Nunca han tenido problemas. Ni un retraso en los pagos de su alquiler. Nada. Pero van a ser expulsados de sus casas. Unos más tarde, otros más temprano. Sólo es cuestión de tiempo que el bloque en el que viven pase a convertirse en pisos para turistas o en viviendas reformadas con precios más elevados. Es la espiral que atraviesa Madrid, su centro y los barrios aledaños, que ya se han convertido en una auténtica joya para inversores y especuladores con la vivienda. Un bien que goza del apelativo “fundamental” en la lista de derechos constitucionales, pero que en la práctica sólo está protegido por la ley de la oferta y la demanda.

En el número 18 de la calle Fray Luis de León, varios vecinos de este bloque de 25 pisos que resistió los bombardeos de la Guerra Civil han decidido dar su particular batalla contra Urbania International, una compañía dedicada al “desarrollo de proyectos inmobiliarios”. La empresa compró el bloque con todos los inquilinos dentro cuando los herederos del edificio decidieron venderlo. “Cuando nos enteramos de que se iba a vender el bloque, nos pidieron permiso para venir a ver las viviendas. No nos hizo mucha gracia, pero teníamos buena relación con el administrador”, relata a Público Eva, una de la inquilinas.

El administrador de los antiguos propietarios les tranquilizó. Los nuevos dueños venían de buena fe, querían mejorar las instalaciones y respetarían los contratos, ya que todas las viviendas están en régimen de alquiler, les dijeron. Son casas antiguas pero amplias, y la mayoría tienen precios asequibles, entre los 800 y los 900 euros mensuales. Demasiado barato para los nuevos tiempos, ha debido de pensar la nueva empresa propietaria, que ve al antiguo barrio obrero de Arganzuela como “uno de los de mayor renovación del centro de Madrid, siendo muy atractivo, tanto para la demanda joven consolidada laboralmente, como para el turista que busca oferta de alojamiento de calidad”, según informa en su página web.

La amenaza por burofax

Así, la buena fe que les habían prometido comenzó a cambiar una vez que se realizó la compra. En febrero comenzó una lluvia de burofaxes firmado por Urbania. Los primeros comunicaban el cambio de propiedad, pero después llegaron los preocupantes. Documentos en lo que Urbania ponía una fecha de salida a todos los inquilinos excepto a los de seis viviendas de renta antigua.

“Hoy tendría que haberme ido”, explica Guillermo, otro de los afectados, en el salón de su casa. “Pero no me voy a ir. La ley me ampara y voy a llegar hasta el final”, relata. La relación entre los vecinos de este bloque es más que fluida, así que decidieron asesorarse cuando oyeron las palabras “venta” y “empresa inmobiliaria”. “Consultamos a un abogado y nos tranquilizó. Varios de nosotros teníamos derecho a que se prorrogara nuestro contrato al menos hasta 2019 o 2020”, explica, por lo que algunos podrán litigar para mantenerse. Depende de cuándo firmaran la última renovación. Pero los burofaxes no tenían en cuenta esa prórroga garantizada por la ley de alquiler que rige esas viviendas, la anterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

A algunos de ellos les decían que tenían que irse en 20 días, “ni siquiera cumplían los plazos que dicta la ley, que son 30 días. ¿Quién encuentra un piso y se muda en Madrid en 20 días?”, se pregunta indignada Eva. “Nos sentimos engañados. No lo podían haber hecho peor. Ni siquiera nos avisaron o nos llamaron. Directamente te envían un burofax que te deja asustada”, relata.

Imagen de la fachada del bloque, en el barrio de Arganzuela de Madrid.- J. V.

Fue Mireia, otra de las vecinas, la que dio la voz de alarma y aconsejó que consultaran con un abogado. “Conocía a personas desalojadas de un edificio antiguo que se iba a convertir en hotel. Sabía que convenía estar asesorados, así que movilicé al grupo de vecinos para preguntar, porque podía ser cuestión de meses que nos quisieran echar y la gente estaba muy tranquila con las palabras del antiguo administrador”, recuerda.

El caso de Mireia es igual que el de Guillermo. “Estamos en una encerrona. Nos expulsan del centro, nos obligan a pensar que es mejor pagar una hipoteca, que es más barata que un alquiler de hoy, pero yo ya sé por mi familia lo que es tener problemas con la hipoteca”, asegura. Ella trabaja en una librería en el centro, pero su sueldo no llega para un alquiler ahí. Por eso decidió compartir piso en una zona un poco más barata: Arganzuela, la nueva y suculenta golosina de los especuladores. “Sinceramente, me planteo irme de Madrid y dejar mi trabajo”, dice.

A Guillermo, un funcionario que vive con su pareja en uno de estos pisos desde hace seis años, le han llegado hasta seis burofaxes. “Hemos respondido explicando la situación. Que tenemos derecho a prorrogar nuestro contrato y que queremos que se cumpla la ley”, explica mientras muestra los documentos que quieren expulsarle.

Él, junto sus abogados, acudió a las oficinas de Urbania para reunirse con ellos representando a los inquilinos de los ocho pisos que se han propuesto resistir. “Hablan en un lenguaje de inversores al que no estás acostumbrado. Dicen que estamos pagando por debajo del precio de mercado, pero es que ni siquiera nos han ofrecido quedarnos con un aumento del alquiler”, argumenta. “Nos tratan como su fuéramos okupas, pero somos inquilinos con derechos. En este país parece que si no eres propietario no tiene derecho a nada. No somos bichos ni delincuentes, somos personas que pagan su alquiler y no dan ningún problema”, lamenta.

Posible acoso inmobiliario

Entrada al bloque de pisos en el que viven los vecinos a los que Urbania no quiere renovar el alquiler.- J. V.

“Hay vecinos a quienes los plazos les coinciden con lo previsto en la ley y no pueden hacer nada. Otros están negociando una salida a cambio de que les paguen la mudanza. Es lo único que quiere la empresa, negociar de forma individual con cada inquilino, pero nosotros sólo vamos a negociar en bloque”, explica. Aunque la suya no es la situación más complicada. Merche y Alberto, una pareja que lleva seis años allí, ni siquiera pueden pagar ya el alquiler. “Les han devuelto el último recibo”, señala Guillermo, que intuye que el mes que viene se lo harán a él. “Tememos que lo siguiente sea un acoso inmobiliario. Han dicho que van a hacer obras importantes y eso tiene muy nerviosos a los vecinos de renta antigua, que tienen más de 80 años. También nos preocupa a nosotros si conseguimos quedarnos durante el tiempo que dice la ley. Nadie quiere vivir en un sitio con obras hasta las diez de la noche”, explica resignado. Están nerviosos y alterados. “Algunos se están medicando por la ansiedad y el estrés que genera esta situación, sabemos que es una espiral que no tiene fin”, afirma.

A Magui, otra de las afectadas, se le “saltan las lágrimas de pensarlo”. Explica que su caso y el de su pareja es de los que no tiene solución. “No podemos prorrogar. Está dentro de la legalidad, pero esa legalidad es muy chunga. Organizarte tu vida en el tiempo con prórrogas de año en año te crea mucha inseguridad. Deberían revisar la ley de alquiler porque así, cada vez que hay que renovar el contrato, tienes el corazón en vilo”. Su fecha de salida es el seis de agosto. “Teníamos tiempo, al menos, para buscar. Hemos encontrado un piso en La Latina, pero es casi el doble de caro”, dice. “Preferiría quedarme en Arganzuela pero están más caros incluso. Hay un piso en alquiler justo en el edificio de enfrente. Hemos llamado por curiosidad y nos piden 1.500 euros al mes. Es intolerable”, se queja.

Otros inquilinos se plantean avanzar hacia el sur, a barrios como Usera. “Pero eso es un dilema ético. Es un efecto dominó, entrar a su juego. Sé que si alquilo un piso en ese sitio le estoy subiendo el precio del alquiler a las personas que viven ahí”, explica Guillermo, que lamenta tener que marcharse, tarde o temprano, del barrio donde vivieron sus padres y sus abuelos. “Las instituciones tiene que para esto, regular los precios del alquiler y frenar el problema de los pisos turísticos, que en lo que creemos que se va a convertir este bloque”, relata.

Público ha intentado en varias ocasiones recabar la versión de Urbania International, pero no ha sido atendido. Según la publicación sobre este bloque en su web, su “estrategia se centra en una mejora y aumento del número total de viviendas que permita un aumento unitario de las rentas por vivienda y a su vez un aumento en el número de rentas totales. La excelente ubicación, la demanda de producto en la zona y la flexibilidad en cuanto a poder albergar diferentes proyectos de negocio, representan una oportunidad de garantizar un buen retorno a la inversión”. Es el manual para echar de casa a un inquilino ejemplar.