El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, de este lunes, acusado de integrar una trama con agentes para obtener datos reservados, ha quedado visto para sentencia y la Fiscalía ha incidido en la culpabilidad de los procesados y en que el joven era "el jefe de todos".

Por su parte, el Pequeño Nicolás ha dicho que el inspector de Policía que ha llevado su investigación mantiene una "enemistad manifiesta" contra él. Según el Pequeño Nicolás el inspector obtuvo datos irregularmente y que, tras nueve años de procesos judiciales desde su detención en 2014, ya acumula condenas que suman más de ocho años de cárcel.

"Este es el último juicio que tengo, y si no lo digo ahora no lo digo nunca", ha afirmado el acusado en la Sala del juzgado. Ya han dejado visto para sentencia el juicio a Gómez Iglesias y a otros cuatro procesados por supuestamente integrar una trama en la que el joven pagaba a los agentes y a un cargo municipal para conseguir datos reservados, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno.

Junto al Pequeño Nicolás se han sentado en el banquillo tres policías municipales de Madrid, un guardia civil que estaba entonces en la Casa Real y el que era coordinador de Seguridad del Consistorio madrileño, Emilio García Grande. Pero el pasado viernes la acusación popular y particular retiraron la imputación contra el agente municipal J.L.G.C., que quedó así exonerado.

La Fiscalía ratifica la petición del Pequeño Nicolás  

La Fiscalía ha ratificado su petición de nueve años y nueve meses para Gómez Iglesias -la más alta en los cinco juicios que ha encarado-, y ha mantenido también las del resto. Han argumentando que el joven pedía datos a cambio de "gratificaciones", ya que en un chat con dos agentes compartían frases como "menú del día, ensalada de huerta con rábanos morados" para referirse al pago en billetes.

"Quien la inició, quien era el jefe de todos ellos, era sin duda Francisco Nicolás Gómez Iglesias", ha dicho el fiscal sobre la trama, afirmando que "más le habría valido dedicarse a estudiar una carrera".

El fiscal ha defendido la validez del registro en la casa del Pequeño Nicolás y del resto de diligencias, frente a la nulidad que solicitan las defensas: "Hubo control judicial en todo momento". En la misma línea, la letrada del Ayuntamiento ha dicho que "el señor Nicolás ejercía la superior dirección" de la trama.

La acusación ha pedido diez años de prisión para Gómez Iglesias; cinco años para el exresponsable municipal y entre cinco años y ocho años para los agentes. Pero ha modificado las penas rebajando la del guardia civil y la de García Grande, en el que no ve delito de cohecho.

La acusación que ejerce la Asociación de Policía Municipal (APMU) también ha rebajado las penas que pedía al considerar que el Pequeño Nicolás es inductor de los delitos -no autor-, que el delito de organización criminal queda en grupo criminal y que García Grande no incurrió en cohecho.

El letrado defiende la validez de la instrucción judicial

Su letrado, Alejandro Barciela, ha defendido la validez de toda la instrucción judicial y ha relatado cómo funcionaba la trama. En cambio las defensas de los procesados han coincidido en pedir su absolución porque, primero, el auto de registro del piso del Pequeño Nicolás es nulo, lo que invalidaría todo el proceso. Además, los delitos no se han acreditado y nadie ha denunciado.

El letrado de Gómez Iglesias, Juan Carlos Navarro, ha sostenido que se invadieron tres derechos fundamentales de su defendido, en una investigación prospectiva. Ha subrayado que al joven, sin ser peligroso para el Estado, le seguían agentes del CNI y del Asuntos Internos, de modo que "a nadie se le escapa que intervenir de esa forma y quedarse en custodia su móvil es porque estaban investigando algo más".

Ha solicitado que, si el joven es condenado, se apliquen la atenuante de dilaciones indebidas y alteración psíquica. Los otros procesados han argumentado que fueron engañados por el Pequeño Nicolás y la letrada de Jorge G.H., Sylvia Córdoba, ha solicitado la condena en costas a las acusaciones por temeridad y mala fe.