refleja en los datos: según el Registro General de Explotaciones Ganaderas, entre 2008 y 2016 han desaparecido unas 12.000 granjas de cerdos en España, mientras que la producción no ha hecho más que aumentar: de los 26 a los más de 29 millones de cerdos en esos mismos años.

La situación es especialmente grave en algunas comunidades, como Catalunya, con 7,6 millones de cerdos albergados en 6.086 explotaciones, es decir: una media de 1.200 cerdos por granja. Galicia, con más granjas que ninguna otra comunidad (28.214), cría sólo un millón de cerdos, esto es, apenas 35 animales por instalación.

El diputado de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, registró tres preguntas en Estrasburgo por la proliferación de las macrogranjas en España ubicadas en zonas protegidas de la Red Natura 2.000 que ahora deberá revisar la Comisión Europea.

“El medio rural está para alimentar a las personas y no para generar mercancías para los mercados”, zanja Ruibal.