España se incorporará en los próximos días al Convenio europeo de protección de animales de compañía, un texto que garantiza una legislación básica para el bienestar animal en los 47 estados del Consejo de Europa, al que nuestro país llega 30 años tarde.

En realidad el Convenio se aprobó en Estrasburgo en 1987 y desde entonces, 23 países lo han ratificado, casi todos entre la década de los 90 y los 2000. España lo firmó en 2015, pero su proceso de ratificación por parte del Congreso no está previsto hasta las próximas semanas.

"Lo que me parece más lamentable es que se apruebe con 30 años de retraso. Demuestra hasta qué punto estas cuestiones son secundarias en nuestro país", señana el diputado de Unidos Podemos y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde.

Entre otras cuestiones, el Convenio establece normas para la tenencia, reproducción, adquisición, adiestramiento y cría de los animales de compañía. Por ejemplo, recoge la prohibición de vender animales a los menores de 16 años sin consentimiento de sus padres o estipula que la cría, custoria y comercio de animales de compañía debe hacerse por parte de personas con los conocimientos adecuados.

Asimismo, plantea restricciones para el uso de estos animales en la publicidad, los espectáculos y los concursos, así como en los modos de sacrificio, que "deberá efectuarse con los menores sufrimientos físicos y psíquicos posibles", y prohíbe las intervenciones quirúrgicas por motivos estéticos.

Además, compromete a los estados firmantes a reducir el número de animanles vagabundos "por medios que no causen dolores, sufrimientos ni angustias vitales" y a alentar a quienes encuentren animales de compañía a ponerlo en conocimiento de las autoridades.

"Nos gustaría que fuera más ambicioso", reconoce Laura Duarte, portavoz del Partido Animalista PACMA, que en cualquier caso reconoce que supone "una herramienta para exigir a otras comunidades que adapten sus leyes de protección animal a los mínimos que dicta Europa".

Aunque España tiene leyes de protección animal más estrictas, no existe una regulación de ámbito estatal, sino que depende de cada comunidad autónoma. Para algunas, como Catalunya o Madrid, con normativas muy avanzadas, el Convenio se queda algo obsoleto; pero otras tendrán que adaptarse a él, porque supone un marco regulatorio de mayor rango. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias son algunas de las comunidades con regulaciones más laxas sobre animales.

España pide una excepción al Convenio

La ratificación del Convenio por parte de España viene además con una excepción: el Gobierno ha pedido que en nuestro país no se aplique la prohibición de la amputación de las colas de los animales con fines no curativos, según se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes.

Es una de las dos únicas excepciones a las que los países firmantes pueden acogerse para adherirse al Convenio. La otra es la que estipula un mínimo de 16 años para poder comprar animales. Otros países como Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal o República Checa también presentaron la misma excepción que España.

PACMA ha presentado este jueves en el Cocngreso una propuesta para que el resto de grupos políticos se oponga a incluir esta excepción antes de la ratificación. López de Uralde ha confirmado a este periódico que su grupo presentará una enmienda por este motivo el lunes.

"No se entiende por qué se pide esta excepción, después de todo el proceso y todo el tiempo que ha llevado", zanja López de Uralde.