El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha iniciado actuaciones legales a raíz de la demanda presentada por una soldado transgénero del Ejército de Tierra. La demandante denuncia a su acuartelamiento y al Ministerio de Defensa por presunta discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales.

Según el abogado de la soldado, José Antonio Sires, esta acción judicial se fundamenta en la negativa a permitirle, entre otras cosas, el acceso a los baños de mujeres después de haberse registrado legalmente como mujer en el Registro Civil.

El TSJA ha notificado a las partes involucradas sobre la apertura de las actuaciones judiciales y ha solicitado la presentación de la documentación pertinente en un plazo de cinco días hábiles. La soldado, respaldada por la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, reclama la protección de sus derechos fundamentales y busca una indemnización por daños y perjuicios.

En su demanda, se hace referencia al artículo 14 de la Constitución española, que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Además, se menciona el artículo 18.1, que protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

La respuesta inicial del cuartel ante la solicitud de la soldado incluía la asignación de una zona de vestuario en el Alojamiento Logístico Femenino de Tropa, señalando que esto resolvería temporalmente la situación. Sin embargo, el abogado considera que estas medidas son insuficientes y continúan limitando el acceso de su cliente a instalaciones adecuadas según su identidad de género.

El letrado argumenta que restringir el acceso a las instalaciones del acuartelamiento con base en su identidad de género vulnera las garantías constitucionales de igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral, según lo establecido por la legislación conocida como ley trans.

Hasta el momento, el proceso judicial ha incluido un requerimiento dirigido a la autoridad militar competente para rectificar las medidas provisionales que limitaban el acceso a los baños de mujeres a ciertas horas para la soldado.