María Isabel Deu, vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, acudió a su cita con el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad arropada por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP). Su apoyo es lo mínimo que puede darle a su número dos, que se enfrenta a una denuncia de la Fiscalía por un delito continuado de prevaricación. Todo se debe a las ilegales devoluciones a Marruecos de decenas de menores no acompañados el pasado verano. Habían pasado tres meses desde aquella crisis fronteriza y diplomática con Marruecos que dejó Ceuta regada de personas —más de mil de ellos, niños solos— que cruzaron irregularmente los espigones con la complacencia del reino alauí.

Vivas ya ha intentado exculpar en varias ocasiones a Deu, también consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de Ceuta. "Si hay algún responsable soy yo. Yo insté la aplicación del acuerdo con Marruecos, yo estaba perfectamente informado de las actuaciones que se estaban llevando a cabo y yo autoricé todas las actuaciones", dijo el pasado junio, cuando se conoció la imputación de Deu.

"Nos equivocamos de buena fe", añadía vivas. Pero el sumario del caso de esas devoluciones indica que no hubo error, sino que el Gobierno ceutí y también el central eran plenamente conscientes de que el proceso de devolución que se empezó a aplicar con más de 50 menores devueltos en pleno fin de semana de agosto no se ajustaba en nada a lo estipulado en la ley.

Así lo reconoció la responsable de infancia de la ciudad autónoma, Antonia Palomo, que advirtió a la Fiscalía en un correo de que el procedimiento que estaban a punto de poner en marcha no era "acorde a la legislación nacional, europea e internacional". Aún así se hizo, hasta que varias ONG lograron que una jueza las paralizara cautelarmente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que viajar a Ceuta aquel agosto para reunirse de urgencia con Vivas y buscar un "plan b" al procedimiento que, en realidad, había sido urdido por el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Más de un año después de la crisis, la mayoría de menores no acompañados que entraron en Ceuta ya no están, pero las consecuencias de la gestión de aquella graves crisis siguen muy presentantes, tanto para Deu como para la Delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateo. También debería haber declarado como investigada, pero ayer se acordó aplazar su comparecencia por problemas de salud .

Deu ha declarado sola, durante unos 90 minutos en los que, según ha dicho brevemente a la prensa, se ha reafirmado en sus palabras ante la Fiscalía durante la instrucción, el pasado diciembre. Las cosas se hicieron así por la situación de emergencia generada y porque se contaba con el visto bueno del Gobierno central, con quien mantenía contacto a través del Ministerio del Interior (que fue quien negoció con Marruecos las devoluciones y dio luz verde a que se iniciaran los retornos de niños), a los de Inclusión, Emergencia Social y la Vicepresidencia, detentada entonces por Carmen Calvo.

Todo el mundo estaba al tanto y a todos les pareció bien hacer caso omiso del complejo y garantista procedimiento de repatriación de menores extranjeros no acompañados que dicta la Ley de Extranjería. No cabían tantos menores en desamparo en un ciudad con tan poco recursos. Y era cierto, pero el proceso no cumplió ninguno de los puntos estipulados por la ley; ni siquiera con el acuerdo bilateral de repatriación invocado para el efecto, que nunca se había utilizado desde que se firmó en 2013 y que indicaba claramente que cualquier retorno de menores debía cumplir la ley española, las normas y principios del derecho internacional y de la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas.

"Todo lo decidía el Gobierno"

La vicepresidenta ceutí no ha respondido a las preguntas de las acusaciones populares, según ha asegurando Rafael Escudero, director de la oscura Red Española de Inmigración, que se sumó a la denuncia de la asociación L'Escola AC, que dio pie a la investigación de la Fiscalía.

Según Escudero, Deu ha insistido en que "todo lo decidía el Gobierno" central y que la vicepresidenta ceutí ha dejado constancia de las comunicaciones llevadas a cabo tanto telefónicamente como a través de correos electrónicos y WhatsApp, las cuales ha puesto en conocimiento del juez.

Este "es un procedimiento penal, no administrativo, y tienen responsabilidad quien que tutelaba [en relación al Gobierno ceutí] y el que debería haber seguido el procedimiento [en referencia al Gobierno central]", ha añadido Escudero.

Es posible que la declaración de la delegada del Gobierno en Ceuta se produzca la próxima semana. Hasta entonces no se sabrá su la jueza instructora aceptará la comparecencia de otros testigos implicados en las repatriaciones que ha solicitado el Ministerio de Público. En concreto, las comparecencias del jefe de Gabinete y del secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Juan Hernández e Ismael Kasrou; de la jefa de Menores de la Ciudad, Antonia Palomo; del director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; de la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid [quienes recurrieron y paralizaron las devoluciones en agosto de 2021]; del inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera en el momento de las expulsiones, y de la entonces coordinadora de la ONG SAMU, que realizaba entrevistas a los menores alojados en el polideportivo 'Santa Amelia', entre los que se escogió a los más de 50 menores devueltos.

Tanto Mateo como Deu insistieron en sus declaraciones en fase de instrucción en que se habían realizado las entrevistas y los informes individuales de los menores, necesarios para emprender el proceso de devolución, algo para lo que contrataron a la ONG Save The Children, entre otras.

Sin embargo, los informes realizados por esta organización solo eran un primer sondeo que debía ayudar al área de Menores de Ceuta y a la Delegación del Gobierno para definir cuál era el interés superior de cada menor. No obstante, la delegada del Gobierno siempre manifestó públicamente que lo mejor para los niños era regresar con sus familias, algo que Marruecos había garantizado que ocurriría en caso de devolución.

Según los informes de Save The Children, la mayoría de los casos estudiados presentaban perfiles vulnerables para los que no era recomendable la repatriación. Entre ellos, había numerosos casos de violencia física, abusos o malos tratos, persecución por orientación sexual, matrimonio forzoso y rechazo de la propia familia.