Mientras los precios de los alquileres siguen aumentando en España, la ola de desahucios no cesa. Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, cada día se producen más de 82 desahucios diarios en España. Este miércoles, Zohra, su marido y su hijo menor de edad podrían haber sido desalojados de su casa, a pesar de ser una familia vulnerable y estar protegidos por el Real Decreto vigente contra el desahucio.

El juez optó por no suspender el desahucio, argumentando que Zohra no pudo demostrar la propiedad de 27 viviendas por parte de su arrendador. No obstante, se presentó documentación que confirma que el propietario posee un bloque de viviendas en Lavapiés, además de varias propiedades adicionales. Finalmente, el desalojo se ha pospuesto dos semanas debido a la falta de una alternativa habitacional para Zohra, según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid a Público.

El sindicato asegura que Zohra y su familia han estado viviendo en condiciones lamentables: la vivienda sufre de una alta humedad, plagas de chinches y cucarachas, así como problemas estructurales como techos que amenazan con derrumbarse y filtraciones de agua procedentes del baño de los vecinos de arriba. Estas condiciones han afectado la salud de Zohra y su hijo, quienes han padecido problemas respiratorios durante casi dos años.

Sin agua caliente durante meses

El propietario, quien posee 27 apartamentos y reside en Tenerife, dispone de los medios necesarios para reparar el edificio, pero ha optado por no hacerlo, declara el sindicato. "Todo el edificio, propiedad del mismo dueño, enfrenta problemas similares, con cada unidad en mal estado. A pesar de esto, el propietario se ha negado a realizar las reparaciones necesarias y ha dejado a Zohra y a otros inquilinos sin agua caliente durante meses", cuentan.

Zohra y su familia subsisten con una pensión y un ingreso mínimo vital. "En la actualidad, los precios de los alquileres ascienden a 1.400 euros mensuales, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones inalcanzables para Zohra debido a su situación económica y de salud", explican desde el Sindicato. Aunque lleva más de un año solicitando una vivienda alternativa a los Servicios Sociales, las administraciones no han respondido, y Zohra enfrenta dentro de dos semanas su desahucio.

El caso de Zohra no es aislado. Según el sindicato, se observa un creciente número de jueces, como Roberto Fernández Muñoz, del juzgado de primera instancia número 70, que optan por no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, "tomando decisiones deliberadas y sin justificación en favor del rentismo". Consideran que esta tendencia refleja una clara desconexión entre las necesidades de las personas vulnerables y las decisiones judiciales.