Una jueza ha ratificado la sanción de 90.001 euros interpuesta a un agente de la propiedad inmobiliaria por un anuncio de un piso en alquiler en el que se incluía como requisito tener la nacionalidad española. La multa la impuso el Ayuntamiento de Barcelona por vulnerar la Ley Catalana del Derecho a la Vivienda.

Esta sentencia es la primera en España que sale adelante aplicando la multa y condenando así la discriminación racista en el acceso a la vivienda en ejercicio de la tutela administrativa.

La Oficina de No Discriminación de Barcelona (OND), un observatorio del Ayuntamiento de Barcelona que recoge las denuncias de la ciudadanía en esta materia, tuvo conocimiento en octubre de 2019 de este caso a través de un ciudadano. Este advertía de un anuncio publicado en el portal Idealista en la que se explicitaba que el potencial inquilino del piso ofertado tenía que ser una "persona española".

La OND transmitió el expediente a la Unidad de Disciplina y Antiacoso Inmobiliario del Ayuntamiento tras analizar la denuncia. La institución abrió un expediente sancionador contra los anunciantes, agentes de la propiedad inmobiliaria y el portal Idealista implicados. El motivo fue que la oferta excluía del acceso a la vivienda a un colectivo de personas por razón de origen, contraviniendo la ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la Vivienda.

En marzo de 2020, el Ayuntamiento comunicó al agente la sanción por vulnerar la legislación vigente en Catalunya y contravenir la ley internacional y europea en materia de derechos humanos. Este recurrió la sanción al juzgado contencioso-administrativo, que acaba de ratificar la multa municipal. El tribunal no se ha pronunciado sobre las otras partes denunciadas.

La discriminación por razón de origen, algo "estructural"

El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha denunciado que la discriminación en el acceso a la vivienda es "un problema estructural". El político ha lamentado que las personas extranjeras "se encuentran ante una auténtica yincana a la hora de poder alquilar un piso, aunque tengan las posibilidades económicas".

Serra ha indicado que "normalmente el problema de origen es la propiedad", y ha explicado que el objetivo del consistorio es "visibilizar esta problemática y trabajar en el ámbito de la prevención", no "poner sanciones".

En 2021 hubo 54 casos denunciados por exclusión habitacional y vulneración del derecho a la vivienda, según los datos del informe de la OND. "Aunque las discriminaciones en este ámbito afectan a prácticamente todos los ejes de discriminación de forma transversal, hay personas y colectivos especialmente vulnerables", afirma el Observatorio. La población gitana de Barcelona es una de las más afectadas por esta discriminación, como denuncia la Fundación Secretariado Gitano.