Un matrimonio mayor, de 68 y 72 años, se enfrenta este jueves a un juicio en el que el Obispado de Cádiz y Ceuta pide que sea desahuciado de la vivienda que ocupa desde hace 49 años en el convento de las Capuchinas de San Fernando, un alojamiento del que disfrutaban a cambio de su trabajo como encargados de la portería, limpieza y mantenimiento del edificio. "Es muy triste que te echen así y más si la que lo hace es la Iglesia", han dicho a Público los demandados.

La vista oral del juicio por desahucio se celebrará, además, tras el acuerdo que hace un año anunciaron el obispado, como dueño del convento que las monjas abandonaron en 2017, una promotora inmobiliaria y el Ayuntamiento de San Fernando para construir, en los más de 7.000 metros cuadrados que ocupa el monasterio en el centro de esa localidad gaditana, viviendas de renta libre y de protección, una residencia para personas mayores y zonas verdes, y ceder la capilla al Consejo Local de Hermandades y Cofradías para convertirla en su sede administrativa.

Pero ese convento para el que se ha anunciado un gran proyecto urbanístico todavía tiene unos inquilinos: Carmen Guerrero e Ildefonso Portillo, que habitan desde 1975 la vivienda que les cedieron las monjas capuchinas cuando empezaron a trabajar para ellas como encargados de la portería del monasterio, de las labores de limpieza y mantenimiento del edificio, y para hacerles los recados, ya que ellas no podían salir a la calle por su condición de clausura.

Carmen Guerrero ha asegurado a este periódico que nadie se ha puesto en contacto con ellos, que nadie se ha interesado por su situación, por lo que será de ellos cuando desaparezca el convento y empiecen a construir las nuevas casas. "Lo han vendido todo y a nosotros no nos han ofrecido nada. Han cogido el dinero y no les ha preocupado nada más", se lamenta.

En la vivienda del convento, este matrimonio ha criado a sus dos hijos, que hoy ya tienen 49 y 47 años y uno de los cuales aún sigue con ellos en esa misma casa. A ella llegaron sustituyendo en el oficio a los padres de Ildefonso, que ya eran mayores para un trabajo en el que había que estar pendientes prácticamente las 24 horas del día de una docena de monjas de clausura, de cualquier urgencia médica o de otro tipo que pudiera surgirles.

A Ildefonso, las monjas le hicieron contrato, pero a Carmen, no, de modo que ella nunca ha cotizado a la Seguridad Social y, por tanto, ahora no cobra ninguna pensión. El único ingreso del matrimonio son los 1.100 euros que percibe él tras su jubilación y las últimas subidas que han experimentado las pensiones mínimas. Y la vivienda, que fue un pago en especie por su trabajo en el convento, la pueden perder a causa de la demanda de desahucio del Obispado de Cádiz que se dirime en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Fernando. El juicio que se iba a celebrar este jueves ha sido aplazado a última hora debido a la imposibilidad del juez de estar presente en la vista, según la letrada de los demandados..

La abadesa garantizó su continuidad en la vivienda

La abadesa del monasterio firmó un documento en febrero de 2008 como "justificante" ante "cualquier oficina pública o privada" para asegurar al matrimonio, en la medida de lo posible, su "permanencia en la vivienda" y las ayudas que recibían, entre ellas el pago de los recibos de la luz y agua y la donación de alimentos.

Sin embargo, en marzo de 2017, cuando las monjas capuchinas ya habían abandonado el convento para trasladarse a otras dependencias en El Puerto de Santa María y se había hecho entrega de la posesión del inmueble al obispado, un letrado de la diócesis que dirige el obispo Rafael Zornoza Boy envió una comunicación a Ildefono Portillo para informarle de la extinción del derecho a disfrutar de la ocupación de la vivienda porque se había jubilado y, por tanto, su contrato de trabajo en el monasterio había concluido.

En la sentencia del Juzgado de lo Social de Cádiz que falló en 2019 sobre la demanda que interpuso Carmen Guerrero por haber trabajado sin contrato ni salario en el convento, se refiere que en esa comunicación a Ildefonso Portillo el obispado le acusa de estar ocupando la vivienda "sin título que lo legitime para ello y por tanto en la condición de precario". Según ese escrito, la diócesis ofreció al matrimonio la posibilidad de continuar en la vivienda mediante un título de arrendamiento, advirtiéndole de que si en el plazo de diez días no contestaba a su oferta, se llevaría a cabo su desalojo.

Y unas semanas después, a principios de abril de 2017, un documento encabezado por el obispo Zornoza Boy, según se detalla en la misma sentencia, dio licencia al ecónomo diocesano para recuperar la vivienda que ocupaba el matrimonio por la relación laboral que mantenía con el extinto monasterio. Y eso se tradujo en la demanda por desahucio que se dirime este jueves en el juzgado.

Carmen Guerrero, sin embargo, asegura que rechazaron la oferta del obispado porque el alquiler les suponía entonces el 40% de sus ingresos económicos y, además, era sólo por un plazo máximo de tres años, tras lo cual se quedarían en la calle con una edad más avanzada y una pensión muy reducida para afrontar el precio de los arrendamientos en el mercado actual en una localidad costera como San Fernando.

"Nos quieren echar a la calle sin derecho a nada"

"Yo no tengo pensión porque no me hicieron contrato y no he cotizado, y mi marido tiene una pensión muy pequeña. Lo que teníamos era la vivienda y ahora nos quieren echar a la calle sin derecho a nada. Y hay que tener en cuenta, además, que con lo poco que ganaba mi marido en el convento no podíamos ahorrar y tampoco podíamos solicitar una vivienda social, porque nuestro trabajo nos obligaba a vivir allí", explica la mujer.

Los porteros del convento de las Capuchinas acusan al obispo de no haber respetado la voluntad de la abadesa del monasterio, quien se comprometió por escrito a que permanecieran en la vivienda. "Es penoso, es muy triste que te echen de una vivienda de esta manera y más si la que lo hace es la Iglesia, que presume mucho de obras de caridad. Y lo más triste es cómo nos han tratado", dice Carmen Guerrero.

La mediadora y graduada social Auxiliadora Moreno ha señalado a este periódico que en su gabinete, encargado de la defensa del matrimonio, no han recibido ninguna ampliación de demanda ni la notificación de la existencia de otro propietario de la vivienda tras el acuerdo anunciado hace un año entre el obispado, la promotora Hermanos Lahulé y el Ayuntamiento para la venta de los terrenos del convento, donde se van a construir viviendas y una residencia de mayores.

Según Moreno, a este matrimonio se le ha ocasionado un perjuicio muy grave: primero, por no haber dado de alta en la Seguridad Social a la mujer, circunstancia que le impide ahora cobrar una pensión de jubilación, y segundo, por haber solicitado su desahucio cuando carecen de ingresos económicos suficientes para costearse el pago del alquiler de una vivienda.

"Es un matrimonio que lleva más de 40 años trabajando para la Iglesia, que ha dejado su vida en ese convento y lo mínimo que tenían que haber hecho es buscar una solución, no presentar una demanda por desahucio. Esto demuestra que para el obispo las personas no tienen valor, sólo tiene valor el dinero. He llevado casos de trabajadores, de sacerdotes, de este matrimonio, y nunca he visto un acto, una acción del obispado de acercamiento, de comprensión", recalca Auxiliadora Moreno

Un "auténtico revulsivo en pleno corazón de la ciudad"

El acuerdo para el proyecto urbanístico en los terrenos del convento de las Capuchinas fue presentado en la misma capilla del monasterio en un acto al que asistieron en enero de 2023 la alcaldesa, Patricia Cavada, del PSOE, la ecónoma del Obispado de Cádiz y Ceuta, Carmen Lobato, y el responsable de Promociones Hermanos Lahulé, Fermín López. En el comunicado en el que se difundió el acuerdo, se destaca que se trata de un planeamiento que puede suponer un "auténtico revulsivo" en "pleno corazón de la ciudad", con un carácter "social, sostenible e integrador".

En el mismo comunicado, se informa de que ya se ha firmado la compraventa entre el obispado y la promotora, aunque no se detalla por cuánto se ha vendido, y que la operación ha pasado por la comisión municipal de Patrimonio. "Ahora deben continuar los trámites patrimoniales y urbanísticos para definir con exactitud todos los aprovechamientos y también redactar el proyecto", se precisa en la nota difundida por el Ayuntamiento.

El Obispado de Cádiz dirigido por Rafael Zornoza ha tenido que hacer frente a numerosos juicios por despidos de trabajadores y a denuncias de movimientos cristianos y de algunos sacerdotes que le han acusado de gestionar la diócesis con métodos neoliberales. El principal opositor, el canónigo de la catedral de Cádiz y párroco en Conil, Rafael Vez, lleva más de tres años apartado de todas sus tareas eclesiásticas, a la espera de la conclusión de un juicio que comenzó en 2022 por sus críticas en redes sociales y medios de comunicación a la labor de monseñor Zornoza.

Camen Guerrero ganó en parte, en primera instancia, el juicio en el que demandó al Obispado de Cádiz y Ceuta por su situación laboral sin contrato ni salario en el convento, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y luego el Tribunal Supremo fallaron a favor del recurso presentado por la diócesis contra la sentencia del Juzgado de lo Social. Según Auxiliadora Moreno, la sentencia fue revocada porque la demanda había sido presentada fuera de plazo y porque no se incluyó en ella a las monjas capuchinas para las que había trabajado la demandante.