La juez que instruye el caso de la devolución irregular de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021 ha dictaminado este viernes continuar el procedimiento abierto a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, destituida el pasado mes de octubre, y la consejera de Presidencia, Mabel Deu (PP), al entender que ambas habrían cometido un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, la exdelegada del Gobierno en concepto de autora directa y Mabel Deu como cooperadora necesaria.

La magistrada entiende que el procedimiento de repatriación de los menores no fue el correcto, entre otras razones por prescindir de la "preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores". La magistrada considera que, de la instrucción practicada, resulta que las dos investigadas "actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción" de la normativa al respecto.

Las dos investigadas "desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de intérprete, se prescindió del trámite previo de audiencia del Ministerio Fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución, que era la finalidad perseguida.

La juez añade que, "como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo hispano marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso, habiéndose producido en algunos casos el nuevo acceso subrepticio a nuestro país de menores", citando el caso concreto de tres ellos, aunque al menos son seis los deportados que han conseguido retornar a territorio español. 

"Con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad", prosigue la magistrada.

La jueza añade que "ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales". 

Además de a las dos procesadas, la jueza ha oído durante la instrucción del caso a la jefa del Área de Menores de Ceuta que alertó en reiteradas ocasiones de que se estaba violando la normativa nacional e internacional, a un inspector de la Policía Nacional, a una abogada del Estado, al secretario general de la Delegación y a dos de los niños devueltos que han logrado volver a Ceuta. Entre las testificales que ha rechazado están las del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP).

Ahora, la instructora acuerda dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares, a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.