El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 2 de Granada no ha admitido las medidas de protección para los hijos de Juana Rivas que ha pedido el Centro de Información a la Mujer de Maracena, al haberlas formalizado su asesora, Francisca Granados, que no ejerce de abogada de la madre de los dos niños.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de la decisión de este juzgado, que ha rechazado las peticiones que presentó ayer la asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados.

El alto tribunal ha apuntado que la inadmisión responde a que las medidas para proteger a los dos hijos de Juana Rivas, de tres y once años y que están desde el pasado lunes con su padre, el italiano Francesco Arcuri, las ha presentado Granados, que no es la abogada de la madre.

Las mismas fuentes han explicado que este mismo juzgado se ha encargado de clarificar qué abogado ejercerá desde ahora la defensa de Juana Rivas, ya que había varios personados en su nombre frente a lo que marca la ley.

Su titular ha trasladado además a la Fiscalía la petición de reabrir la causa por la denuncia de malos tratos que presentó esta vecina de Maracena en 2016, cuando se trasladó con los dos hijos de Italia a España, y que según su asesora era una ratificación y ampliación de la denuncia inicial.

El TSJA ha reiterado que la denuncia de 2016 ya se ha trasladado al tribunal competente y la resolverá la justicia italiana, y ha añadido que, cuando se cumplan los trámites legales, el juzgado resolverá sobre la posible reapertura de la denuncia.

Según ha informado hoy el Ayuntamiento de Maracena en un comunicado, el Centro de Información de la Mujer de esta localidad, que ha asesorado a Rivas desde junio de 2016, había pedido en su escrito que se adoptaran medidas de protección en defensa del interés de los dos menores.

Francisca Granados ha detallado esta mañana a preguntas de los periodistas, tras su citación como investigada en la causa penal contra Juana Rivas, que con la petición, cuyos términos no ha especificado, mantienen su labor de defender los intereses de los menores