No se rinden. Antonio Troncoso, jubilado de 65 años convaleciente de un ictus, y su mujer van a seguir peleando para recuperar el que fue su hogar en la ciudad de Sevilla durante tres décadas, un piso que se ha puesto a la venta mediante subasta tras su desahucio el pasado marzo. Han pedido al juzgado la paralización de la puja que ha iniciado el fondo inversor que se quedó con la vivienda por el impago de una hipoteca, mientras se resuelve un recurso por posible vulneración de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.

La mañana del 6 de marzo, muy temprano, Antonio Troncoso, su mujer y su hijo tuvieron que salir casi con lo puesto de la casa que él había comprado sobre plano, antes de su construcción, al principio de la década de los noventa. Sin notificación previa, una dotación del Cuerpo Nacional de Policía se presentó de improviso en la vivienda para que se ejecutara el lanzamiento que dos semanas antes habían impedido varias decenas de activistas concentrados en el portal de un edificio situado en una calle que desemboca en el Parlamento de Andalucía y muy cercana al casco histórico de Sevilla.

La misma mañana del desahucio, según la familia, colocaron en una de las ventanas de la casa un cartel anunciando su venta. Y dos meses después ha comenzado la puja mediante el denominado sistema WOW de compra inmobiliaria, al que puede acceder cualquier persona interesada, con un precio de salida de 217.000 euros, diez veces más de lo que Antonio Troncoso pagó por el piso hace 32 años. "Es un golpe bajo; me parece una putada", dice a Público Antonio, que se ha enterado por este periódico de que su casa ha salido a subasta esta semana.

La puja estará abierta hasta el próximo 6 de junio y será Servihabitat, como comercializadora del actual propietario del inmueble, Coral Homes, la que adjudique este piso de 120 metros cuadrados al mejor postor que haya cumplimentado los requisitos documentales exigidos para la subasta. El grupo Coral Homes está participado mayoritariamente por el fondo inversor Lone Star, que nació en EEUU con la compra de activos en dificultades, y de forma minoritaria por Caixabank, entidad que en 2018 traspasó al grupo estadounidense casi toda su cartera de inmuebles adjudicados como pago de deudas.

Desde el desahucio, este matrimonio ha vivido primero en una pensión y ahora en un piso de emergencia social, compartido con otra familia, que le ha concedido el ayuntamiento de Sevilla mientras consiguen otro alojamiento. El problema es que las alternativas son escasas y están lejos del alcance de sus ingresos, los 900 euros mensuales de su pensión con los que no consigue alquilar nada, por mucho que busca todos los días. "Es todo muy duro", se lamenta Antonio Troncoso.

Así que, de momento, Antonio y su mujer tendrán que seguir durmiendo en literas en una habitación de unos pocos metros cuadrados y compartiendo el resto del piso con otra familia que tiene un niño, mientras su hijo ha tenido que irse a vivir a la casa de un amigo, donde ha recibido con "indignación" la noticia de que han sacado a subasta el piso que fue su hogar desde que vino al mundo.

Una nueva batalla judicial

Sin embargo, esta familia sevillana no se da por vencida y va a emprender ahora una nueva batalla legal para intentar recuperar su casa. Este miércoles, su abogado, Francisco Tejado, ha solicitado en el juzgado de primera instancia que tramitó el lanzamiento de la vivienda que paralice de forma cautelar la subasta del inmueble hasta que se resuelva el recurso que han presentado en el juzgado que se ocupó de la ejecución hipotecaria.

Según Tejado, el recurso se basa en un incumplimiento de los plazos previstos en la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2019 reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. En esa disposición se establece que en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta norma para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social hubiera transcurrido el periodo de oposición de diez días previsto la Ley de Enjuiciamiento Civil, "las partes ejecutadas dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición". Y en otro punto precisa que "la formulación del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente".

El abogado sostiene que el juzgado no tuvo en cuenta estos plazos y omitió un trámite en el procedimiento cuando llevó a cabo la ejecución hipotecaria que dio paso al lanzamiento del piso de Antonio Troncoso, por lo que, a su entender, se habría cometido una irregularidad en el proceso del desahucio.

Además, el letrado ha anunciado que presentarán también una reclamación patrimonial contra el Estado por la "forma tan grosera" como se llevó a cabo el desahucio de esta familia con la presencia de numerosos agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Entidades sociales como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que apoyaron a la familia para tratar de evitar el lanzamiento, criticaron entonces la intervención policial. "Puede que sea legal, puesto que ya hubo un señalamiento previo con fecha y hora, pero no son las formas. Debe haber un respeto humano y no es necesario un ensañamiento, con violencia verbal y una actitud agresiva", dijo un portavoz de la organización.

Una zona "golosa" para el mercado inmobiliario

Ibán Díaz, portavoz del Punto de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) de Derechos Humanos, considera que el desahucio de la familia Troncoso y la subasta de su casa para su venta constituye "una muestra de lo desalmado que es el mercado inmobiliario y la legislación inmobiliaria" para la vida de las personas. "Los intereses inmobiliarios pasan por encima de los más débiles, sean ancianos o jóvenes", apostilla.

Según Díaz, la casa de esta familia se encuentra situado en una zona "golosa", muy próxima al casco histórico, donde el incremento constante del número de pisos turísticos genera un efecto dominó de subida del precio de la vivienda en toda la ciudad, mayor todavía en las zonas colindantes. "Estamos perdiendo entre 600 y 700 habitantes al año en el centro de Sevilla, según datos del padrón. Y esa gente tiene que ir a vivir a algún lado, y lo está pasando muy mal para conseguir un alquiler", advierte el portavoz de Derechos Humanos.

El precio medio del metro cuadrado en la calle Fray Isidoro de Sevilla donde se encuentra el piso desahuciado a la familia Troncoso se sitúa en 1.848 euros, según el portal inmobiliario Fotocasa. Servihabitat lo ha puesto a la venta con un precio inferior de partida, 1.808 euros el metro cuadrado, pero será la puja mayor la que se quede con la vivienda al finalizar la subasta.

Coral Homes se anuncia como uno de los mayores portfolios de activos del sector inmobiliario español, con más de 70.000 inmuebles distribuidos por todo el país, orientados tanto a particulares que quieran comprar inmuebles para su propio uso, como a profesionales e inversores que "busquen oportunidades de negocio". A fecha 31 de diciembre de 2021, el valor de sus activos se acercaban a los 3.347 millones de euros.

El socio mayoritario de ese grupo, Lone Star tiene su sede principal en Dallas (EEUU), donde lo fundó el empresario de origen irlandés John Patrick Grayken, que se ha situado, según la revista Forbes, en el puesto 386 de la lista de las personas más ricas del mundo, con un capital de 6,5 mil millones de dólares.

Antonio Troncoso fue también empresario, pero con mucho menos capital, centrado en su caso en la subcontrata pública, fundamentalmente en la apertura de calicatas para obras municipales y también de compañías eléctricas y telefonía. Todo le iba más o menos bien hasta que un día, cuando ya solo le quedaban 6.000 euros para terminar de pagar la casa, decidió rehipotecarla a fin de conseguir los 200.000 que necesitaba para financiar un proyecto de su empresa que se terminó yendo al traste con la crisis económica. Aquel crack fue el que le causó un ictus y posteriormente una jubilación por incapacidad laboral que le ha dejado con una pensión que no llega ni a los mil euros, por debajo del SMI.