El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Junta de Extremadura para impedir la demolición de la urbanización de lujo en la Isla de Valdecañas, en Cáceres. El complejo está asentado en plena zona Red Natura 2000, en mitad del cauce del río Tajo, y se ha convertido en una de las construcciones más polémicas del país.

"Las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias [las cuales piden la demolición], cuando nuestra sentencia de 9 de febrero de 2022 expresamente declara que no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole".

La magistrada informa que su decisión no es recurrible y asegura que "no resulta pertinente reabrir un debate que se cerró en las sentencias de cuya ejecución se trata". 

Ecologistas en Acción celebra la decisión y considera que, tras la resolución del Supremo, se cierra un periplo judicial que se remonta al año 2009. El paso "lógico", dicen desde la organización conservacionista, es la orden de demolición inmediata de la urbanización ilegal. 

Con esta resolución firma, la Junta y las empresas promotoras deberían iniciar la demolición y renaturalización del entramado urbano cuyas obras no estaban concluidas. Respecto a la parte de la isla que ya está completamente urbanizada, el Supremo dictaminó también su demolición, pero el Constitucional admitió un recurso que todavía debe resolverse.

La organización, además, pide a la Junta de Extremadura que pida disculpas por lo que consideran una "nefasta y cuasiprevaricadora gestión del asunto", llegando a "promover una ley para intentar sortear el cumplimiento de las sentencias".