La mayoría de las 2.085 personas ingresadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2023 tenían vínculos arraigados en España: larga residencia, familiares cercanos con nacionalidad española o incluso tenían ciudadanía de la Unión Europea.

El informe Internamiento Muteado, presentado este lunes por el Servicio Jesuíta a Migrantes (SJM), revela datos obtenidos de la Dirección General de la Policía sobre los CIE, donde ingresan migrantes a la espera de ejecución de una orden de expulsión a su país de origen.

En el año pasado, 2.085 personas ingresaron en estos centros, de las cuales 64 eran mujeres, entre ellas una identificada como víctima de trata y puesta en libertad. Además, tras diez pruebas de determinación de la edad, se identificó a dos menores.

De ese total, 877 personas solicitaron protección internacional, un recurso al que acuden aquellos que no pueden regresar a sus países por temor a persecuciones por motivos de raza, religión, opiniones políticas, orientación sexual u otras razones, o porque enfrentarían un riesgo real de sufrir daños graves.

Vínculos arraigados en España

Una de las conclusiones destacadas del informe, basada en la observación directa durante las visitas realizadas por el SJM y otras organizaciones a los CIE, es que la mayoría de los internados tenían vínculos arraigados en España, los cuales se ven "interrumpidos" por el internamiento. "Muchos" llevaban largos años en España, algunos habían pasado su infancia en este país y "temían ser deportados a una tierra que apenas conocían más allá de su pasaporte", mientras que otros tenían familiares cercanos con nacionalidad española.

En cuanto a estos perfiles, la voluntaria del equipo de visita al CIE de Pueblos Unidos, Paloma Aguilera, ha compartido este lunes los casos de internos que llevaban más de dos décadas trabajando en España sin contrato, lo que les impedía acceder a la regularización por arraigo, o que no pudieron renovar su permiso de residencia después de perder sus empleos durante la pandemia.

Además, el informe indica que en los CIE se encontraban 77 personas con ciudadanía de la UE, de nacionalidades búlgara, croata y rumana, y hace referencia a las opiniones divergentes entre varios jueces y tribunales sobre la legalidad de este tipo de internamiento cautelar para ciudadanos europeos.

"España oculta la realidad de los CIE"

En una entrevista con Efe, Josep Buades, director de la Asociación Claver y uno de los redactores del informe, ha reiterado la urgencia de cerrar estos centros, donde el 55% de los internos fueron expulsados el año pasado, ya que causan un "sufrimiento injusto" a quienes están dentro.

Desde su perspectiva, España oculta o silencia la realidad de los CIE, manteniéndolos en funcionamiento con una actividad que ha alcanzado su punto más bajo en una década por razones de "cosmética política", con el fin de transmitir una sensación de seguridad a la población, la UE y otros estados.

Advierte que el ambiente entre los internos se vuelve "más tenso" debido a que la mayoría tiene antecedentes penales o policiales. Por ello, el informe resalta la urgencia de mejorar la protección de los internos, investigar las agresiones denunciadas y demandar al Ministerio del Interior que "armonice", como ha recomendado el Defensor del Pueblo, las normativas de régimen interno y prácticas en todos los CIE, considerándolos "un reino de taifas".

El SJM cuestiona la eficacia de estos centros

Durante 2023, estuvieron operativos los CIE de Barcelona (con 527 internos), Valencia (499), Murcia (459), Algeciras (302), Las Palmas (181) y el de Madrid (53), que únicamente funcionó durante la segunda mitad de diciembre, una vez concluidas las obras de reforma. La estancia promedio de los internos fue de alrededor de un mes.

Por razones de ingreso, el 71,4% de las personas tenían una orden de expulsión, la mayoría por estancia irregular (1.210 casos), y el el 26,7% contaba con un acuerdo de devolución, principalmente por entrada irregular en patera. En lo que respecta a las salidas, el 54,8% se debió a la ejecución de repatriación forzosa (1.120 casos), el 42,6% obtuvieron la libertad (870 casos) y el 2,6% salieron por otras razones (53 casos).

La Dirección General de la Policía proporcionó al SJM los datos de repatriaciones forzosas realizadas en 2023, tanto desde los CIE como fuera de ellos. En total, se llevaron a cabo 3.091 expulsiones y se acordaron 586 salidas forzosas.

La publicación describe el internamiento como una de las medidas "más dolorosas y restrictivas" de la política migratoria española y europea. Aunque no es la más empleada, se utiliza "de modo desproporcionado". Cuestiona su "eficacia" y el "sufrimiento innecesario" que ocasiona a muchas personas, todo ello con un coste "elevado para los contribuyentes".

Además de señalar "la obstrucción a la denuncia" y "la falta de diligencia investigadora en los órganos judiciales" frente a los casos de agresiones y malas prácticas policiales, el SJM alerta que persisten obstáculos para las visitas de ONG, capellanes y abogados a los CIE, y que existe una falta de privacidad en las consultas médicas y las visitas.