La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado la intención del Gobierno de ampliar hasta los seis meses los permisos de padres y madres por nacimiento y cuidado del menor, actualmente de 16 semanas, y de poner en marcha una prestación por crianza de carácter universal.

"Este Ministerio con el de Igualdad vamos a trabajar para que los permisos se amplíen a los seis meses y para extender la educación infantil de 0 a 3 años en la red pública de escuelas infantiles", ha asegurado la titular de Derechos Sociales en una Jornada sobre la ley de Diversidad Familiar, que el Gobierno espera que esté lista a final de año. La ley incluye la posibilidad de que las madres que crían solas a sus hijos puedan disfrutar del permiso de maternidad y "el del otro progenitor".

Para Belarra, el Gobierno tiene "una cuenta pendiente con las familias de bebés recién nacidos" y sus problemas "para conciliar en los primeros años de vida" o para poder llevar a cabo la lactancia materna exclusiva e incorporarse al trabajo.

La ministra de Derechos Sociales ha avanzado algunos aspectos de la futura ley para proteger a todas las familias durante la inauguración, con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, del acto "Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia".

Entre ellas, el carácter universal de una prestación por crianza que incorpora la ley, que no dependerá de la cotizaciones de los padres y compatible con otras prestaciones, ha detallado Belarra. 

"Basándonos en la evidencia que es objetiva, que ya muestran las buenas prácticas internacionales, fundamentalmente europeas, pensamos que es la única forma de atajar los índices de pobreza infantil", ha subrayado. Según ha señalado, en España hay 2,3 millones de menores en riesgo de pobreza.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se ha referido además a "un permiso remunerado para el cuidado". "La ley mejora en la financiación las políticas públicas", que se verán reflejado en los presupuestos del Estado, en la línea de recomendación de la OCDE y de otros organismos internacionales, ha señalado Álvarez.

Para Belarra, la ley debe incluir "una definición de familia inclusiva", que reconozca la diversidad para que "todas las familias sean no solo legítimas, sino iguales en derechos". "Debe desarrollar mecanismos de protección a las familias LGTBI, las acogedoras, de partos múltiples y las que salen de la violencia", ha explicado la ministra. "Este reconocimiento no solo es una obligación, sino que es una urgencia y una necesidad ante la normalización de discursos de odio que son el caldo de cultivo para el repunte de la violencia machista, contra el colectivo LGTBI y contra las personas racializadas que está viviendo nuestro país", ha añadido.

Belarra ha lamentado la insuficiente inversión de España en políticas sociales de familia -un punto menos del PIB que la media europea, 11.000 millones menos- y ha apostado por alcanzar el nivel de los países de nuestro interno para "saldar la deuda del gobierno con la protección de las familias". "Este Gobierno debe ser humilde y ser consciente de lo que falta por hacer; no hemos llegado a mucha gente" con el escudo social, ha reconocido Belarra, quien ha recordado que la tasa de pobreza se dispara en el caso de un progenitor hasta el 46 %.

"Queremos con una prestación por crianza garantizar mejores condiciones de vida para avanzar contra la pobreza infantil", ha aseverado, "porque los derechos de los niños no pueden depender de la cuenta corriente de sus familias, sino que es una cuestión de estado".

El Ministerio ha recibido más de 250 aportaciones en un proceso participativo con la sociedad civil que se ha abierto en esta fase de elaboración del texto normativo, que forma parte del plan de recuperación europeo.

Descenso de la natalidad

Los nacimientos en España han descendido a "niveles no vistos desde hace varios siglos", según ha alertado el Observatorio Demográfico CEU, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.

El observatorio avisa de que la evolución demográfica de España resulta "cada vez más preocupante", con un "grave problema de falta de nacimientos y envejecimiento social que está deteriorando progresivamente su salud demográfica". Según precisa, la tasa de natalidad "insuficiente y a la baja" aboca a "una sociedad muy envejecida, con pérdida continua de población española".

El Observatorio, liderado por el político, economista y demógrafo Joaquín Leguina Herrán, en coordinación con el ingeniero, consultor y analista demográfico Alejandro Macarrón Larumbe, considera preocupantes datos como que el índice sintético de fecundidad se situó en 2020 por debajo de 1,20 hijos por mujer, "más de un 40% inferior al nivel de reemplazo".

Según añade, en 1858 (primer año en el que hay estadísticas modernas de nacimientos en España) se estima que nacieron unos 546.000 niños, cuando la población era de unos 15,5 millones de habitantes, mientras que "las cifras actuales indican que los nacimientos rozaron los 340.000 en 2020 para una población de 47,35 millones de personas".

Además, advierte de que "todas las previsiones apuntan a una disminución del número medio de personas por hogar". Según indica, "un 30% de los menores de 25 años en España viven sin ningún hermano, y solo el 20% de los menores de 25 años conviven con dos hermanos o más".

Cambio cultural pro-natalidad y pro-familia

Desde el Observatorio señalan que la solución pasa por "propiciar un gran cambio cultural pro-natalidad y pro-familia de los valores sociales mayoritarios, en relación con estas cuestiones". "Si la gran mayoría de la gente no quiere tener más hijos, formar familias estables para concebirlos y criarlos, y todo ello a edades más tempranas que en las últimas dos o tres décadas, por más incentivos económicos que se den a la natalidad --en todo caso deseables, y muy insuficientes actualmente en España--, poco se conseguirá", apuntan.

A esta situación no ayuda, según indican, la tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. El informe 'Demografía y mercado laboral en España' recoge un "notable crecimiento en el envejecimiento de la fuerza laboral española, principalmente debido a la caída de los nacimientos experimentada desde 1976, en paralelo al envejecimiento general de la población española".

Por ello, el Observatorio subraya la necesidad de emprender políticas que mejoren la situación de los jóvenes, tanto "en el mercado laboral, reduciendo la precariedad y contribuyendo al alza de los salarios" como "en el acceso a la vivienda".