Hoy, 17 de mayo, se conmemora la eliminación de la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, en 1990. Casi 30 años después, la LGTBIfobia todavía es una realidad muy presente en las vidas de las personas del colectivo. Sin ir más lejos, el Observatorio contra la Homofobia (OCH) ha registrado en lo que va de 2019 hasta 60 denuncias, un total de 500 incidencias en los últimos cinco años. "Es el récord desde que en 2014 se aprobó la ley", explica el presidente de la OCH, Eugeni Rodríguez, en referencia a la Ley catalana 11/2014 para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

"Objetivamente, hay un aumento respecto a los años anteriores", dice Rodríguez, quien también explica que los datos no muestran necesariamente un incremento de las agresiones, sino un incremento de las denuncias. "Esto se come gracias a unas circunstancias muy concretas que lo hacen posible: una buena acogida en los medios de las denuncias, y tener un ente cómplice, como el Observatorio, llevado por personas LGTBI", explica. Sin embargo, el activista mantiene un tono muy crítico con la administración: "El circuito oficial se utiliza mucho menos. Personarse en una acusación particular es caro. Cada vez lo podemos ofrecer menos desde el Observatorio ", explica.

Según Rodríguez, uno de los impulsores de la ley, sólo han llegado a los tribunales 10 denuncias en los cinco años que existe este marco legislativo: "La mayoría de ellas se resolvieron con multas de 300 euros y el resto son advertencias a la iglesia", explica. Es, por ejemplo, el caso del cura de Hospitalet de Llobregat que en 2017 afirmó que "la homosexualidad era un pecado gravísimo". O casos más recientes, también con mucho eco mediático, como la agresión contra el Centro LGTBI de Barcelona o las pintadas con simbología fascista a un concejal de Sant Feliu de Llobregat la semana pasada.

Sin embargo, Rodríguez critica que la Generalitat no haya impulsado una vía administrativa para aplicar sanciones que facilite la denuncia y reduzca la impunidad de estos casos. Valora positivamente los avances simbólicos desde la administración, pero cree que hay mucho más: "Aparte de tener concejalías a los ayuntamientos, hay que tener presupuesto y recursos humanos. Contar con pisos para gente joven que sufre violencia, servicios integrales de 24 horas, planes de formación para funcionarios y técnicos ... Hay que empezar a trabajar ".

Los movimientos sociales, espacio de lucha y de refugio

En esta línea, los movimientos sociales, al margen de la política institucional, siguen siendo el primer espacio donde ir por el colectivo. "La creación de organizaciones de comunidad donde se celebra la diversidad y la disidencia sexual y de género consigue hacernos una vida más habitable en un contexto social homófobo", explica Sergi Torrent, miembro de la asamblea de Maricas Azagayas. Para Torrent, la aprobación de la ley catalana fue un gran avance para "reconocer" su realidad y "el agravio de la discriminación", así como la aprobación del matrimonio igualitario, aunque considera que siguen siendo "absolutamente insuficientes": "Ahora toca dar un paso más. Ya no queremos los mismos derechos que las personas normativas. No queremos casarnos, tener hijos, comprarnos una torre en Matadepera y votar Convergencia. Queremos crear nuestras propias realidades ", explica.

Lo que define Torrent como homofobia, sin embargo, escapa de cualquier marco legislativo sancionador: "Nos coartan a tener una vida sin una salida del armario constante. En estas situaciones, nos vemos obligados a afrontar un dilema: ser sinceros, y exponernos a la violencia del interlocutor, o mentir ". Confiesa que le preocupa el acceso al mercado laboral: "Estoy buscando trabajo y siempre hay un momento en la mayoría de entrevistas que hacen preguntas que exceden mis aptitudes. También pienso si mi visibilidad como marica a través de los movimientos sociales puede suponer hacerme un obstáculo ". Y no sólo eso, también en cuestiones que afectan directamente su salud: "Las visitas médicas son esperpénticas cuando se trata de aspectos de salud sexual que se salen del 'misionero heterosexual', hasta el punto de tener que formar al profesional que te atiende ".

Sobre el eterno proceso de salida del armario o los agravios con respecto a la salud sexual también habla Alba Medrano, miembro de la asamblea "lesbofeminista" La Sal, a la vez que marca distancias como lesbiana: "La lesbofobia no se ha problematizado como tal. Quedaba englobada dentro de homofobia ", denuncia. Esta es la realidad que, precisamente, demuestra la ley catalana, que en su enumeración no incluye el concepto "lesbofobia". Sin embargo, tal y como reconocía el propio Eugeni Rodríguez, la infradenúncia que existe en el colectivo LGTBI aún es más acusada cuando se trata de casos de violencia hacia lesbianas.

"Nos encontramos con equipamientos que van muy dirigidos hacia hombres, como el mismo Observatorio. La invisibilidad de las bolleras hace que vivamos la violencia mucho hacia adentro", argumenta Medrano. Del mismo modo, y allí donde la denuncia formal no llega, el hecho de que muchas lesbianas estén organizadas al movimiento feminista da espacio a otros tipos de respuesta: "Creo que muchas veces las agresiones hacia bolleras se canalizan con la respuesta de la autodefensa feminista ". Es decir, responder por una misma o en grupo de mujeres. Situaciones como pasear de la mano con la pareja, no encontrar ningún referente lésbico en el mundo audiovisual o pedir que se sume a dinámicas de hombres heterosexuales, "como por ejemplo, cuando pretenden que entre en conversaciones de cosificación de otras mujeres".

En la sopa de letras no sólo se incluye la violencia para "disidencia sexual", como la llaman estos activistas, sino también por razones de "disidencia de género", en las que se enmarca la transfobia. "El abanico es amplísimo: desde que te hagan algún comentario por la calle, pasando porque te nieguen quién eres, que te tomen por enferma o loca, o que te hincha la cara a hostias o te maten". Habla Ruu Capilla, miembro de la Llamada LGTBI y mujer trans. "Y no sólo eso. La transfobia es un hecho estructural. Basta con mirar la tasa de paro trans en España, que ronda el 80% de la población trans ".

Para Capilla, las prioridades para combatir la transfobia contra las mujeres trans son conseguir un sistema sanitario que no las patologizar, así como instituciones y un funcionariado que no les dificulte los trámites legales. Con estos objetivos comenzó a participar de la Crida de muy joven, donde, según relata, adquirió los apoyos necesarios para iniciar su camino con 17 años. Por este motivo, Capilla valora su participación política, no sólo por sus posicionamientos, también para la seguridad y el afecto que ha encontrado en esta: "Si aún participo de esta organización, es porque somos necesarias para hacer frente al patriarcado, el capitalismo sea rosa o no, al pinkwashing y al homonacionalisme. Y también, porque  las quiero un montón".