En la cabeza de Antonio Troncoso, de 65 años, convaleciente de un ictus que le paralizó medio cuerpo, todavía resuenan los golpes del ariete con el que los agentes de la Policía Nacional derribaron la puerta de su casa hace dos meses para ejecutar un desahucio por impago de la hipoteca.

La misma mañana del lanzamiento, el nuevo propietario del piso, un grupo participado mayoritariamente por un fondo inversor oportunista de EEUU, lo puso a la venta mediante subasta, con una puja inicial de 217.000 euros. Pese a todo, él sigue luchando para recuperarlo.

Antonio Troncoso intentó, con la ayuda de su hijo, defender la vivienda poniendo sobre la puerta los recios tablones que iban a ser las baldas de una estantería. Pero fue inútil. Los golpes del ariete de la Policía acabaron tirando abajo la puerta que franqueaba el acceso a lo que había sido su hogar desde la construcción del inmueble, en los principios de los años 90, en una calle que conduce al Parlamento de Andalucía, muy próxima al casco histórico de Sevilla.

Antonio y su hijo, de 26 años, que se llama como él, acabaron en el suelo de su casa reducidos por las fuerzas del orden que habían ejecutado, sin aviso previo, el lanzamiento judicial que dos semanas antes habían impedido varias decenas de activistas de la Asociación Pro Derechos Humanos y otras organizaciones, pertrechados en el portal del edificio para bloquear el paso. La Policía apenas les dio tiempo para coger algunas pertenencias antes de ponerlos en la calle, sin ningún sitio a dónde ir.

El abismo que se había abierto para esta familia hace unos años, con la primera gran crisis económica del siglo XXI, se hacía esa mañana de marzo aún más profundo. De ser un empresario con muchas contratas municipales y de compañías de electricidad y telefonía para abrir calicatas en las calles de Sevilla, de haber sido un miembro de la clase media acomodada, propietario de un piso de 120 metros cuadrados en una calle donde ahora se vende a 1.848 euros cada uno de esos metros, Antonio Troncoso pasó a las deudas, a no poder hacer frente al pago de la hipoteca que amplió para financiar un proyecto que se derrumbó, a sufrir un ictus que estuvo a punto de matarle y le dejó con una pensión de invalidez mínima, y, finalmente, a quedarse en la calle, sin casa.

Las dificultades para hacer frente al pago de la vivienda no son exclusivas de esta familia, ni mucho menos. El último informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) refleja que el 14,9% de la población andaluza tuvo en 2022 retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca de la vivienda habitual, lo que supone un incremento de un 0,2% respecto al año anterior. En toda España, ese porcentaje se sitúa en un 11,6, un 1,5% inferior al que se registraba en 2021.

Y otro informe, Un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en Andalucía, elaborado por la organización Save the Children, señala que en esta comunidad autónoma, donde un 3,4% de los hogares vive en precario, se registraron el año pasado 6.252 desahucios, de los cuales 1.746 fueron lanzamientos por impago de cuotas hipotecarias y 4.506 por no abonar el alquiler. Y en la mayoría de los casos, entre el 70 y el 80%, había menores de edad afectados.

Tienen que ver a su hijo en la calle

Tras el desahucio, Antonio Troncoso y su mujer, Pilar, estuvieron cerca de un mes viviendo en una pensión cercana a la basílica de la Macarena, hasta que los servicios sociales del Ayuntamiento les asignaron un piso de emergencia social en otro barrio más alejado del centro de la ciudad, que comparten con otra familia con un niño.

Duermen en literas en una habitación de dos metros y medio de ancho por tres de largo, y no pueden ni siquiera recibir la visita de su hijo, que se ha ido a vivir a la casa de un amigo, porque – aseguran- se lo han prohibido. Tienen que bajar a la calle para verlo. "Es todo muy duro, muy duro", dice Antonio a Público.

Lo del piso de emergencia es temporal, no saben hasta cuándo podrán estar ahí; por eso, Antonio y su mujer buscan cada día una vivienda de alquiler, que en Sevilla se ha convertido en una meta inalcanzable para un pensionista que no llega a los mil euros al mes, como es su caso.

"Vemos todos los días treinta pisos, pero no somos capaces de conseguir algo. Te piden que tengas un sueldo que sea dos, tres veces lo que cuesta el alquiler, y si el alquiler es de 700, 800 euros, para mí es imposible", se lamenta.

Todo esto forma parte del abismo que se ha abierto bajo los pies de una familia que antes vivía de forma acomodada y que ahora, tras el desahucio, ni siquiera ha podido entrar en su casa para recoger las pertenencias, los muebles y demás enseres que no pudieron llevarse cuando una dotación de la Policía los puso rápidamente en la calle.

Dicha recogida se la impidieron empleados del actual propietario del piso, Coral Homes, que está participado mayoritariamente por el fondo inversor Lone Star, creado en EEUU para la compra de activos en dificultades, y de forma minoritaria por Caixabank, entidad que en 2018 pasó al grupo estadounidense casi toda su cartera de inmuebles adjudicados como pago de deudas.

Se quedaron con las lámparas y otros enseres

Los empleados de Coral Homes les dijeron, según Antonio Troncoso, que no podían entrar en el piso, que tenían que comunicarles desde la puerta qué es lo que querían recoger. Pudieron llevarse la lavadora, el frigorífico y alguna cosa más, pero se negaron, por ejemplo, a darles las lámparas.

Y así, dentro de lo que fue su hogar durante tres décadas, se quedaron muchas de sus pertenencias, entre ellas los muebles de la cocina por los que esta familia pagó "un buen dinero", se lamentan.

El piso ha sido puesto a subasta esta misma semana mediante el sistema WOW de compra inmobiliaria, al que puede acceder cualquier persona interesada, con un precio de salida de 217.000 euros, diez veces más de lo que Antonio Troncoso pagó por él hace 32 años.

La puja estará abierta hasta el próximo 6 de junio y será Servihabitat, como comercializadora de Coral Homes, la que adjudique entonces la vivienda al mejor postor que haya, además, cumplimentado los requisitos documentales exigidos para la subasta.

"Siento impotencia, mucha rabia, por todo lo que está pasando", dice Antonio a este periódico, por el que se ha enterado de que su casa había sido puesta a subasta para que se quede con ella el que más puje.

Sin embargo, la familia Troncoso ha solicitado en el juzgado que tramitó el lanzamiento de la vivienda la suspensión de la subasta hasta que se resuelva en otro juzgado el recurso que ha presentado contra la ejecución hipotecaria del piso que luego dio paso al desahucio. En el recurso se aduce un presunto incumplimiento de los plazos de alegaciones previstos en la Ley de los Contratos de Crédito Inmobiliario aprobada en 2019.

De esos recursos se ocupa el veterano abogado Francisco Tejado, militante de Izquierda Unida, que dice haber ganado otros casos similares al de la familia Troncoso, como el de una mujer de la localidad sevillana de Carmona a la que estaban a punto de desahuciar la vivienda cuando el juez acordó declarar la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria por el incumplimiento de los nuevos plazos establecidos en la mencionada ley.

La disposición transitoria tercera de esa ley, la 5/2019, establece que en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta norma para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social hubiera transcurrido el periodo de oposición de diez días previsto la Ley de Enjuiciamiento Civil.

"Las partes ejecutadas dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición", plazo que, según Tejado, no se ha respetado en el caso de la familia Troncoso para presentar alegaciones contra las cláusulas abusivas de su hipoteca.

Francisco Tejado ha insuflado esperanza a Antonio Troncoso, muy desencantado con el trabajo que hizo su anterior abogado, y le ha dado el ánimo para confiar en que aún puede recuperar su casa, pese a que ya está puesta en venta. "Le vamos a dar la vuelta a esto", asegura el abogado.

Un desahucio con dos juzgados

En este enrevesado caso intervienen dos juzgados porque uno, el de Primera Instancia número 11 de Sevilla, fue el que se encargó de la ejecución hipotecaria que adjudicó el piso a Caixabank, entidad con la que Antonio Troncoso firmó la hipoteca que no pudo terminar de pagar y banco que luego traspasó la vivienda a Building Center, que después se la entregó a Coral Homes, actual propietario.

El otro juzgado, el número 12, es el órgano judicial que dictaminó el desahucio por precario -ocupar un bien inmueble sin título-, solicitado por Coral Homes, y ordenó el lanzamiento el pasado mes de marzo.

La pelea, sin embargo, no será nada fácil. Enfrente, la familia Troncoso tiene a un grupo del que forma parte mayoritaria un fondo cuyo fundador, John Patrick Grayken, ocupa el puesto 386 en la lista de las personas más ricas del mundo, con un capital de 6.500 millones de dólares, según la revista Forbes.

A su vez, Coral Homes, que se anuncia como uno de los mayores portfolios de activos del sector inmobiliario español, con más de 70.000 inmuebles, declara que el valor de sus propiedades se acercaba a finales de 2021 a los 3.347 millones de euros.

Tal vez esta familia pueda agarrarse de forma simbólica a la letra de una canción que lleva su apellido, Señor Troncoso, uno de los temas más conocidos de Triana, el grupo sevillano que triunfó en la década de los 70 con el llamado rock andaluz. La canción termina con un estribillo que se repite varias veces: "Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser".

De momento, con lo que cuenta la familia Troncoso es con el apoyo de varias organizaciones sociales de Sevilla y del candidato de IU en las elecciones municipales de este domingo, Ismael Sánchez, que este jueves pidió, a su lado, que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en los casos en los que fondos buitres lleven a cabo desahucios abusivos.