Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, incluso antes de tomar posesión, fue avisar a la Unión Europea de que la vieja España defensora de los combustibles fósiles se había acabado. “España deja de ser un lastre para el cambio climático”, dijo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la entrada de la reunión de los responsables de Energía de los 28 el pasado lunes en Luxemburgo, donde defendió una tasa de uso de renovables en la UE del 34% y el fin del impuesto al sol. Es un primer paso que marca una ruptura con la nefasta política en energías limpias de la etapa anterior. Esta es la cronología del desastre de las renovables en el país con más horas de sol de Europa.

Primer impulso y error de cálculo

2007 es el año del gran impulso a las energías renovables con la creación, por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de un sistema que garantizaba a estas el cobro de una retribución durante toda la vida útil de la planta, ya fuera eólica, termosolar o fotovoltaica. Es lo que se conoce como las primas a las renovables, unas ayudas con cargo a la factura de la luz que garantizaban la rentabilidad de este tipo de energías y que animaron a miles de personas a pedir un crédito en el banco para invertir en ellas. También lo hicieron varios fondos de inversión extranjeros. El éxito fue rotundo, mucho mayor del que había calculado el Gobierno, que sólo tres años después comenzó a aplicar los primeros recortes.

Recorte en las retribuciones

El Gobierno comienza a echarse para atrás y en 2010 anuncia un recorte en las retribuciones, que sólo se aplicarán hasta un máximo de horas de producción al año. Un límite que, en general, estaba muy por debajo de las horas de producción real y que supone importantes pérdidas para el sector y para los miles de inversores que ya no ven tan garantizada la rentabilidad.

El golpe de gracia

Con la llegada del PP al Gobierno las renovables y sus productores sufren el golpe definitivo con la aprobación de numerosas reformas que incluyen un impuesto a la generación de electricidad o el anuncio de la no retribución de todas las nuevas instalaciones de energías renovables posteriores a 2012. Es decir, frena en seco las posibles inversiones posteriores, porque ninguna instalación contará más con ninguna ayuda.

Además, se aprueba una nueva reforma energética que corta drásticamente (en un 40%) las primas que sí seguían vigentes, generando un aluvión de demandas por parte de los inversores.

Pagar por el sol

Por si fuera poco, el Gobierno aprobó en 2015 el Real Decreto de Autoconsumo que fijaba una serie de costes que se les cobra a los productores de electricidad con instalaciones de más de 10 kW de potencia o a aquellos que tienen baterías de almacenamiento para conservar los excedentes.