Tras toda la guerra en el PP están las posibles irregularidades que se cometieron en pleno confinamiento domiciliario al adjudicar a dedo un contrato para conseguir mascarillas y que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobrara una parte del total de 1,5 millones. No es un asunto menor, pero tampoco algo que haya sorprendido a las organizaciones madrileñas que trabajan por defender la sanidad pública.

El problema con las contrataciones de la Comunidad de Madrid es notorio, como lo es la corrupción que se ha heredado de presidenta en presidenta en la región. Durante la legislatura de Isabel Díaz Ayuso, han sido muchas las veces en las que la oposición ha recriminado que se den contratos a dedo a empresas muy familiarizadas ya con la Consejería de Sanidad, como ha ocurrido con los contratos para el hospital Isabel Zendal o para externalizar refuerzos en las vacunaciones o en el rastreo de contactos por la covid-19.

Así, ahora que el foco está puesto sobre el contrato con la empresa Priviet Sportive SL., la organización Audita Sanidad ha decidido recordar el grave problema sobre los contratos menores en la Comunidad de Madrid, que llevan denunciando desde 2016.

Vicente Losada, activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, comenta a Público que para ellos no ha sido ninguna sorpresa todo este embrollo. "Al revés", avisa.

Esto es así porque en 2016 descubrieron que la sanidad pública madrileña adjudicaba a dedo el 99,7% de sus contratos utilizando la fórmula de contratos menores. En total, la Consejería de Sanidad firmó 486.562 contratos (por 1.402 millones de euros), de los que solo 1.443 pasaron por una licitación pública. Los otros 485.119 fueron contratos menores por 623.600 millones de euros.

A raíz de estos datos, Losada explica que hicieron un análisis más pormenorizado y dos estudios de caso. Es decir, miraron los contratos que habían recibido dos empresas en concreto. Así empezaron a suponer que la Comunidad de Madrid utilizaba los contratos menores para dar grandes adjudicaciones a dedo.

¿Cómo se hace esto? Fraccionando el importe. La ley no permite que se pueda dar más de 60.000 euros a través de contratos menores, por ello se reparte en cinco contratos de 12.000 euros, por ejemplo. "Había una sospecha clara de contratos que fueron fraccionados", arguye el activista.

Por ello, la plataforma Audita Sanidad presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas del Estado y la Comisión Nacional del Mercado y Competencia.

Estos contratos menores, en cierta manera, se parecen al contrato por las mascarillas, el casus belli de la guerra en el PP, ya que también es dado a dedo aunque el importe sea grande, pero que se pudo tramitar por la vía de emergencia por la pandemia. Son unos 400.000 contratos de esta fórmula durante la pandemia. 

"Lo que nos pilla de sorpresa es que la mayoría de la gente se fije en un contrato cuando nosotros detectamos sospechas e ilegalidades en todos estos contratos menores", lamenta Losada. 

Además de la falta de transparencia, hay otros problemas, porque esto supone más costes para las arcas públicas. El activista denuncia que todo esto conlleva sobrecostes  y que esto es uno de los motivos por lo que la deuda pública en Madrid sigue creciendo. No es la única razón, pero sí una de las que provoca que, del año 2000 hasta el 2020, la deuda pública se haya multiplicado por nueve.